En un riguroso informe de Alejandro Pozo aparecido recientemente sobre las relaciones militares entre España e Israel titulado "España-Israel. Relaciones en materia militar, armamentista y de seguridad. Balance y tendencias", queda patente el relevante y creciente intercambio de armas y tecnología militar entre ambos estados. En los últimos catorce años, España ha exportado armas y material de doble uso -que muy probablemente se convierta en armas a su llegada- a Israel por un valor que ronda los 35 millones de euros. Además, España ha importado misiles y aviones no tripulados (utilizados por España en Afganistán) con un coste superior a 340 millones de euros. Por si esto no fuera poco, se calcula que las colaboraciones entre empresas armamentísticas de ambos países puede alcanzar los 50 millones de euros anuales. Quede dicho que las empresas españolas involucradas en relaciones militares con Israel son Indra, Amper, EADS-CASA, Santa Bárbara, Tecnobit o Telefónica, entre otras. Cuando el Gobierno califica como insignificantes las relaciones militares con un país que mantiene una ocupación ilegal en Palestina, que bombardea a la población civil y que posee armamento nuclear, no nos queda otra opción que la indignación. Pero no son relaciones empresariales reprobables desde un punto de vista ético, sino que además, en lo que se refiere al ámbito legislativo, las exportaciones de material militar a Israel violan de manera flagrante varios de los criterios del Código de Conducta de Exportación de Armas que, recordemos, son vinculantes en la legislación española. Pero, ¿quién es responsable de tal despropósito? Tanto el PP como el PSOE han mantenido políticas similares en este sentido. Desgraciadamente, ante los intereses del negocio de las armas no caben leyes, ni ideologías que seguir.