En relación a la muy de moda RSC (Responsabilidad Social Corporativa), es necesario hacer un análisis más amplio de las prácticas de quienes dicen aplicarla, para comprobar que aún queda mucho trecho para que nuestras empresas y, en concreto, las entidades financieras españolas, sean socialmente responsables. Sirva de ejemplo la controversia que pueden generar sus vinculaciones con el negocio de las armas.

Las empresas del sector armamentístico no son una excepción en la economía actual y necesitan del apoyo financiero de los bancos y cajas para poder desarrollar su negocio y realizar nuevas inversiones. El nivel de endeudamiento de alguna de estas empresas ronda fácilmente el 100%. Son empresas, por tanto, dependientes del apoyo del sector financiero, sin el que no podrían mantener su ritmo de producción y de crecimiento actual. La financiación de las empresas de armas se realiza a través de cinco mecanismos principales: la financiación de las exportaciones, la concesión de créditos, la emisión de bonos y pagarés, la gestión e intermediación en fondos de inversión en los que existen participaciones de empresas armamentísticas y la participación accionarial directa o indirecta.

Por lo que se refiere a la financiación de las exportaciones, encontramos poca información. Pero cuando hemos tenido acceso a ella, como es el caso de la financiación de las exportaciones de armas italianas, –un informe anual de su ministerio de economía indica el nombre de la entidad financiera que ha financiado ventas de armas italianas al exterior–, encontramos que los dos principales bancos españoles aparecían como financiadores de exportaciones de armamento. Si tuviéramos un informe en España sobre quién financia a las exportaciones de armamento españolas, de buen seguro que encontraríamos éstos y muchos otros que por falta de transparencia no pueden ser identificados.

En relación a los créditos, los dos principales bancos españoles han concedido más de 1.500 millones de euros a empresas de armas del ámbito del Pentágono de EEUU, es decir, aquellas que fabrican gran parte de las armas que hoy se están utilizando en Afganistán o Irak. Destaca el crédito de 18 entidades financieras al grupo Maxamcorp Holding SL, propietaria del 100% de Explosivos Alaveses S.A (Expal), una de las empresas de armas con menos escrúpulos del Estado español, que ha fabricado –hasta que se lo han prohibido por ley–  minas antipersonal y bombas de racimo, armas que causan y han causado miles víctimas civiles. Además, sabemos que diez conocidas entidades financieras le concedieron préstamos por un valor cercano a los 12 millones de euros a Instalaza, la empresa que le vendió bombas de racimo a Gadafi meses antes de ser prohibidas en España, que Humans Right Watch demostró que fueron utilizadas contra los rebeldes en el reciente conflicto armado libio.

Destacan también los dos grandes bancos españoles en la emisión de bonos y pagarés de algunas de las empresas de armamento más controvertido del mundo. Por lo que respecta a los fondos de inversión, debemos prestar especial atención a cincuenta fondos de los dos gigantes españoles directamente relacionados con el negocio de las armas. Las vinculaciones accionariales entre las entidades financieras y las empresas de armamento son de gran relevancia por dos aspectos fundamentales. Primero, porque la posesión de acciones supone tener parte de la propiedad y, por tanto, capacidad de decisión, en las empresas de armamento. Segundo, porque al comprar y mantener acciones de una empresa estamos ayudando a su financiación ya que es una práctica habitual la captación de fondos por parte de las empresas mediante ampliaciones de capital. Prácticamente todos los grupos bancarios españoles, surgidos de las recientes fusiones, tienen participaciones en el sector militar. Aunque la mayor parte de las empresas de las que los bancos españoles tienen cierto control, están dedicadas al ámbito tecnológico y electrónico de la guerra (tan necesaria para hacer la guerra como las bombas y las balas), también podemos encontrar participaciones  indirectas en fabricantes de misiles.

En este marco, se está extendiendo cada vez con más fuerza la RSC, de la que hacen gala muchas de las entidades financieras españolas. Muchas de ellas ofrecen, al tiempo que invierten en armas, fondos tildados de solidarios o socialmente responsables. Incluso hay quien dice tener una política propia de control de sus relaciones con el sector armamentístico. De nuestro análisis de estas políticas y de los departamentos de RSC podemos concluir que son insuficientes y que tienen tan solo el objetivo de maquillar una imagen cada vez más deteriorada de los bancos en la opinión pública española. Los departamentos de RSC de los bancos son reactivos, solo responden a las denuncias que con dificultades pueden hacerse desde la sociedad civil. La RSC de estos bancos es mero márketing social. Identifica el nuevo nicho de mercado que conforman consumidores y consumidoras conscientes e intenta que el banco en cuestión sea atractivo a los ojos de este mercado en crecimiento. Porque si sus intenciones fuesen sinceras, no financiarían la producción armamentística, un sector del que no hay que explicar los devastadores efectos que tiene sobre las personas, algo socialmente muy poco responsable.