En el Foro Social Mundial surgió una convocatoria unitaria para que entre los días 28 de marzo y 4 de abril, salgamos a las calles para protestar contra el capitalismo y la guerra y decir que no vamos a pagar por una crisis que no es nuestra.
La convocatoria de la semana de movilización está marcada por tres grandes momentos: el 28 de marzo, cuando ya hubo multitudinarias movilizaciones por la cumbre del G-20 en Londres; el 30 de marzo, que habrá movilizaciones contra la guerra y la crisis y por solidaridad con el pueblo palestino (esta fecha marca el Día de la Tierra Palestina y recuerda uno de las masacres llevadas a cabo por Israel contra los palestinos ,en Galilea, en el 1976); y el 4 de abril, cuando se celebrará el 60 aniversario de la OTAN, en Baden-Baden y Kehl, en Alemania, y en Estrasburgo, en Francia.
En Europa, los movimientos estarán concentrados especialmente en las acciones de Londres y Estrasburgo, aunque también habrá protestas en Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Estado español, Estados Unidos, Francia, Grecia, Países Bajos, India, Italia, Noruega, Pakistán, Québec, Kenia y Reino Unido.
Frente a las falsas soluciones presentadas por empresas, bancos y gobiernos para salir de la crisis -como despidos, privatizaciones de servicios públicos, recursos naturales y energéticos, que no hacen más que socializar las pérdidas-, los movimientos se posicionan exigiendo medidas como la nacionalización de la banca -sin indemnización y bajo control social-, la reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario, la soberanía alimentaría y energética, el fin de las guerras, retirar las tropas de ocupación y desmantelar las bases militares extranjeras, reconocer la soberanía y autonomía de los pueblos -garantizando el derecho a la autodeterminación-, garantizar el derecho a la tierra, territorio, trabajo, educación y salud para todas y todos o democratizar los medios de comunicación y de conocimiento.
Tenemos dos opciones, no hacer nada, seguir paralizados y dejar que los del FMI, BM, G-20, OTAN y demás siglas de poder, decidan sobre nuestras vidas sin contestación alguna; o podemos salir a la calle y exigir cambios reales que vayan dirigidos a quien sufre la crisis y las dinámicas del capitalismo más salvaje que hemos conocido. Nosotros nos vamos a Estrasburgo a protestar contra la OTAN. ¿Te vienes?
La manifestación de anoche, en Barcelona, convocada por los estudiantes y gestionada con tremendo éxito por ellos mismos, ha sido pacífica, alegre, llena de sorpresas y toda una lección de cómo las condiciones en que se celebra una manifestación pueden hacer que la misma acabe por derroteros violentos, o pacíficos, como ha ocurrido en este caso. Ha sido una manifestación pacífica porque el ambiente así lo ha requerido. Por una parte, los mossos no han estado presentes más que en la lejanía. En gran parte porque, ante la negativa de las autoridades de permitir que los manifestantes pasaran por las ramblas, el dispositivo de seguridad, las vallas y las furgonetas policiales, quedaron atrás, y los estudiantes, muy inteligentemente, improvisaron un recorrido hacia la zona opuesta a la inicialmente prevista. La mentalización y las órdenes de los mossos eran claramente de evitar la provocación, y así lo hicieron. La de los estudiantes era la de demostrar que lo ocurrido el pasado miércoles no fue culpa de ellos, sino de los mossos. Y lo demostraron. Evidente fue también que cuando la voluntad política es que se vean garantizado el derecho a manifestarse pacíficamente, los ciudadanos responden. Ha llamado la atención el apoyo y comprensión que han recibido los manifestantes de automovilistas y vecinos que curiosos se asomaban a mirar e incluso a aplaudir a los más de 5.000 manifestantes.Esta noche nos hemos dado un baño de civismo, en el que se ha demostrado que otra policía, con la voluntad política necesaria, es posible; y que los estudiantes antibolonia no son los ogros que nos hacen creer que son. Ahora no hay excusas para no escucharles. Que tome nota el rector que ordenó su desalojo por la fuerza.
El pasado 13 de marzo, la policía brasileña reprimió con gases lacrimógenos una manifestación pacífica de los afectados por el complejo del río Madeira. Los manifestantes protestaban por la construcción de gigantes presas hidroeléctricas, que tendrán graves efectos sobre la población y el medioambiente de la Amazonía. Una multinacional española, el Banco Santander, está implicada en tal proyecto, haciendo lo que mejor sabe, financiarlo. Un proyecto de tales magnitudes no es posible de llevar a cabo sin financiación. Así pues, el Banco Santander está haciendo posible este proyecto, así como que las poblaciones de esta zona amazónica y el entorno natural se vea gravemente afectado.
La población del rio Madeira, organizada, con el apoyo de un buen número de organizaciones españolas (Ecologistas en acción, OMAL, Entrepobles, Setem, Veterinarios sin Fronteras y ODG, entre otras), le piden al gobierno brasileño que detenga las obras y comience a buscar, junto con los afectados, alternativas al modelo energético promovido en la región amazónica, que hoy por hoy sólo beneficia a las empresas involucradas en la construcción de las presas.
El Banco Santader afirma, por su parte, que está llevando a cabo un estudio sobre el impacto ambiental i social de una de las represas, que según su resultado puede hacer que decidan cancelar su financiación. El problema es que al Banco Santander parece que este estudio no le corre prisa.
Mucha represión policial estamos encontrando últimamente en las noticias, algunas más visibles y otras menos. En la que hoy nos ocupa aparece el nombre de una gran empresa. ¿Habrá alguna detrás de la represión policial contra los estudiantes anti-Bolonia?
Las propuestas legislativas del gobierno socialista sobre inmigración, que podemos encontrar en el proyecto de Reforma de la Ley sobre Derechos y libertades de los Extranjeros en España, olvidan nuevamente que los y las inmigrantes son personas, iguales en dignidad y derechos que aquellos que tenemos la suerte de tener un DNI en el que pone “España”.
La propuesta de Corbacho, tildado de experto en materia de inmigración, pero que indudablemente no lo es en aspectos humanitarios -a tenor de sus propuestas-, ha hecho que sean muchas las voces que están alzándose contra tales medidas, propias también de otros tiempos (como las cargas policiales de la semana pasada en Barcelona). Entre otras medidas, el gobierno de Zapatero pretende aumentar de 40 días a 60 días el periodo máximo de internamiento de una persona inmigrante, por la única razón de no tener papeles, y amplía los supuestos de internamiento, limitando así el derecho fundamental a la libertad y vulnerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 13). Además, introduce un elemento inadmisible al castigar la ayuda humanitaria que particulares o entidades presten a una persona inmigrada en situación irregular y sin recursos. Corbacho también pretende limitar el derecho de reagrupamiento familiar, limitando el de los propios padres, que a partir de ahora tendrán que tener más de 65 años, y el de los hijos, que tendrán que llevar más de 5 años de residencia regular en España, cuando la normativa europea establece que al hijo no se le podrá exigir más de 2 años de residencia regular.
Y todo ello en una situación de crisis, que nos afecta a todos, pero sobre todo a los más vulnerables, de nuestro país, pero sobre todo de los países de origen de los inmigrantes que aquí viven. Además, un debate sobre la legislación de inmigración en un momento de gran fragilidad social como el actual puede hacer que afloren todavía más actitudes xenofobas y racistas en la sociedad española. ¿Será éste es otro tema en el que tampoco encontraremos diferencias entre populares y socialistas?
Varias entidades catalanas se hicieron eco del clamor popular que exige la asunción de responsabilidades con motivo de la actuación de la policía catalana el pasado miércoles. No es el único comunicado, ni lo será. Son muchas -mayoritarias- las voces que indignadas denuncian una de las actuaciones policiales más violentas de los últimos tiempos en un estado democrático.
Sus demandas al gobierno catalán, que apoyo completamente, dicen lo siguiente:
1)Que se abra una investigación que, en virtud de su resultado, dé lugar a la depuración de responsabilidades.
2)Que se aplique inmediatamente una normativa que obliga a la identificación de los antidisturbios.
3)Que se revisen los protocolos de actuación en materia de disolución de manifestaciones.
Es decir, se deben tomar medidas y asumir la responsabilidad política de tales acciones. Porque los antidisturbios, por muy entrenados que estén en el ejercicio de la violencia -visto, lo visto, muy bien entrenados-, también están adoctrinados en las características más valoradas por los cuerpos policiales y militares: la obediencia y disciplina. Es por eso que alguien les dio la orden de atacar a la multitud. Se debe buscar, identificar y echar del cuerpo si es necesario a los antidisturbios que se hayan sobrepasado de sus funciones, pero la cadena de mando que ha dado la orden, debería también sufrir las consecuencias. Y si la orden final la dio el conseller Saura, que asuma su responsabilidad y dimita, si no fue así, que haga limpieza.
Ayer por la noche Barcelona vivió una jornada de represión policial más digna de otros tiempos que de un estado democrático, en el que además los responsables de la policía son considerados de izquierdas.
Primero fue el desalojo, ayer por la mañana, de los estudiantes encerrados en el rectorado de la Universidad de Barcelona, del que hay imágenes que muestran la desmesura con que se comportaron los mossos -sirva de ejemplo cuando mantienen durante varios minutos a un joven inmovilizado con la rodilla en el cuello, sin que por las imágenes pareciera que este joven pudiera amenazar la integridad física de los numerosos policías que ejercían la fuerza sobre él.
Lo realmente escandaloso sucedió por la noche, en Via Laietana, cuando una concentración convocada en protesta por el desalojo de los estudiantes anti-Bolonia, acabó en batalla campal. Pero lo más indignante es que al comprobar cómo se produjeron los hechos, al escuchar testimonios de decenas de manifestantes heridos, que se encontraron en los hospitales con brechas, fracturas y contusiones por todo el cuerpo, resulta evidente que el violento comportamiento de la policía fue el que provocó el pánico en los manifestantes y en vecinos y turistas que casualmente allí se encontraban. La carga se produjo en un momento determinado, cuando decenas de furgonetas policiales se dirigieron a gran velocidad hacia donde se encontraban los 3000 manifestantes, seguidas a continuación de un amplio despliegue de centenares de mossos que golpearon con la porra en alto a quien encontraban a su paso.
Vergüenza e indignación es lo que siento por tales hechos. Uno, porque muestran que la democracia o estado de derecho en que vivimos hace uso de la represión policial de una manera no tan diferente al de otras épocas, no tan lejanas en el tiempo. Y dos, porque los responsables de la policia catalana son de un partido que debería hacer las cosas de manera diferente, que si no asumen y depuran responsabilidades perderán una buena parte de su electorado en las próximas elecciones.
El Congreso de los Diputados ratifica hoy el Tratado de prohibición de las bombas de racimo que el ministro Moratinos firmó en Oslo hace tan solo unos meses. Felicitemos, pues, la celeridad en la ratificación de este Tratado por parte del gobierno español, lo que le convertirá en uno de los primeros países en hacerlo de todo el mundo. Aún así todavía faltarán muchos para llegar a los 30 que se necesitan para que entre en vigor. Han ratificado ya Irlanda, Vaticano, Noruega y Sierra Leona; y están a punto de hacerlo México, Albania y España. De todas formas, en el Estado español ya está prohibida la fabricación, uso y venta de estas armas, desde el verano de 2008, cuando la ministra Chacón decretó una moratoria.
Uno de los éxitos del proceso de Oslo es el impacto que pueda tener para estigmatizar el uso de estas bombas también en los países que no ratifiquen el Tratado. Obama parece haberse dejado influir por la comunidad internacional y acaba de tomar medidas, aunque tímidas, para reducir sus exportaciones de bombas de racimo.
Sin duda, es mejor esto que nada. Al igual que es más que positiva la firma del Tratado de Oslo y su ratificación por el Gobierno español. Pero seamos realistas. El Tratado de Oslo prohíbe la mayoría de bombas de racimo existentes, es decir, las obsoletas, pero deja la puerta abierta a la fabricación, uso y venta de bombas que probablemente ya no se llamarán “de racimo”, pero que se les parecerán mucho. Bombas que serán muy avanzadas tecnológicamente y que cumplirán ciertas características de peso y talla. A saber, quedan excluidas del Tratado de Oslo las municiones que reúnan todas las siguientes características: que cada munición contenga menos de diez submuniciones explosivas; pese más de cuatro kilogramos; esté diseñada para detectar y atacar un objeto que constituya un blanco único; esté equipada con un mecanismo de autodestrucción electrónico y con un dispositivo de autodesactivación electrónico. En definitiva, se podrán seguir fabricando bombas de racimo que cumplan todas estas características, se haya ratificado Oslo o no. Es decir, en Europa muy probablemente se seguirá fabricando y vendiendo este tipo de munición pero, ahora sí, con una gran componente tecnológico y de menor tamaño.
Podemos pensar, pues, que Obama ha decidido prohibir buena parte de la exportación de municiones de racimo obsoletas para que gobiernos irresponsables sigan comprándole este tipo de armas con el riesgo de que luego las usen con civiles, como le pasó con Israel. Recordemos que EEUU vendió bombas de racimo a Israel, municiones que formaron parte de los 4 millones que luego lanzó el ejército israelí durante 34 días de 2006 sobre población civil en el sur de Líbano. Pero también podemos pensar que Obama y el entramado industrial militar estadounidense no quieran quedarse atrás en la renovación de los catálogos de las bombas de racimo de sus empresas y así no perder cuota en el futuro mercado de las nuevas bombas de racimo, que con toda probabilidad dejarán de llamarse así.
Es una buena noticia que España ratifique el tratado de Oslo, que éste entre en vigor lo antes posible y que EEUU tome sus propias medidas, porque conseguiremos algo muy importante: eliminar millones de bombas de racimo, la mayoría de las existentes en los arsenales de muchos países, reduciremos su venta y estigmatizaremos su uso. Pero no olvidemos que los fabricantes de armas no dejarán de pensar en cómo hacer que su negocio les siga dando beneficios, es decir, cómo hacer que se compren cada año nuevas armas.
Me gustó cuando le escuché a Sami Nair usar el término desprivatización para referirse a nacionalizar empresas, nacidas públicas, hechas rentables a base de inversión pública y, una vez preparadas para competir y con capacidad de dar beneficios en el libre mercado, vendidas al sector privado. Pero claro, empresas de tal tamaño no pudieron venderse a ningún pequeño empresario o cooperativa de trabajadores, sino a acaudalados empresarios y familias de la burseguía española que ahora tienen el control de sus empresas y de las que eran nuestras.
La llamada crisis financiera no es más que la punta del iceberg de una profunda crisis del modelo capitalista que viene dando señales de alarma desde hace ya varias décadas. Porque un sistema económico que permita que cada día mueran 70.000 personas de hambre en una parte del mundo mientras en la otra nos gastamos un billon de dólares en gastos militares, dos billones para salvar bancos o más de medio billón en la guerrade Irak, es totalmente inaceptable.
Si bien es cierto que la desprivatización de las empresas de sectores estratégicos (comunicaciones, banca, energía, transporte, …) no sería la solución a nuestros males, al menos nos permitiría dos cosas. Por un lado, permitiría recuperar el control político de grandes empresas con importantes beneficios que podrían ir a parar a las arcas del estado, para beneficio de todos. Por otro, permitiría cambiar la tendencia neoliberal privatizadora de todo sector con potencial de dar beneficios y todavía en manos públicas, a saber, la educación, la sanidad, las pensiones, el subsidio de desempleo,… que me temo que, como no reaccionemos, pueden ser las víctimas del resultado de esta crisis, y si no, tiempo al tiempo.
La Junta de Accionistas del BBVA fue el pasado “viernes 13″ de marzo. Como si la elección del día hubiera sido algo premonitorio, la tensión y el pánico a la crítica se respiraba en el ambiente. Algunas de las denuncias más graves al BBVA trataron de silenciarlas, por las buenas o por las malas. De los que protestaron a las puertas del palacio de congresos de Bilbao donde se celebraba la Junta se encargaró la policia, de los que protestaron dentro, los miembros de la seguridad privada contratada por el BBVA. Incluso a uno de los miembros de Justícia i Pau, de la campaña BBVA sin armas, no se le permitió la entrada, por excesiva rigidez en la aplicación de los requisitos de entrada. De hecho, la vigilancia a la que fueron sometidos ralló la coacción.
Finalmente la intervención denunciando las inversiones del BBA en armas fue posible. Pere Ortega le leyó la cartilla a Francisco González, el financiero mejor pagado de toda la banca española (16 millones de euros en 2008, ¿¡quién dijo crisis!?). Entre otras cosas le recordó que “el BBVA, sigue manteniendo su colaboración y líneas de crédito con Boeing, EADS y Thales”, primera, sexta y décima empresa fabricantes de armas en el ranking mundial. Respecto a la industria de guerra en España, se hizo mención a que el BBVA es accionista de manera directa o indirecta de las empresas de armamento españolas: Indra, Ibérica del Espacio, Rymsa o Inmize. Además Ortega denunció que “el BBVA apareció en el mes de abril de 2008 como financiador de un contrato de la española EADS-CASA por un importe de 554 millones de euros (…) Así como otra financiación (junto a otros bancos) en marzo de 2008 a EADS por un importe de 2.000 millones de euros”. La relación del BBVA y las armas no sólo se muestra evidente, sino que es totalmente escandalosa.
La petición de la campaña es que el BBVA y las tres decenas de bancos y cajas de ahorros españolas dejen de lucrarse por mantener relaciones comerciales y financieras con la industria de armas. Porque para que haya guerras, debe haber armas, y para que se produzcan y vendan armas, se necesita apoyo financiero, que ofrecen los bancos y cajas de ahorros españoles y, de forma destacada, el BBVA. Es la segunda vez que la campaña BBVA sin armas participa en la Junta de accionistas del banco, y parece que han conseguido algunos de sus objetivos, ya que el BBVA ha reaccionado con una -aunque tímida e insuficiente-, normativa de limitación de algunas de sus operaciones de financiación de exportación de armas, gracias a la cual han roto relaciones con una importante empresas de armas con la que venían trabajando los últimos años, Raytheon. La presión de la sociedad civil da resultados.
Para más información pueden consultar www.bbvasinarmas.org
Es la pregunta de los últimos meses, ¿qué alternativa hay al capitalismo? Algunos -la mayoría- ni se preguntan si hay alternativa, porque creen que lo único que debemos hacer es aguantar el temporal, esperando que la calma vuelva, en pocos años, en que somos conscientes que debemos apretarnos el cinturón, con la esperanza de librarnos de él muy pronto. Yo pondría en este saco tanto a los actuales líderes mundiales e intelectuales afines que propugnan la refundación del capitalismo, como a los muchos ciudadanos, convertidos en simples consumidores desinformados, que sueñan con tiempos mejores en los que poder volver a emular a sus ídolos de “corazón-corazón”. En el otro, pondría a anticapitalistas varios, izquierdosos intelectuales, a herederos y nostálgicos del comunismo y socialismo de libro, a libertarios y anarquistas y a los nuevos antisistema, llamados altermundistas o antiglobalización. Muchos de ellos y también muchos otros desencantados con las formas tradicionales de hacer política se encuentran en los foros sociales, mundiales o locales, donde llevan hablando de alternativas al modelo hegemónico actual desde hace una década, como mínimo.La lista de alternativas es tan larga que aquí no procede detallar, pero lo que más sorprendería a los refundadores del capitalismo es que la alternativa no es únicamente de ordenamiento económico, sino que abarca todos los ámbitos de la vida, porque el capitalismo no es sólo un modelo en el que se inspira nuestra economía, sino que es toda una ideología, una manera de ser y de construir el mundo. Los altermundistas proponen cientos, miles de alternativas sobre economía social, desarrollo, trabajo, movimientos sociales, luchas de los pueblos, democracia participativa, identidades, nacionalismos, migraciones, derechos y libertades fundamentales, patriarcado, género, comunicación, educación y cultura, ética, espiritualidades, paz, desmilitarización, noviolencia, cuidado del medioambiente y ecología. Los refundadores del capitalismo sólo quieren salvar el sistema, con ayudas a quienes lo han hecho explotar (ellos mismos), pero mantener sus valores consumistas, individualistas y de competitividad, para mantener sus privilegios, para conservar su situación de poder. Cuidado con los refundadores, que puede que estén trabajando en alternativas al capitalismo, cuyo resultado puede ser peor.
