Sobre la desobediencia civil es conocida -al menos en ciertos ámbitos- la denominada objeción fiscal. Aquella acción por la que no se cumple con el pago de ciertos tributos, generalmente de imposición directa, con el objetivo de lanzar un mensaje político sobre algún cambio esencial que se debería realizar en la legislación o alguna otra normativa, y que supondría una mejora para el conjunto de la sociedad.
La desobediencia al pago de la parte correspondiente al gasto militar es la más popular. Es conocida como la objeción fiscal a los gastos militares. En este caso la acción de desobediencia pide una reducción (o la eliminación) de los gastos militares y de las guerras para construir un mundo en paz.
Hay otra iniciativa de desobediencia civil relacionada con una demanda política que está cogiendo forma entre el independentismo catalán. Se trataría de una objeción fiscal hecha desde Cataluña, desviando fondos de lo que correspondería como pago a algún tributo estatal, probablemente el IRPF, y hacer que llegue a aquellos servicios básicos que están sufriendo recortes. En este caso la demanda política sería conseguir mayor autonomía fiscal y política para Cataluña.
La tercera de las iniciativas -que aquí nombraremos- de desobediencia civil relacionada con los tributos proviene de una señora llamada Carmen Lomana, quien ha declarado que lo que habría que hacer es no pagar impuestos, mostrando su enfado con la subida recientemente anunciada por el gobierno de Rajoy. En este caso la demanda de una mejora social, del cambio de algún elemento de la legislación española no ha sido especificada. He consultado quién era esta señora, ya que no me sonaba su nombre. Resulta ser una acaudalada habitual de la prensa del corazón y participante en Intereconomía, cuya noticia más destacada que he encontrado con una pequeña búsqueda es la que lleva el titular “Carmen Lomana cazada otra vez con las lomanas al aire“. Quien sabe… quizá esta última desobediencia sea la que más le importa a Rajoy.
El nuevo Ministro de Defensa ha estado ligado a la producción y venta de algunas de las armas más controvertidas y rechazadas socialmente que existen en el planeta: las armas nucleares y las bombas de racimo. Morenés preside, hasta que se convierta en ministro, MBDA en España, una multinacional que construye una larga lista de armamento de gran poder destructivo, entre la que destacan los misiles nucleares ASMP-A. Los propietarios de MBDA son tres de las empresas que se dedican a la producción de armas nucleares: EADS, BAE Systems y Finmeccanica. Esta última es una empresa armamentística italiana, participada en un 2,01% por la Libian Investment Authority (LIA) del gobierno libio, que ha realizado recientes y suculentos negocios con el gobierno de Gadafi, cuyas armas han sido muy probablemente utilizadas en la reciente represión de la población civil de este país.
Morenés y Gadafi aparecen desde esta perspectiva relacionados en otro aspecto. Hasta hace unos meses el nuevo Ministro de Defensa era asesor de Instalaza, una empresa española dedicada a la fabricación y la venta de bombas de racimo, hasta que les fue prohibido por ley. Poco antes de su prohibición y con Morenés en su plantilla, vendieron bombas de racimo a Gadafi que, como pudo comprobar Humans Right Watch, fueron utilizadas contra la población civil. En el complejo militar-industrial deben estar contentos, les ha tocado el Gordo de Navidad, sin necesidad de comprar ni un décimo.
Sin estar todavía en el Gobierno español, el Partido Popular ya ha mostrado la patita en un tema que es de importancia capital para el país. Amaiur tiene diputados suficientes pra conformar un partido propio en la presente legislatura. Los beneficios que obtendría son evidentes, más financiación y mayor cuota de participación en la vida parlamentaria. Para el PP -y en cierto modo también para el PSOE y CIU, porque se han abstenido en la mesa del congreso ante la negativa a que Amaiur pudiera tener grupo parlamentario propio- el que la izquierda abertzale haya conseguido un extraordinario apoyo popular en Euskadi no es suficiente. Lo dejan sin grupo porque no ha conseguido el porcentaje suficiente sumando la representación obtenida en Navarra y Euskadi. Hay quien afirma que una razón de la oposición a que Amaiur tenga grupo es porque de este modo tendrían acceso a la comisión de secretos oficiales. Ambos suenan a argumentos poco rigurosos o de otra época.
Si no se permite a Amaiur integrarse en la vida democrática de ámbito estatal como debiera es porque no se quiere. El PP no lo quiere y los circunstanciales abstencionistas tampoco. Desconozco sus razones verdaderas, pero sé que para el proceso de paz -como en todos los procesos similares ocurre- es necesario que se den concesiones por todas las partes. Y permitir o animar a que la manera de reivindicar cualquier idea política sea a través de las vías democràticas y no a través de la violencia debería ser una prioridad. La paz no se consigue tan solo con la disolución de una banda terrorista (que antes o después llegará), hay mucho por hacer y desgraciadamente Rajoy no ha empezado con buen pie.
En relación a la muy de moda RSC (Responsabilidad Social Corporativa), es necesario hacer un análisis más amplio de las prácticas de quienes dicen aplicarla, para comprobar que aún queda mucho trecho para que nuestras empresas y, en concreto, las entidades financieras españolas, sean socialmente responsables. Sirva de ejemplo la controversia que pueden generar sus vinculaciones con el negocio de las armas.
Las empresas del sector armamentístico no son una excepción en la economía actual y necesitan del apoyo financiero de los bancos y cajas para poder desarrollar su negocio y realizar nuevas inversiones. El nivel de endeudamiento de alguna de estas empresas ronda fácilmente el 100%. Son empresas, por tanto, dependientes del apoyo del sector financiero, sin el que no podrían mantener su ritmo de producción y de crecimiento actual. La financiación de las empresas de armas se realiza a través de cinco mecanismos principales: la financiación de las exportaciones, la concesión de créditos, la emisión de bonos y pagarés, la gestión e intermediación en fondos de inversión en los que existen participaciones de empresas armamentísticas y la participación accionarial directa o indirecta.
Por lo que se refiere a la financiación de las exportaciones, encontramos poca información. Pero cuando hemos tenido acceso a ella, como es el caso de la financiación de las exportaciones de armas italianas, –un informe anual de su ministerio de economía indica el nombre de la entidad financiera que ha financiado ventas de armas italianas al exterior–, encontramos que los dos principales bancos españoles aparecían como financiadores de exportaciones de armamento. Si tuviéramos un informe en España sobre quién financia a las exportaciones de armamento españolas, de buen seguro que encontraríamos éstos y muchos otros que por falta de transparencia no pueden ser identificados.
En relación a los créditos, los dos principales bancos españoles han concedido más de 1.500 millones de euros a empresas de armas del ámbito del Pentágono de EEUU, es decir, aquellas que fabrican gran parte de las armas que hoy se están utilizando en Afganistán o Irak. Destaca el crédito de 18 entidades financieras al grupo Maxamcorp Holding SL, propietaria del 100% de Explosivos Alaveses S.A (Expal), una de las empresas de armas con menos escrúpulos del Estado español, que ha fabricado –hasta que se lo han prohibido por ley– minas antipersonal y bombas de racimo, armas que causan y han causado miles víctimas civiles. Además, sabemos que diez conocidas entidades financieras le concedieron préstamos por un valor cercano a los 12 millones de euros a Instalaza, la empresa que le vendió bombas de racimo a Gadafi meses antes de ser prohibidas en España, que Humans Right Watch demostró que fueron utilizadas contra los rebeldes en el reciente conflicto armado libio.
Destacan también los dos grandes bancos españoles en la emisión de bonos y pagarés de algunas de las empresas de armamento más controvertido del mundo. Por lo que respecta a los fondos de inversión, debemos prestar especial atención a cincuenta fondos de los dos gigantes españoles directamente relacionados con el negocio de las armas. Las vinculaciones accionariales entre las entidades financieras y las empresas de armamento son de gran relevancia por dos aspectos fundamentales. Primero, porque la posesión de acciones supone tener parte de la propiedad y, por tanto, capacidad de decisión, en las empresas de armamento. Segundo, porque al comprar y mantener acciones de una empresa estamos ayudando a su financiación ya que es una práctica habitual la captación de fondos por parte de las empresas mediante ampliaciones de capital. Prácticamente todos los grupos bancarios españoles, surgidos de las recientes fusiones, tienen participaciones en el sector militar. Aunque la mayor parte de las empresas de las que los bancos españoles tienen cierto control, están dedicadas al ámbito tecnológico y electrónico de la guerra (tan necesaria para hacer la guerra como las bombas y las balas), también podemos encontrar participaciones indirectas en fabricantes de misiles.
En este marco, se está extendiendo cada vez con más fuerza la RSC, de la que hacen gala muchas de las entidades financieras españolas. Muchas de ellas ofrecen, al tiempo que invierten en armas, fondos tildados de solidarios o socialmente responsables. Incluso hay quien dice tener una política propia de control de sus relaciones con el sector armamentístico. De nuestro análisis de estas políticas y de los departamentos de RSC podemos concluir que son insuficientes y que tienen tan solo el objetivo de maquillar una imagen cada vez más deteriorada de los bancos en la opinión pública española. Los departamentos de RSC de los bancos son reactivos, solo responden a las denuncias que con dificultades pueden hacerse desde la sociedad civil. La RSC de estos bancos es mero márketing social. Identifica el nuevo nicho de mercado que conforman consumidores y consumidoras conscientes e intenta que el banco en cuestión sea atractivo a los ojos de este mercado en crecimiento. Porque si sus intenciones fuesen sinceras, no financiarían la producción armamentística, un sector del que no hay que explicar los devastadores efectos que tiene sobre las personas, algo socialmente muy poco responsable.
Hoy voy a hacerme eco del último informe sobre la exportaciones españolas de material de defensa de 2010 del Centro Delàs de estudios por la Paz de Justícia i Pau. No solo por mostrar algunos datos que nos escandalizan año tras año, sino para hacer una reflexión sobre quienes se lucran del negocio armamentístico.
España vendió, con consentimiento del gobierno (porque toda venta de armamento tiene que estar aprobada por el gobierno español) 1.128€ millones, un 16% menos que en 2009. Pero no nos dejemos engañar por este coyuntural (por la crisis, supongo) descenso, porque las ventas de 2010 han sido un 388% superiores respecto a 2001.
Este año, el Estado español se ha situado en la novena posición en el ranking mundial de países exportadores de armamento, alcanzando el 2% del total mundial y el 0,6% del total de la balanza comercial española. Cada día España exporta 3 millones de euros en armas, muchas de ellas a países en conflicto armado o donde se violan los Derechos Humanos. Pero sobre el destino de nuestras armas, hablaremos con más detalle otro día. Centrémonos hoy en la enfermiza codicia de los empresarios que producen y venden estas armas y que además proponen al gobierno su venta a países donde están siendo usadas para disparar sobre la población civil. Estas personas que se enriquecen con el sufrimiento ajeno, merecen todo el desprecio del mundo.
El negocio de la violencia armada es inmoral y en muchos casos ilegal. Los empresarios de la muerte, Tíos Gilito sin escrúpulos y sin un ápice de moralidad no dejarán de vender armas a Gadafis de todo el mundo, porque solo piensan en ser más ricos (como tanta gente) sin importarles los demás. El gobierno es cómplice porque consiente todas las ventas de armamento de este país. También consintió vender bombas de racimo a Gadafi. Solo con mayor control y una aplicación estricta de la ley sobre comercio de armas se puede poner algún freno al negocio armamentístico.
España es cada vez más de derechas, o conservadora y liberal (en lo económico, claro) y a la vista está el resultado electoral. También podríamos decir que la derecha, la extrema, es racista, xenófoba, homófoba… pero quiero pensar que de ésta solo podemos encontrar en los partidos extraparlamentarios de ultraderecha. Sin embargo, si miramos la evolución del voto del PP, cuando les cosas les van bien o cuando las cosas les van no tan bien, vemos que a menudo se mantiene entre los 10 y los 11 millones. Si el PP no ha superado su tope en un momento en el que el PSOE no podía estar peor, ¿lo superará algún día?
En mi opinión, creo que hay opciones de que sí lo haga, si hace un gobierno más de centro que de derechas, algo así como el de la primera legislatura de Aznar. Rajoy, además, no parece tener los aires de grandeza que su predecesor popular en la presidencia del gobierno. Pero con la mayoría absolutísima que han conseguido, tiempo al tiempo.
El PP ha demostrado en muchos lugares donde tiene mayoría absoluta que se convierte en un rodillo de la democracia, ninguneando las alternativas políticas, deshaciéndose de aquellos identificados como enemigos y vendiendo una imagen de no haber roto un plato en su vida. El tope de la derecha en el Estado español, que ahora sí parece encontrarse en los 11 millones, puede volver a ser superado si Mariano Rajoy es un poco listo y la diversa izquierda sigue mirándose el ombligo. La gente, cuando quiere políticas de derechas, vota a la derecha (o no va a votar a la izquierda). El PSOE no tiene porqué imitar al PP para conseguir nada. Solo si se va hacia la izquierda de manera decidida, será posible una alternativa al PP en una o dos legislaturas, si no lo hace, tendremos PP para rato. Sirva de ejemplo el País Valencià, donde mandan desde hace veinte años ininterrumpidamente y con perspectivas de que siga así durante mucho tiempo.
Los resultados de la elecciones generales de 2011 han dado no solo más de 10,5 millones al PP, sino que si les añadimos los votos de otros partidos que podemos considerar de derechas, esta cifra supera los 13,5 millones. Esto nos da cerca del 60% de votos depositados en programas conservadores, liberales y otros (afortunadamente con menor presencia) de extrema derecha. La tendencia en la política española es, por tanto, muy clara. Lo que puede ser un buen indicador de cómo es la sociedad española actual.
Sin embargo, si miramos los resultados desde otro ángulo, siempre es posible encontrar lecturas positivas, más allá de que hayan conseguido mayor representación parlamentaria los partidos de izquierdas minoritarios, lo que es sin duda una excelente noticia.
Me refiero a que si cambiamos el prisma, podemos decir que la derecha no ha conseguido alrededor de 11 millones de los votos depositados, ni tampoco los cerca de 10 millones de la abstención. Es decir, 21 millones de ciudadanos y ciudadanas de este país no han votado a la derecha.
La derecha puede que gobierne durante muchos años. Y lo hará por muchas razones, un injusto sistema electoral, una izquierda dividida, e incluso porque le guste a mucha gente (algo que es evidente). Pero sobre todo lo hará porque quienes no nos consideramos de derechas les dejaremos (léase por falta de participación o implicación) que lo hagan.
La democracia actual, la de votar una vez cada cuatro años, ni funciona ni es creíble. La abstención es casi siempre la ganadora en todos los comicios electorales y los partidos que ganan pueden convertirse, si consiguen mayoría absoluta, en dictadores por cuatro años, probablemente el sueño de Rajoy.
Afortunadamente, la desmotivación por esta falsa democracia nos ha regalado una inteligente protesta. Un miembro del Grupo antimilitarista Tortuga de Elx, Adrián Vaíllo, se ha declarado objetor electoral, no va a acudir el próximo domingo a la mesa electoral a la que ha sido convocado por el azar de algún ordenador de la Administración. Adrián muestra su desacuerdo con el modelo político y económico a través de una de las estrategias no-violentas de mayor impacto, la desobediencia civil. Ha decidido desobedecer en conciencia pero sin huir de las consecuencias de sus actos, asumiendo el castigo que le pueda imponer un juez aplicando la legislación vigente y, sobre todo, explicando a la sociedad el porqué de su objeción de conciencia. Pero esto no es todo. Adrián Vaíllo no está solo. Varios miembros del Grupo antimilitarista Tortuga han pedido la apostasía al sistema electoral, es decir, que les borren del censo electoral, para ni siquiera aparecer en la lista de quienes puedan votar.
Con estas acciones se demuestra que queda mucho por hacer para que esta democracia nos la creamos un poco. Acciones valientes y creativas como las de los antimilitaristas alicantinos nos muestran que las cosas pueden cambiar si desobedecemos un poco, o mucho, según de lo que hablemos. Porque el cambio real empieza cuando nos sentimos interpelados por quienes se dedican a abrir caminos.
La última encuesta del CIS nos ha puesto los pelos de punta. El PP alcanzaría una holgada mayoría absoluta. Pensemos en lo que hizo este partido la última vez que gobernó de este modo y nos vendrá a la cabeza aquello de la dictadura de la mayoría que ofrece la imperfecta democracia que tenemos. Sí, también se puede echar un vistazo a lo que hacen en las comunidades donde tienen mayoría absoluta desde hace años y comprobar algunas de estas prácticas. Da miedo también el PP con mayoría absoluta, porque ha demostrado sobradamente ser capaz de generar la sensación en la ciudadanía de que hacen un buen trabajo, bien sea por la manipulación mediática o por medidas populistas, como los grandes eventos en la arruinada Valencia.
Dan ganas, por tanto, de votar a la alternativa que más escaños suma por votos conseguidos (el llamado voto útil) y evitar al menos la mayoría absoluta del PP. Pero vista la enorme diferencia existente, ya calificada como imposible de remontar -históricamente el CIS se ha equivocado en sus estimaciones no más de 6 o 7 puntos porcentuales- puede ser el momento de arriesgarse por votar pensando en el futuro. Porque el PP ganará las elecciones a no ser que haya algún improbable acontecimiento extraordinario que a última hora movilice a buena parte del 30% de personas indecisas a votar al PSOE, como ocurrió en 2004.
Votar pensando en que nos va a tocar vivir una, dos o tres legislaturas de derecha conservadora, con una dura travesía del desierto de los socialistas, puede ser una buena opción. Las alternativas por la izquierda al bipartidismo pueden aumentar su representación gradualmente durante estos años y generar un marco político en el Estado español que lleve a un verdadero giro progresista de futuro. ¿Por qué no pensar en un gran partido de izquierdas y en un gran partido verde, además de la socialdemocracia, que haga que en 2015, 2019 o incluso en la siguiente década, sea tan útil electoralmente votar a varias opciones de izquierdas, ecologistas, anticapitalistas, para que en este país se apliquen medidas verdaderamente de progreso social?
Es necesario crear un marco político diverso, alternativo al bipartidismo, que no se consigue de la noche a la mañana, para que en un futuro la política recupere credibilidad y las opciones ahora minoritarias no sean marginales. Es comprensible que la gente sienta desafección por la política cuando las únicas alternativas son un PP y un PSOE que cada vez se parecen más. Aunque entiendo el miedo a tener en el poder a la derecha más dura durante toda una década. Estremece pensar qué nos quedará para cuando el gobierno esté en manos de una renovada y diversa izquierda. Pero quizá sea bueno que toquemos fondo para darnos cuenta de que el actual modelo de vida necesita cambios de fondo. El depredador con el ser humano y la naturaleza capitalismo global ya no se puede rescatar, se tiene que acabar.
Motivos para la indignación hay muchos. Sobran. Como saber que los banqueros de Caja Madrid (la de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno español con el Partido Popular y candidato a ser ministro de economía con Rajoy) se subieron el sueldo de 317.000 euros anuales de media a 725.000 euros, o que Novacaixagalicia, la CAM y Catalunya Caixa (la de Narcís Serra, exministro del PSOE con Felipe González) incrementaran los salarios de sus consejeros en proporciones similares (o incluso mayores).
Según un informe de CC.OO. la cúpula de las entidades financieras españolas son algo más de 1.500 personas que cobran unos 300.000 euros anuales, o lo que es lo mismo, 25.000 euros al mes. Si sumamos todo este dinero alcanzamos la cifra de 450 millones de euros al año. Es decir, si los salarios fueran más razonables y estas personas cobraran un salario tan alto como las responsabilidades que asumen, que no pueden ser mayores que las del Presidente del Gobierno español (90.000 euros anuales), todavía nos quedarían 315 millones de euros disponibles para contratar a 15.000 personas (con un salario medio de 20.000 euros al año). Quede también dicho que en los bancos el escándalo es incluso mayor, ya que cobran más del doble que la media de la banca española en su conjunto. Imagínese usted lo que es cobrar más de 50.000 euros al mes. Es como si te tocara la Lotería cada mes.
Claro, luego dicen que no hay dinero para mantener la plantilla y tienen que despedir a varios miles de trabajadores y trabajadoras. Luego dicen que la culpa es de la deuda soberana y no sé qué más soberanas estupideces. Esta crisis es consecuencia, en gran parte, de la codicia e insana avaricia de los banqueros de este país y sus consejeros. Quienes deberían pagar por sus delitos, porque cobrar más de lo razonable y además estando en una entidad semipública como las Cajas de Ahorros es algo asimilable a la corrupción y si me apuran al robo. Es despreciable ganar tanto dinero en un país con más de 4 millones de desempleados y en un mundo donde cada día mueren 100.000 personas porque no tienen qué comer ni acceso a agua potable. Son despreciables estos codiciosos banqueros y consejeros sin un ápice de moralidad.
