Hay un plan muy concienzudo para que perdamos la poca democracia que teníamos. Lo peor es que el ciudadano común no parece reparar en ello. Y no es extraño, puesto que se ha hecho con nocturnidad y alevosía, con el silencio flagrante y la connivencia de los medios de comunicación y en medio de la total ignorancia e indiferencia de la mayoría social.

Hay tres patas que sustentan este plan:

La primera y más importante, es la "programación" a la que se ha sometido a los ciudadanos durante los últimos 75 años, de modo que la inmensa mayoría ignora nuestra historia y desprecia la implicación política. "Haga como yo, no se meta en política", que decía el dictador.

La segunda, desapercibida para la inmensa mayoría, es la modificación del artículo 135 de nuestra Constitución en septiembre de 2011. Un regalo envenenado que nos dejó el Gobierno de Zapatero como despedida. Solo Rajoy y sus ministros supieron apreciarlo y desde entonces al gallego no se le va la sonrisa bobalicona de la cara. Parece que le tocó la lotería y, en cierto modo así fue.

La tercera, aún menos conocida que la anterior, es la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (LRSAL) de diciembre de 2013, por la que los cargos de elección directa de los ayuntamientos cederán competencias a los cargos de elección indirecta de las Diputaciones provinciales. De nuevo una reforma antidemocrática en la que han estado de acuerdo PP y PSOE. Dicha reforma se justifica en su preámbulo por la necesidad de cumplir con el artículo 135 de la Constitución, convenientemente modificado el año anterior. Como viene siendo habitual, todo a mayor gloria de la Troika.

Durante la dictadura, las Diputaciones provinciales eran el órgano del régimen para controlar a los ayuntamientos. Con la transición, se quiso dotar a las administraciones locales de mayor democracia, por lo que se les devolvieron competencias que tradicionalmente habían tenido y que el franquismo les había hurtado. Sin embargo, esas competencias no fueron acompañadas de presupuesto. Los ayuntamientos tenían obligaciones, pero pocas posibilidades de acometerlas económicamente. Ese fue el inicio del gran problema que se ha destapado en los últimos años: la corrupción a nivel local. Los alcaldes empezaron por recaudar de forma irregular para desarrollar las competencias municipales y terminaron por buscar solo el enriquecimiento personal. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la espiral de corrupción ha desembocado en la privatización de los servicios municipales y de muchos de los bienes comunales, ante la pasividad o ignorancia de muchos vecinos, que no sé qué será peor.

Una de las lacras de la transición ha sido el mantenimiento de los "caciques" locales del franquismo y de sus redes clientelares. La consecuencia más directa de esto ha sido la imposibilidad de desarrollar los municipios como base de una sociedad democrática auténtica. Los ayuntamientos regidos de verdad por sus vecinos deberían haber sido el origen de la transformación social que necesitaba el país en 1975 y que todavía tenemos pendiente. Por eso se entiende ahora la frase del dictador "lo dejo todo atado y bien atado". Y por Júpiter que ha sido así.

Si el desarrollo local hubiera sido verdaderamente democrático, en un contexto de crisis económica, los ayuntamientos serían cercanos a sus vecinos, ofreciéndoles ayudas y soluciones en cada caso. En ayuntamientos democráticos, los bienes comunales serían de la comunidad y estarían al servicio del bien común. Serían el modo más sencillo y lógico de acercar la gestión pública a los ciudadanos, invitándoles a que se implicaran en ella. El municipio debería ser el garante de los derechos básicos de los ciudadanos, siendo éstos los que, en asambleas ciudadanas abiertas, decidieran el modo de gestionar los recursos. La gestión municipal óptima se parecería al concejo abierto que existe en algún municipio de  Albacete. Pero para que todo eso sea posible, los ayuntamientos deben poseer una autonomía y dotación presupuestarias de las que carecían antes de diciembre de 2013 y carecen ahora de forma aún más acusada. Y en lugar de eso, nos hurtan los ayuntamientos.

En un contexto de supeditación del bienestar ciudadano ante la deuda, como establece el artículo 135 de la Constitución, modificado por PSOE con ayuda del PP, y la LRSAL, aprobada por el PP con ayuda del PSOE, casi todas las competencias municipales quedan vacías de presupuesto y son, por tanto, inaplicables. Se cede, sin embargo, la administración del escaso dinero y de los más escasos derechos, a las Diputaciones provinciales. Y si los dioses no lo remedian, tras las elecciones municipales de mayo de 2015, estarán todas en manos del PP o del PSOE. Y ya sabemos lo que podemos esperar de ellos.

¿Por qué digo que estarán todas en sus manos? Pues, porque los ciudadanos libres nos estamos organizando en agrupaciones de electores, los denominados Ganemos. Y las agrupaciones de electores, según la Ley, no podrán elegir diputados provinciales. Ese derecho se restringe a los concejales pertenecientes a partidos políticos. Quizá haya que replantearse esa opción mientras estemos a tiempo, compañeros de Ganemos.

Como persona implicada en política y miembro de Alternativa Socialista, soy consciente de que, para recuperar la soberanía ciudadana, hay que empezar por lo local. Nosotros llevamos un año estableciendo estrategias para recuperar las competencias municipales privatizadas y para articular lo que debe ser el origen de la transformación social, económica y política que necesita nuestro país (se puede consultar en nuestra web el documento con nuestras propuestas ).

La reforma de la Ley electoral será imprescindible para garantizar la revocabilidad de los cargos políticos electos, el mandato imperativo, la obligación de gobernar obedeciendo a sus conciudadanos. Para ello es necesario revocar la Constitución del 78, ya que prohíbe expresamente el mandato imperativo. Veo pues, imprescindible un Proceso Constituyente. Tal vez la cercanía entre las municipales (mayo 2015) y las generales (noviembre 2015) haga factible el proceso y las reformas de los que hablo. Para eso habrá que ganar la partida a los reformistas, así que, atentos a las propuestas de unos y otros, no vaya a ser que luego tengamos que lamentarnos de que todo siga como siempre por haber votado a los de siempre.

No debemos olvidar que la II República llegó tras las elecciones municipales de abril de 1931. Es mi deseo que La Tercera llegue tras las municipales de mayo de 2015. O eso, o empezar a entrenar al más puro estilo Sinsajo.