Pase lo que pase hoy, los recortes sociales llevados a cabo por el Ejecutivo permanecerán prácticamente invariables. La principal razón que se ha esgrimido para justificar este inmovilismo reside en el tipo de interés de la deuda pública: un cambio de política económica reduciría la "confianza" de los inversores internacionales y de "los mercados financieros" hacia la economía española, por lo que el Estado tendría que pagar un mayor volumen de intereses; en estas condiciones y con un crecimiento inexistente del PIB, la solvencia del país volvería a estar en entredicho y los especuladores regresarían para hacer apuestas contra el hundimiento de nuestras cuentas. Volveríamos a ser "como Grecia".

Podemos advertir en este razonamiento una especie de nueva 'doctrina del shock' (Naomi Klein, 2007) aplicada a una economía altamente financiarizada: ya no es necesario que se produzca otro 11-S para poner en marcha políticas impopulares para la mayoría: la amenaza de una serie de operaciones informáticas encadenadas puede ser suficiente para cambiar la configuración social de un país. Por ello, el ejercicio del gobierno se realiza con una sola meta: evitar a toda costa -"cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste"- un supuesto mal mayor que desencadenaría una catástrofe. No es la primera vez.

Septiembre de 2008. Lehman Brothers ha quebrado y el resto de los bancos de inversión estadounidenses amenazan también con el colapso. Estamos al borde de caer en una segunda "Gran depresión". Los principales medios de comunicación social llevan a cabo un histórico esfuerzo de concienciación y adoctrinamiento: los poderes públicos deben hacer todo lo posible por evitar la parálisis económica; ahora no cabe pensar en quién tiene la culpa o en si existen otros caminos: la configuración de un nuevo orden económico mundial, la oportunidad de la banca pública o del control estratégico estatal del mundo financiero son en este momento impensables. Estamos al borde del abismo.

Los estadounidenses denominaron este imperativo el 'too big to fail': no se podía permitir que los grandes bancos quebraran por sus deméritos, pues las consecuencias podrían ser devastadoras para el conjunto de la economía y de la sociedad. El resultado y las consecuencias ya los conocemos todos: los Estados que rescataron a los bancos ahora están siendo salvados por el trabajo y los derechos sociales de los contribuyentes. Siempre, tratando de evitar ese mal mayor, continuamente al filo de la navaja.

Naturalmente, la conciencia pública de estar en todo momento corriendo un alto riesgo tiene sus ventajas para algunos: libera a determinados dirigentes de la responsabilidad de pensar o plantear alternativas y representa una perfecta excusa para que ciertos programas se digieran por la fuerza. Es, además, un potente mecanismo de coacción, que refleja la concentración de poder y riqueza existente en nuestras sociedades: si lo más importante es salvar al mundo financiero, es por la fuerza y el control que este sector tiene sobre la economía y la vida en general.

Convendría que estas realidades entraran en el debate público y que los ciudadanos tomáramos conciencia de ello. No sería una casualidad que después de una exitosa jornada de huelga surgieran peligros nuevos de los que ponernos a cubierto con medidas "urgentes".

* Se puede advertir un cierto acento católico-apostólico y romano en determinadas ideas-fuerza sobre el origen de la crisis y su solución: "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades"/"por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa"; la idea de sufrir en el presente para "sanear" la economía y legar "un crecimiento robusto a las próximas generaciones", como suerte de sacrificio para recuperar el paraíso... "El cielo en la tierra" está cada vez más lejos.