Asistí, este jueves, al acto de presentación del libro "Sin mordazas ni velos", del presidente del partido Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, al que entrevisté hace unos meses. Al margen de los exabruptos que allí se dijeron -"Un musulmán nunca será catalán ni español", "¡No pasarán!", "Hay paisajes en Cataluña que son como los de Afganistán"...-, la cita resultaba relevante, por ser la puesta de largo en Madrid del primer partido de extrema derecha con posibilidades serias de conseguir representación parlamentaria, por ahora, en la Generalitat catalana.

Del auge de este tipo de partidos en Europa se ha escrito mucho, pero quizá no hemos prestado la suficiente atención a la patología social que encubren y al mismo tiempo reflejan. Ciertos puntos de vista entienden el avance de estas posturas extremistas como la respuesta violenta de una sociedad que trata de ocultar su fracaso a la hora de integrar a todos sus miembros, independientemente de su procedencia. El criminólogo David Garland, en su libro "La cultura del control", recurre al psicoanálisis para explicar el fenómeno como un mecanismo inconsciente, complementario de una estructura económica insolidaria: para Garland, los cerca de tres millones de encarcelados en los Estados Unidos rebajan extraordinariamente las cifras de paro en la todavía primera potencia mundial. Es un razonamiento atrevido y transgresor, pero nos da una pista de por dónde pueden estar yendo las cosas.

Esta especie de trastorno de personalidad social -enormemente liberal en lo económico; ultraconservadora y represiva en lo político- viene agravándose a lo largo de las últimas décadas. Con la "revolución conservadora", protagonizada principalmente por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, después de la crisis 1973-1979, se produjo una importante merma de las transferencias y servicios públicos de bienestar, acompañada por consignas patrióticas y derechistas -la familia como único cuerpo social existente, lucha contra "el Imperio del Mal", guerra de las Malvinas, etc.-. Unos discursos que trataban de enmascarar el cambio de orden económico que se estaba produciendo tras la quiebra de la "Edad de oro" del capitalismo. La situación actual de crisis, consecuencia de la tendencia iniciada en los años ochenta, ha dejado al Estado del Bienestar en una situación muy precaria, por lo que no es de extrañar que ciertas posturas políticas sean ahora mucho más violentas que cuando los servicios públicos sociales estaban algo menos deteriorados.

Llegados a este punto, nos encontramos en un contexto de recursos públicos muy limitados para la población, un grave problema que podemos exponer de manera sencilla como una división entre dos magnitudes: en el numerador figurarían los servicios y bienes públicos de los que todos nos beneficiamos -sanidad, educación, ayudas, pensiones, espacios públicos, etc.-; en el denominador se encontraría el número de habitantes, nativos o procedentes del exterior. Como las menguantes fuerzas progresistas están siendo incapaces de incrementar el numerador -políticas sociales de expansión del Estado del Bienestar, redistribución de la renta, impuestos a los movimientos especulativos, etc.-, la frustración derivada de ver reducido cada vez más el cociente lleva a la irresistible tentación de hacer más pequeña la cuantía del denominador para que el reparto sea más equitativo.

No es casualidad que, bajo estas circunstancias, proliferen monstruosidades políticas, reflejos de un espejo distorsionador de la realidad: donde vemos burkas, mezquitas peligrosas e islamismo radical, deberíamos también tratar de encontrar unas defensas sociales extraordinariamente bajas y una serie de instituciones y entidades que no están cumpliendo con su deber, sino todo lo contrario. Velos fuera, pero para todos.