A finales de los años setenta del siglo pasado, pocos podían imaginarse el enorme giro que iban a experimentar las políticas públicas en el Reino Unido. Roto el pacto entre los laboristas y los sindicatos, con una inflación descontrolada, la líder del Partido Conservador Margaret Thatcher aprovechó una oportunidad que acabaría siendo histórica.
El geógrafo y antropólogo David Harvey expone en “Breve historia del neoliberalismo” (2009) los ejes centrales de la política de Thatcher: por un lado, un poco velado ataque a la clase obrera, derrotando a los sindicatos y generando, a través de una notable subida en los tipos de interés, una enorme bolsa de desempleo que arrinconaría las reivindicaciones laborales; por otro, un rapidísimo proceso de venta de las “joyas de la corona” públicas, una sucesión de privatizaciones que, según detalla Harvey, solo podría triunfar si se producía en muy poco tiempo: “una vez efectuados los cambios, estos no tenían vuelta atrás”.
Aunque apenas pudo erosionar el Sistema Nacional de Salud, el éxito del thatcherismo residió en gran parte en su contagio a las posteriores generaciones de políticos –Tony Blair, Gordon Brown-, que profundizaron en lo que había pasado a ser un consolidado paradigma político y económico en Occidente. La llegada de David Cameron al Gobierno no iba a significar, ni mucho menos, un cambio de tornas. Tras la formación del nuevo Ejecutivo, los británicos se vieron en medio del pasado verano al comienzo del proyecto “Big society” liberal-conservador. El semanario The Economist le rendía un homenaje en agosto: “Radical Britain: the most daring government in the West” (12/09/2010).
Como Thatcher, Cameron marcha a buen ritmo con su agenda de reformas: tomando la excusa de reducir un déficit que, al contrario del de los estados mediterráneos, no suscita ataques especulativos desde los mercados financieros, la coalición está llevando a cabo un programa de recortes sociales que, más allá de reconfigurar el Estado, va camino de crear un ‘hombre nuevo’ que encaje en un entorno social de recursos asistenciales mucho más limitados y redefinidos.
Paralelamente a las medidas ya llevadas a cabo –menos ayudas a las familias, amenazas contra el subsidio de desempleo, aumento cuantioso de las tasas universitarias, etc.- destaca el discurso oficial, que describe al ciudadano ‘maduro’ como aquel que apenas depende de transferencias estatales y que se relaciona de un modo diferente con los servicios públicos. Con la descentralización administrativa, la gestión de más actividades por parte de los entes locales (en los ochenta, los grandes enemigos de Thatcher), y la sustitución de trabajadores del sector público por voluntarios, entre otras iniciativas, la “Big Society” parece un tratado sociológico destinado a definir las nuevas reglas de funcionamiento de un Estado moderno, impregnadas de un ”sentido común” que en etapas de crisis y shocks pasa a convertirse en casi una necesidad.
En un principio estas medidas no se entienden con los parámetros de 1979: el peligro en Occidente no es la inflación, sino la deflación, al tiempo que la crisis del empleo ha ahogado cualquier tipo de oposición laboral o laborista. Estas políticas austeras podrían representar una nueva transferencia de rentas desde el trabajo al capital, mientras que no queda claro si servirían para evitar otra crisis financiera como la experimentada. ¿Qué harán los mercados y las instituciones financieras con todo ese dinero ahorrado a costa de los “dependientes” británicos? ¿Es de esperar un crecimiento económico “robusto” como preconizan los promotores de este programa?
En cualquier caso, el éxito en la aplicación de estas reformas, con una oposición desaparecida, y la prontitud con que estas se están tomando prometen su posible exportación a otros países. Podríamos pasar de los recortes brutales griegos y españoles a nuevos planes de austeridad que, para colmo, fueran recibidos con la aquiescencia propia de los conversos a una nueva ideología. ¿Quién moverá en España la próxima ficha? Los titubeos de Rajoy no son casuales: Cameron también ha querido mimar con cuidado, por ahora, a los pensionistas. ¿Nos jugamos en 2012 algo más que un cambio de siglas en el Gobierno? ¿Qué nos prometerá el Partido Socialista en su lugar? Los nubarrones vienen negros.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró el pasado sábado que serían necesarias “reformas” en el Estado del Bienestar para su adaptación al contexto actual de la crisis. Como se trata de un tema incómodo, el jefe del Ejecutivo se detuvo ahí, lanzando un difuso y genérico globo sonda, que ha quedado diluido a lo largo de estos días por las distintas tramas de corrupción en las que se encuentra supuestamente sumida la derecha, junto con el calvario que el ilustrado regidor de Valladolid está sufriendo a raíz de su desplante con la nueva ministra de Sanidad.
Dado que, al igual que sucede con la Historia, la Ciencia Económica sigue siendo escrita por los vencedores, es de esperar que el relato neoliberal sobre las causas y las soluciones para la actual crisis continúe gozando de buena salud. De este modo, la “irresponsabilidad” de los Estados al haber incurrido en enormes déficits exigirá de nuevos recortes en las transferencias y servicios públicos. Y nos seguirán recordando que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Pasado el verano, no esperábamos que esto hubiera cambiado.
Más preocupante, por su relativa novedad, resulta la evolución del discurso de los principales dirigentes gubernamentales. A pesar de haber bajado un 5% de media el sueldo de los funcionarios, congelado las pensiones, rebajado el coste del despido y paralizado buena parte de la obra pública, los mensajes del nuevo equipo de Rodríguez Zapatero siguen teniendo la “reforma” como la palabra estrella, de tal modo que esta se ha convertido en la nueva idea-fuerza de los socialistas, más repetida ya que “cambio”, “talante” o “mirada positiva”.
¿Pero a qué se refieren con este nuevo mantra? Es de esperar que si, por ejemplo, no podemos durante dos semanas entrar en la cocina porque nos la están “reformando”, nuestra expectativa sea la de encontrarnos, pasado el plazo, con una habitación mejor y más equipada que la que teníamos en un primer momento. Nuestra reacción sería de protesta, e incluso furia, si comprobáramos que nos han retirado dos hornillas y que la nevera tiene mucha menos potencia. No lo entenderíamos como una “reforma”, o al menos, no aceptaríamos este término para definir lo experimentado. Ni aunque nos repitieran cien veces que es lo que más nos conviene para la próxima década. Tampoco volveríamos a llamar a la misma compañía en una situación similar.
A estas alturas, casi todos nos imaginamos lo que va a suponer la mencionada “reforma” en el Estado del Bienestar: un conjunto de recortes y reducciones de derechos que, además, van a servir para engordar las cuentas del capital financiero, del que dependemos desde hace mucho tiempo. Lo peor es que, a fuerza de tomar medidas impopulares como las citadas anteriormente, nuestros dirigentes parecen haberse convencido mucho más de la necesidad de estas. El lenguaje utilizado para “explicarlas” refleja con más claridad que nunca hasta qué punto las agencias públicas nacionales han devenido en sucursales de las instituciones internacionales y comunitarias. La financiarización colectiva ha venido acompañada de la internacionalización de una jerga al uso, asignatura en la que no suspende ningún Ejecutivo de Occidente.
En “La lengua del Tercer Reich”, el filólogo alemán Victor Kemplerer recordaba que, en uno de los campos de concentración en los que estuvo retenido, uno de sus compañeros, también judío, había recurrido a parodiar el “Mein Kampf” para insultar a los otros presos y desahogarse ante la cercanía de la muerte. La violencia del nazismo se hacía patente también a través de su lengua y su capacidad para penetrar en el cerebro de sus víctimas. Si el lenguaje dominante fue capaz de llegar tan lejos en aquellas circunstancias, ¿qué no hará en tiempos de incertidumbre, cuando se exigen soluciones rápidas bajo mucha presión y no se deja divisar una alternativa clara? No es casualidad que uno de los motivos del cambio de Gobierno sea “comunicar mejor”. Habrá que prestar mucha atención a qué palabras van escogiendo.
Asistí, este jueves, al acto de presentación del libro “Sin mordazas ni velos”, del presidente del partido Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, al que entrevisté hace unos meses. Al margen de los exabruptos que allí se dijeron -”Un musulmán nunca será catalán ni español”, “¡No pasarán!”, “Hay paisajes en Cataluña que son como los de Afganistán”…-, la cita resultaba relevante, por ser la puesta de largo en Madrid del primer partido de extrema derecha con posibilidades serias de conseguir representación parlamentaria, por ahora, en la Generalitat catalana.
Del auge de este tipo de partidos en Europa se ha escrito mucho, pero quizá no hemos prestado la suficiente atención a la patología social que encubren y al mismo tiempo reflejan. Ciertos puntos de vista entienden el avance de estas posturas extremistas como la respuesta violenta de una sociedad que trata de ocultar su fracaso a la hora de integrar a todos sus miembros, independientemente de su procedencia. El criminólogo David Garland, en su libro “La cultura del control”, recurre al psicoanálisis para explicar el fenómeno como un mecanismo inconsciente, complementario de una estructura económica insolidaria: para Garland, los cerca de tres millones de encarcelados en los Estados Unidos rebajan extraordinariamente las cifras de paro en la todavía primera potencia mundial. Es un razonamiento atrevido y transgresor, pero nos da una pista de por dónde pueden estar yendo las cosas.
Esta especie de trastorno de personalidad social -enormemente liberal en lo económico; ultraconservadora y represiva en lo político- viene agravándose a lo largo de las últimas décadas. Con la “revolución conservadora”, protagonizada principalmente por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, después de la crisis 1973-1979, se produjo una importante merma de las transferencias y servicios públicos de bienestar, acompañada por consignas patrióticas y derechistas -la familia como único cuerpo social existente, lucha contra “el Imperio del Mal”, guerra de las Malvinas, etc.-. Unos discursos que trataban de enmascarar el cambio de orden económico que se estaba produciendo tras la quiebra de la “Edad de oro” del capitalismo. La situación actual de crisis, consecuencia de la tendencia iniciada en los años ochenta, ha dejado al Estado del Bienestar en una situación muy precaria, por lo que no es de extrañar que ciertas posturas políticas sean ahora mucho más violentas que cuando los servicios públicos sociales estaban algo menos deteriorados.
Llegados a este punto, nos encontramos en un contexto de recursos públicos muy limitados para la población, un grave problema que podemos exponer de manera sencilla como una división entre dos magnitudes: en el numerador figurarían los servicios y bienes públicos de los que todos nos beneficiamos -sanidad, educación, ayudas, pensiones, espacios públicos, etc.-; en el denominador se encontraría el número de habitantes, nativos o procedentes del exterior. Como las menguantes fuerzas progresistas están siendo incapaces de incrementar el numerador -políticas sociales de expansión del Estado del Bienestar, redistribución de la renta, impuestos a los movimientos especulativos, etc.-, la frustración derivada de ver reducido cada vez más el cociente lleva a la irresistible tentación de hacer más pequeña la cuantía del denominador para que el reparto sea más equitativo.
No es casualidad que, bajo estas circunstancias, proliferen monstruosidades políticas, reflejos de un espejo distorsionador de la realidad: donde vemos burkas, mezquitas peligrosas e islamismo radical, deberíamos también tratar de encontrar unas defensas sociales extraordinariamente bajas y una serie de instituciones y entidades que no están cumpliendo con su deber, sino todo lo contrario. Velos fuera, pero para todos.
