01/11/2011

Día 28 de octubre. Viernes. Por delante hay un bonito puente de varios días hasta el miércoles 2 de noviembre. Todo está en calma. Los viernes no suele haber grandes sorpresas informativas ni políticas. Mas de pronto suena un disparo como un cañón y, ya bien entrada la tarde, los periodistas empiezan a llamar a San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Acababa de conocerse el último pepinazo de la jueza Mercedes Alaya dirigido contra las castigadas murallas del Palacio de San Telmo. Adiós puente. Adiós sosiego. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 dictaba un auto extendiendo a otras consejerías de la Junta sus indagaciones hasta ahora centradas en la Consejería de Empleo sobre la concesión de ayudas a empresas a través de un procedimiento supuestamente ilegal.
Es cierto que la jueza no daba detalles ni argumentaba el por qué de sus sospechas. No era la primera vez que sucedía. Ya ocurrió con aquel otro célebre cañonazo cuyo estruendo aún no se ha apagado del todo en los oídos gubernamentales con el cual Mercedes Alaya le enviaba a la Junta el recado de que le mandara cuanto antes las actas de los consejos de Gobierno de los últimos diez años. Puede que entonces tampoco fundamentara bien su petición, pero lo cierto es que los tribunales le dieron la razón. La jueza será una borde, como creen muchos socialistas en privado, pero la verdad es que sus baterías no disparan al buen tuntún ni la metralla que llevan dentro ha sido adquirida deprisa y corriendo en las tiendas de todo a cien. Sabe dónde dispara y sabe por qué. No sólo tiene buena puntería: tiene buenas razones. Es verdad también que luego el Partido Popular utiliza esos autos judiciales con alguna mala fe y

sobreactuando cuanto puede, pero todo eso no deja de ser parte del juego de la política y es un poco tarde para escandalizarse a estas alturas.
El Partido Socialista y el Gobierno están inermes en el caso de los ERE. Y lo están porque cada vez les es más difícil defender que el procedimiento de concesión de ayudas a empresas era el correcto y estaba bajo control político, jurídico y administrativo. La jueza también desgranaba en ese mismo auto cómo en sólo tres años varias empresas vinculadas al hijo del exalcalde socialista de El Pedroso, José Enrique Rosendo, habían recibido casi 14 millones de euros en ayudas públicas. La información del auto era muy detallada. Pólvora de primera calidad. Pero han pasado varios días y nadie del Gobierno ni del partido ha sido capaz de dar una explicación convincente e igualmente detallada defendiendo la legalidad y la legitimidad de esos 14 millones. Nadie. Mal asunto.