Si no supiéramos que los jueces son, por definición, gente que no hace política cuando ejercen de jueces, sospecharíamos que suelen más bien favorecer a la derecha. Tal vez ocurra, simplemente, que cuando los partidos se disputan en el terreno de juego de la Justicia la derecha siempre juega en casa porque los jueces españoles son más bien de derechas. Es cierto que ellos proclaman airados una y otra vez que son independientes y que sus decisiones son estrictamente técnicas. Puede ser, pero nos quedan dudas.

La madre de todas las dudas sigue siendo, cómo no, la condena por prevaricación al juez Garzón, a propósito de la cual se ha puesto poco énfasis en el hecho crucial de que fuera dictada por unanimidad. En verdad, el más sólido e inexpugnable argumento en defensa de fallo ha sido esa unanimidad. Mucho más incluso que el fallo mismo. Lo llamativo, por excepcional, es que la Sala de lo Penal del Supremo ha sido el único espacio de reflexión judicial en que no ha habido dudas ni discrepancias sobre la actuación de Garzón, y ello cuando las páginas de los periódicos de medio mundo están llenas de artículos de fondo en los que, independientemente incluso de su color político, los distintos autores discrepan y mucho sobre si Garzón cometió o no prevaricación, si bien se inclinan más bien a que pudo equivocarse pero no prevaricar. En el Supremo, en cambio, no se dieron esas discrepancias. Los siete jueces pensaban igual. En un caso tan controvertido esa unanimidad es jurídicamente llamativa, y ello la hace políticamente sospechosa.

El otro caso bajo sospecha es la actuación de la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía. Los motivos de la jueza para llamar o no llamar a declarar a unos imputados u otros son imposibles de entender en estricta clave jurídica. Su última decisión ha sido llamar a declarar al principal imputado, el exdirector general Javier Guerrero, y a su chófer, sólo unos días antes de las
elecciones del 25-M. El tema estrella de esas declaraciones será cuánto dinero público de los andaluces se gastaron ambos en cocaína. La jueza bien puede argumentar que ella no tiene por qué tener en cuenta la campaña electoral, pero comportarse como si esta no existiera es llamativo. A la juez no parece preocuparle que la Justicia, además de ser justa, deba parecerlo. Está en su derecho de no preocuparle, pero entonces los demás también estamos en nuestro derecho de alimentar las sospechas de que su comportamiento y sus calendarios no son ajenos a la política.