Al sur a la izquierda

Investiga, que algo queda

La comisión parlamentaria de investigación de los ERE no ha empezado con el mejor pie posible. Ha empezado con muchas preguntas pero ninguna respuesta. Para los más pesimistas lo ocurrido en la primera jornada es un augurio de lo que sucederá durante las dos semanas de comparecencias previstas: que la comisión no aclarará nada. Para quienes todavía confían, siquiera vagamente, en la política, la comisión puede hacer a la ciudadanía el buen servicio consistente en demostrar que las comisiones de investigación sirven para algo. ¿Y para qué puede servir esta cuyos trabajos han comenzado hoy en el Parlamento de Andalucía? Incluso aunque no llegue a ninguna conclusión penal ni política relevante, la comisión servirá para obligar a responder ante el incómodo tribunal del pueblo soberano a las personas que tuvieron responsabilidades políticas e institucionales mientras ocurrió el vergonzoso espectáculo consistente en el reparto de millones de euros de dinero público sin control político ni administrativo digno de tal nombre.

No se trata de que comisión se dedique a demonizar las ayudas como tales a empresas en crisis ni de que se empeñe en demostrar si el procedimiento de concesión de tales ayudas era legal o ilegal. Ese trabajo corresponde a otros. De lo que se trata es de determinar con el mayor grado de precisión y decencia posibles por qué un cargo público podía regalar dinero a su antojo sin que nadie se enterase ni echase en falta jamás ese dinero, cuyo descubrimiento tuvo lugar por pura casualidad y mientras se investigaba otra cosa; por qué otros cargos públicos incluyeron a familiares y amigos en ERE de empresas en las que jamás trabajaron; por qué se ayudó generosamente a unas empresas y no a otras; por qué había que financiar el ERE, pongamos por caso, de un restaurante en particular cuando muchos otros de igual o mayor tamaño cerraban las puertas sin más; por qué no se controló si las empresas que habían recibido ayudas utilizaban el dinero de manera no sólo legal, sino también eficiente; por qué la Cámara de Cuentas, el Parlamento o incluso el propio Gobierno en el mejor de los casos no se enteraron absolutamente de nada, comportándose como lo habían hecho los numerosos y bien dotados organismos de seguridad nacional de Estados Unidos cuando ante sus mismísimas narices se estaba planeando el mayor ataque terrorista de toda la historia en suelo norteamericano sin que lograsen enterarse de nada, en el mejor de los casos, o incluso sin hacer nada pese a haberse enterado, en el peor de ellos.

Por lo demás, no hay que preocuparse demasiado de que los imputados por la juez Alaya no quieran declarar ante la comisión parlamentaria. Entraba dentro de lo previsible y es coherente con el derecho de defensa de los implicados. No hay que preocuparse porque todos los citados que están en la política activa, esos sí que declararán. Por la cuenta que les trae. Porque no les quedará más remedio. Porque no tendrán excusa alguna para no hacerlo.

Los socialistas insisten en que el problema se reduce a cuatro sinvergüenzas que se aprovecharon de un procedimiento administrativo a todas luces mejorable para traicionar la confianza de quienes los habían nombrado. Pero los socialistas saben, o deberían saber, que no es ese el problema. Que el caso no se circunscribe a Guerrero y sus amigos, sino que concierne al funcionamiento mismo de toda una Administración Pública.

No es muy verosímil, como cree la juez Alaya, que en la cúspide de la Junta se planeara un procedimiento de concesión de ayudas a todas luces ilegal que permitiría dar dinero sin control a las empresas e instituciones amigas del Partido Socialista. Más creíble es que la liviandad del procedimiento administrativo, concebido tal vez como un hábil y poco escrupuloso atajo para sortear engorrosas burocracias, favoreciera primero la discrecionalidad, luego la arbitrariedad, más tarde el amiguismo y finalmente la ilegalidad. Pues bien: para esclarecer todo eso tiene que servir la comisión de investigación. Y para señalar con el dedo a quienes no hicieron bien su trabajo. Y si más tarde alguno de ellos es también señalado no sólo con el dedo sino con la cárcel, si no de la política y la justicia, al menos de ciertos políticos y de ciertos jueces podremos decir orgullosos que han hecho bien su trabajo.

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