La crisis desencadenada en la Fundación Ideas a raíz de conocerse los mamoneos de su director Carlos Mulas no puede saldarse con la destitución, ya hecha efectiva, del fino intelectual y astuto emprendedor que venía dirigiéndola. Jesús Caldera, vicepresidente ejecutivo de Ideas, cuya financiación es fundamentalmente pública, tiene que dimitir. Y tiene que hacerlo por cualquiera de estas dos razones: porque lo sabía o porque no lo sabía.

Si, como ha desvelado el diario El Mundo, el ya exdirector llegó a facturar hasta 3.000 euros por alguna de esas piezas firmadas una supuesta colaboradora que en realidad era él mismo y que con ese procedimiento llegó a cobrar de la fundación no menos de 50.000 euros en un par de años, si eso es así, y la propia fundación no ha desmentido que no lo sea, su vicepresidente ejecutivo tenía la obligación de conocer que Ideas estaba abonando unas tarifas absolutamente disparatadas a alguien absolutamente desconocido.

Digámoslo de otra manera: si Jesús Caldera hubiera sido el director ejecutivo de una empresa de su propiedad, en la cual se hubiera jugado su propio dinero y no el dinero público, jamás habría dado el visto bueno a prácticas como las que desplegaba con tanto desparpajo Carlos Mulas, y es seguro que no habría pagado esos precios tan escandalosamente superiores a los precios de mercado. Caldera no vigilaba de cerca (ni de lejos) las cuentas, las tarifas y la gestión de la Fundación Ideas sencillamente porque podía no hacerlo: porque en este país suele salir gratis no vigilar el dinero de todos con el mismo celo con que todos vigilamos el dinero propio.

¿Que Mulas no es Bárcenas? Vale, no lo es. ¿Que el escándalo de Ideas no es el escándalo Gürtel? Vale, tampoco lo es. ¿Que siendo director de Ideas no se prospera, ni de lejos, lo que se prospera siendo tesorero del PP? De acuerdo, no se prospera. Pero hay algo común en ambos casos, y en realidad en todos los casos de corrupción política: hay una relación personal y profesional con el dinero público como si este no fuera de nadie, como si al robarlo, despilfarrarlo o administrarlo con ligereza no se perjudicara a los ciudadanos de los cuyos bolsillos proviene ese dinero. Por eso tiene que irse Caldera.