Han tenido suerte los tipos imputados en el caso Gürtel. Si en vez de haberles tocado en suerte los sucesivos jueces que han investigado la trama de corrupción del Partido Popular les hubiera tocado la jueza de Sevilla Mercedes Alaya más de uno y más de dos y más de tres habrían acabado con sus huesos en la cárcel. A la jueza Alaya no le tiembla el pulso a la hora de dictar órdenes de prisión. Ayer dictó otra más y puede que hoy incremente el cupo. Es llamativa, no obstante, la orden de reingreso en prisión del exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, en libertad bajo fianza de 50.000 euros tras sucesivas rebajas a la fianza inicialmente impuesta por Alaya. Las razones que han trascendido de esta segunda prisión son: que Guerrero puede destruir pruebas y que hay riesgo de fuga. Sin embargo, hasta donde se sabe, ni Guerrero tiene medios (conocidos hasta ahora) para fugarse con posibilidades de éxito ni parece verosímil que, durante los meses que ha estado en libertad, no haya destruido pruebas importantes que pudieran inculparlo.

¿Es la jueza Alaya la más rápida en disparar su revólver cargado de autos de prisión? Tal vez. La decisión de encarcelar en su día al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, hoy en libertad bajo fianza, pudo ser precipitada y, en todo caso, fue excesiva. Si Fernández queda finalmente absuelto esa absolución jamás podrá reparar el pavoroso daño ocasionado por su orden de encarcelamiento. ¿Ha cometido la jueza otros excesos en su, por otra parte, meticulosa instrucción? Tal vez: ni se ha preocupado de salvaguardar el secreto del sumario, retransmitido en directo por los medios andaluces durante meses y meses, ni debió exigir al Gobierno andaluz las actas de los Consejos de Gobierno ¡de diez años! Si Baltasar Garzón hubiera planteado una exigencia como esa no es improbable que le hubiera costado la carrera judicial.

Pues bien, siendo todo esto importante y aunque todo ello sea cierto, en verdad palidece ante lo fundamental: y lo fundamental es que la jueza Alaya está haciendo todo lo posible por esclarecer la verdad, y eso es lo que queremos los ciudadanos de cualquier juez. Alaya quiere saber qué pasó con las ayudas y los ERES fraudulentos, quiere saber cómo pasó, por qué pasó y quiénes hicieron posible que pasara. Muchos socialistas andaluces sostienen en privado que no les gusta Alaya por los excesos cometidos en su instrucción, pero en realidad no es por eso: no les gusta porque sin su tenacidad, su empecinamiento y su ciega determinación de investigar hasta el final, nunca habría habido caso ERES. Aun con todos los errores que haya podido cometer o cometa en el futuro, muchos ciudadanos estarían encantados de que todos los grandes casos de corrupción política y económica fueran investigados con la misma meticulosidad, el mismo celo y hasta la misma obsesión con que Alaya está investigando el suyo.