Ha transcurrido un año desde las elecciones autonómicas y en Andalucía apenas ha sucedido nada. Aunque parezca paradójico, en eso ha consistido el éxito del Gobierno de coalición formado por el Partido Socialista e Izquierda Unida: en que no ha pasado nada, en que Andalucía no está mucho peor que el año pasado, pues hoy la mejoría no consiste tanto en mejorar propiamente como en no empeorar. Esa es probablemente la principal razón de que ambas formaciones aguanten bien en las encuestas, sobre todo en comparación con la dura caída experimentada por el Partido Popular.

El mérito de la coalición gobernante que dirige José Antonio Griñán no es haber hecho muchas cosas, que obviamente no las ha hecho, sino haber impedido que sucedan algunas otras. ¿Cuáles? Principalmente, reducir al mínimo el impacto social y laboral de los recortes presupuestarios impuestos por Bruselas y Berlín al Gobierno de España. En Andalucía también se ha reducido empleo público, pero mucho menos que en otras partes, y las prestaciones sanitarias y educativas apenas se han visto mermadas.

El éxito total del Gobierno de izquierdas habría sido quedarnos exactamente como estábamos hace un año, pero tal cosa no ha sido posible. Y aun así es preciso reconocerle a la Junta de Andalucía el mérito de haberlo intentado, al menos en algunas cosas: intentó, por ejemplo, una convocatoria de oposiciones de enseñanza con un número decente de plazas, pero el Gobierno central la frenó en seco; intentó, por ejemplo, una subasta de principios activos para abaratar los medicamentos, pero el Gobierno central la frenó en seco.

Y mientras aquí apenas ha sucedido nada, en otras comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha o Valencia han sucedido demasiadas cosas. Ha sucedido, por ejemplo, que centenares de trabajadores de empresas públicas como Tele Madrid o Canal Nou han sido despedidos. Aunque no pocos trabajadores de Canal Sur tiendan a olvidarlo, si la derecha hubiera gobernado en Andalucía no es improbable que aquí hubiera sucedido lo mismo.

Por supuesto que el Gobierno andaluz no ha frenado la sangría del paro. Ni ha hecho nuevas inversiones. E incluso ha frenado algunas, como las obras del nuevo cauce del arroyo Argamasilla, que inunda Écija cada vez que llueve con ganas. Algún cráneo privilegiado de la Junta debió pensar que esa obra que no era demasiado urgente y de nuevo este año Écija ha estado en todos los telediarios.

¿Qué margen le queda al Gobierno andaluz para hacer en su segundo año algo más que conseguir que nos quedemos como estábamos? No mucho. El más importante seguramente es una buena ley de transparencia, una ley creíble y verdadera que haga la gestión y las cuentas de la administración andaluza, de los partidos políticos y de los agentes sociales mucho más accesible y mucho comprensible a los ciudadanos. Lo bueno que tiene hacer una buena ley de transparencia es que no cuesta dinero. Lo malo que tiene es que cuesta poder. No todo el poder, pero sí un poco de poder, y eso nunca es agradable para quien tiene el poder. Un año logrando que la Virgencita, Virgencita lo deje a uno como estaba, vale, bien, tiene pase. Dos años sería demasiado. Y un tercero sería letal.