Al sur a la izquierda

Cautela, prudencia, miedo

La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha sido la primera en decir lo que piensa el cien por cien del Gobierno regional y no menos del noventa por cien de los dirigentes y militantes del PSOE: que los exconsejeros de Trabajo José Antonio Viera y Antonio Fernández tienen una clara e indiscutible responsabilidad política en el caso de los ERE. Durante los mandatos de ambos fueron desviados al menos 136 millones de euros. No 700 ni 1.200 como dice la oposición del Partido Popular, pero sí 136, que contablemente es una cifra mucho menor, pero que políticamente es igual de grave que si hubiera sido ocho o diez veces mayor.

Fue sincerarse la consejera Aguayo, a preguntas de la terca periodista de Canal Sur Televisión Mabel Mata, y empezar a salir por todas partes portavoces oficiales, oficiosos y libres para decir eso que siempre se dice cuando uno no sabe qué decir: que Aguayo hablaba a título personal y no como miembro del Gobierno. La dirección del partido, por su parte, hace lo que puede para que se note lo menos posible el abismo entre lo que piensa todo el mundo y lo que esa dirección dice públicamente que piensa, y que no sólo no coincide con lo que piensa todo el mundo, sino que ni siquiera coincide con lo que ella misma piensa.

Basta, por otra parte, leer entre líneas y escuchar entre frases al propio presidente José Antonio Griñán o a su número dos Susana Díaz para advertir que no piensan algo muy distinto de Aguayo, aunque ninguno de los dos lo diga. ¿Por qué entonces no admiten abiertamente de una maldita vez lo que todo el mundo sabe que es verdad, que la responsabilidad de Viera y Fernández es lo mínimo que se despacha en cualquier mercado democrático donde las balanzas no estén trucadas? ¿Por responsabilidad? ¿Por prudencia? ¿Por cautela? ¿Por miedo? Casi con toda seguridad por miedo, aunque ellos  prefieran llamarlo prudencia. En política, al miedo suelen llamarle prudencia. Señalar con el dedo a los tuyos siempre es arriesgado. El Partido Popular lo sabe bien. Tan bien que lleva semanas haciendo malabarismos retóricos, situados a medio camino entre el cinismo y el ridículo, para no hacer lo que todo el mundo en el PP sabe que tendría que hacer: señalar a Bárcenas con el dedo.

En el caso de los ERE no es que Viera ni Fernández, al contrario que Bárcenas, tengan pruebas que incriminen a otros miembros de este Gobierno o de los anteriores. Pero si se ven acorralados por sus compañeros, se sentirán libres para decir cuanto se les antoje, sea cierto o no, y elevar así la responsabilidad política del caso hasta el propio Griñán. ¿Podrían hacerlo? Podrían. ¿Serían creíbles? Lo serían. Y no sólo porque los medios de la derecha serían un generoso altavoz de sus acusaciones, sino porque llovería sobre mojado. Porque a estas alturas la gente está dispuesta a creer cualquier cosa que se diga de una Administración en la que unos cuantos tipos se han pasado diez años robando sin que nadie se enterara.

El PSOE andaluz acabará, pues, haciendo responsables políticos a Fernández y Viera, si bien, el que de verdad cuenta es este último porque sólo él sigue en la política activa. Pero lo hará cuando ya no tenga valor político alguno hacer tal cosa. El día en que Viera sea imputado, y sin duda lo será, señalarlo públicamente con el dedo será irrelevante. Irrelevante políticamente, pero irrelevante también éticamente. ¿Por qué? Porque alguien se habrá ya adelantado a hacerlo. Porque, de nuevo, la justicia le habrá hecho el trabajo a la política.

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