Un banco a punto de ser rescatado se parece a una familia a punto de ser desahuciada en que ambos han contraído una deuda que no pueden pagar. Sin embargo, mientras en el primer caso el Estado sale en auxilio del deudor cubriendo sus números rojos con dinero público y en los términos que marca la ley, en el segundo el Estado se limita a asegurarse de que la familia deudora sea expulsada de su casa también en cumplimiento estricto de lo que marca la ley.

Lo que Andalucía ha buscado esta semana con su decreto sobre vivienda es suavizar un poco ese desequilibrio salvaje en el modo en que el Estado trata a unos deudores y a otros. Quienes sostienen que si el Estado no cubre la deuda de los bancos el sistema financiero se hunde sin remedio aseguran también que si el Estado se hiciera cargo de la deuda de las familias que van a ser desahuciadas el sistema se hundiría igualmente sin remedio, de manera que lo que en un caso sirve para salvar el sistema en el otro sirve para hundirlo.

Lo más bolchevique que hace la ley andaluza es expropiar durante tres años al banco o la inmobiliaria el uso de la vivienda cuya hipoteca no es capaz de pagar la familia que la ocupa. De esa manera la familia gana tres años para rehacerse y el banco los pierde para revender la vivienda. Sostener que eso es inconstitucional, que crea inseguridad jurídica y que espanta a los inversores extranjeros parece mucho sostener.

Y es que lo que en verdad les molesta del decreto andaluz a los críticos más feroces del mismo no es que pueda ser ilegal, sino precisamente todo lo contrario: que pueda ser legal. Porque si el decreto impulsado por la consejera Cortés fuera legal entonces eso significaría que la Política le había ganado una importantísima batalla al Dinero, significaría que alguien por fin había conseguido abrir una brecha en la muralla, de forma que los señores de la ciudadela empezarían por una vez a inquietarse.

Y si el decreto fuera legal, entonces lo que querrían por encima de todo sus detractores es que fuera inútil. Si no ganamos con la legalidad, que ganemos al menos con la realidad, dicen para sí las derechas. Aunque para sus impulsores ya sería un éxito que el decreto no tuviera problemas de legalidad ni constitucionalidad, la verdadera victoria solo puede venir de que la brecha abierta en la muralla sea lo bastante holgada como para que por ella puedan introducirse en el futuro nuevas y más poderosas armas políticas y jurídicas con las que tomar la ciudadela. Está bien que el decreto pase la prueba de la legalidad, pero también tiene que pasar la prueba de la realidad.