Con la interminable reforma del sistema financiero, a los españoles llevan cuatro años tomándonos miserablemente el pelo. Ahora Rajoy y antes Zapatero han defendido siempre que el salvamento de la banca era una condición imprescindible para salir de la crisis y que no iba a costarnos ni un solo euro. Pero el hecho cierto es que el Estado le ha dedicado cuantiosos recursos de difícil recuperación, sin que a día de hoy se vea por ninguna parte la prometida fluidez del crédito.

La quiebra en cadena de un buen número de cajas de ahorros y del Banco de Valencia se ha comido ya más de 20.000 millones de euros, cifra que daría de sobra para pagar el año próximo la mitad de los intereses de la deuda. No se incluye ahí el capital necesario para reforzar la maltrecha solvencia de las tres entidades controladas por el FROB (Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa), que las pruebas de estrés dirigidas por la consultora Oliver Wyman han fijado en otros 46.000 millones.

Para hacer frente a estas necesidades -y a las que sobrevengan- el Gobierno tuvo que pedir en junio a la Unión Europea un anticipo en toda regla del previsible rescate integral del país, por más que se le disfrazara con el eufemismo de "asistencia financiera". Según De Guindos, finalmente sólo hará falta utilizar 40.000 de los cien mil millones de euros concedidos entonces, de los que, por cierto, no responden sus propios destinatarios, sino el conjunto de los españoles.

Hasta que Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa o sus futuros dueños estén en condiciones de devolverlo -suponiendo que lo estén alguna vez-, ese dinero pesará como una losa sobre las cuentas públicas y nos obligará a realizar nuevos esfuerzos. Cosa que tenemos que agradecer a los gestores que se llenaron los bolsillos gracias a una insensata política de crédito y a las autoridades que tan poca diligencia han mostrado por prevenir y castigar los desmanes cometidos por ellos.

Las consecuencias de esos desmanes se van a intentar diluir en la nueva Sociedad de Gestión de Activos; es decir, en el banco malo, bajo cuya alfombra quedará oculta durante una temporada la abundante basura que todavía existe en los balances de los bancos. Tendrá 15 años para deshacerse de ella y recuperar lo invertido, en una operación que De Guindos asegura que acabará siendo rentable por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta.

Si así fuera, lo que no se entiende es el empeño del Gobierno por dar entrada a inversores privados en las sociedad, salvo que nos encontremos ante otro descarado caso de privatización de beneficios y socialización de pérdidas.