Aquí no se fía

Los pensionistas, rehenes de Rajoy

Las continuas evasivas del Gobierno sobre la revalorización de las pensiones en 2012 sólo pueden responder a su empeño en regatearle, una vez más, la verdad a los españoles. Esta misma semana, durante la sesión de control en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría volvió a irse descaradamente por los cerros de Úbeda cuando le preguntaron si habrá paga compensatoria para los jubilados a final de año. No despejó ninguna duda, pero -eso sí- se dio el gusto de restregar por la cara a los socialistas el Plan E puesto en marcha por Zapatero y cuya ejecución acaba de reprobar el Tribunal de Cuentas. Como si aquel fallido intento de reanimar la economía en 2009, mediante la movilización de 8.000 millones para obras públicas en el ámbito local, tuviera la culpa de que las pensiones vayan a quedarse ahora por debajo de la subida del coste de la vida.

Para evitar semejante quebranto, desde finales de los noventa está fijada por ley una actualización automática que depende del IPC de noviembre y que se activa en el caso de que la tasa anual de inflación supere lo inicialmente previsto. Zapatero dejó en suspenso la norma durante 2011 como parte de su programa de consolidación presupuestaria. Sin embargo, en principio, este año debería aplicarse de nuevo, teniendo en cuenta además que el indicador de precios se ha puesto por las nubes, a causa sobre todo de la reciente subida del IVA y del encarecimiento de los carburantes. El problema es que el coste sería muy alto para las paupérrimas arcas del Estado: unos 5.000 millones de euros en números redondos si se toma como referencia el IPC de septiembre (3,4%), dado a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística.

Probablemente, la decisión de no revalorizar las pensiones está más que tomada; entre otras cosas, porque así se le ha exigido a Rajoy desde Europa. Pero el Gobierno no tiene el menor propósito de descubrir sus cartas hasta el último momento, porque  hay convocadas tres citas electorales a las que el PP prefiere comparecer sin ese  lastre. No en vano, sólo en Galicia están llamados a las urnas unos 700.000 jubilados, cuya desafección daría definitivamente al traste con cualquier posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo revalidara su mayoría absoluta. Eso infligiría un doble revés para Rajoy, que perdería poder territorial por primera vez desde que llegó a la Moncloa y suspendería el test en que se han convertido las autonómicas gallegas para el conjunto de sus políticas.

Aunque el cálculo electoral esté a la orden del día, lo verdaderamente irritante es que rija el comportamiento de un presidente empeñado -según dice- en velar por "el interés general de los españoles" y que, por propia conveniencia, ha tomado como rehenes a los pensionistas hasta noviembre. Por lo que se ve, le trae completamente al fresco su comprensible inquietud, después de un año lleno de malas noticias. A fin de cuentas, son ellos los más perjudicados por algunos recortes, como el de los medicamentos o el de dependencia, que han impactado de lleno en la línea de flotación de su economía, en general muy maltrecha.

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