Poco a poco, como si respondiesen al guión de una novela negra, el Gobierno y el Banco de España van desvelando los elementos de la trama de eso que se ha dado en llamar el banco malo. La sociedad encargada de absorber los activos tóxicos del sistema financiero ya tiene nombre (Sareb) y un horizonte vital de quince años, en los que deberá desprenderse de toda la basura que haya comprado. La Sareb adquirirá inmuebles, suelo y préstamos a promotores a un precio medio del 37% respecto del valor al que están contabilizados en los balances de los bancos. Así, el sector se liberará de uno de los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria y en teoría –sólo en teoría– debería volver la necesaria fluidez del crédito.

 
Eso, la vuelta del crédito, que las empresas llevan cinco años esperando vanamente como agua de mayo, ha sido el gran pretexto de los gobiernos –ahora el de Rajoy, antes los de Zapatero– para sanear la banca con cargo al bolsillo de todos los españoles. Desde que su pésima situación salió a la luz en marzo de 2009, a raíz de la intervención de Caja Castilla La Mancha, hemos puesto a disposición del sistema financiero la friolera de 21.000 millones de euros, cuya recuperación, siquiera parcial, es más que dudosa. Un dinero que hubiera podido evitar no pocos recortes y que la banca ha cogido con una mano mientras con la otra ejecutaba crueles desahucios contra la misma ciudadanía que le ayudaba.

 
De momento, el esfuerzo no ha dado fruto alguno, porque el grifo del crédito sigue seco, y hace falta una fe a toda prueba para creer que las cosas vayan a cambiar con la próxima puesta en marcha de la Sareb. La liquidación de los activos tóxicos es condición necesaria, pero no suficiente, para que vuelva a prestar una banca que, de la insensata política de barra libre de los años de expansión, ha pasado a moverse en un clima de obsesiva desconfianza. Hará falta mucho tiempo hasta que se desvanezca ese clima, en particular si el Gobierno persiste en los ajustes indiscriminados y se abstiene de tomar medidas que contribuyan al crecimiento. Porque es verdad que sin crédito no hay actividad ni empleo, pero mientras las perspectivas sean tan malas y tan alto el riesgo de no recuperar lo prestado, parece evidente que tampoco habrá crédito.

 
De ahí el temor a que la Sareb sea un nuevo intento fallido, a que deje los balances de los bancos más limpios que una patena y los ciudadanos no ganemos nada a cambio. O, lo que es peor, que esa sociedad sólo sirva para llenar los bolsillos de los inversores privados a los que se ha invitado a entrar en el capital ofreciéndoles una rentabilidad nada menos que del 15% al año. Si la Sareb va a ser un negocio tan bueno, si por otros procedimientos resultará muy difícil resarcir a los contribuyentes, ¿por qué no se la queda íntegramente el Estado? ¿Acaso tendremos que asistir impotentes, por enésima vez en esta crisis, a que se socialicen las pérdidas y se privaticen las ganancias? Después de esto, ¿con qué derecho seguirán criminalizando el Gobierno, el PP y el coro mediático de la derecha a los españoles que de vez en cuando se echan a la calle para manifestar una indignación más que justificada?