13 noviembre, 201213 noviembre, 2012

Desde que fue anunciada por los sindicatos, la derecha política, mediática y económica no ha cejado en su empeño de deslegitimar la huelga general. Lo está haciendo, además, con una serie argumentos que, cuando no son mentiras descaradas, encierran puras y simples falacias.

 
La huelga general es inoportuna. En un país al borde de los seis millones de parados, con cada vez más ciudadanos por debajo del nivel de la pobreza y la protección social en franco retroceso por culpa de los reiterados hachazos presupuestarios, ¿no es pertinente la protesta? En un país donde no se repara en gastos a la hora de salvar a la banca de sus propios errores, pero los gobiernos se tientan la ropa antes de rescatar a las personas, ¿no hay motivos para la huelga? En un país, en fin, que lleva dos años y medio siendo pasto de políticas que imponen duros sacrificios a los más débiles, sin que a día de hoy hayan arrojado el más mínimo resultado positivo a cambio, ¿los españoles tienen que quedarse callados y en casa? ¿Cuándo será oportuna una huelga general? ¿Cuando las cosas vayan de nuevo bien y volvamos a nadar en la abundancia?

 

La huelga general no sirve para nada. Eso, obviamente, todavía está por ver. Es más: algunas huelgas generales no muy lejanas sí han servido para los fines que perseguían sus convocantes. Por ejemplo, la del 20 de junio de 2002 contra la reforma de la protección por desempleo, conocida como el decretazo. Poco después de la huelga, José María Aznar destituyó al ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, y puso en su lugar a Eduardo Zaplana. A partir de ese momento, se abrió una negociación con los sindicatos mayoritarios que permitió limar los aspectos más controvertidos de la reforma. Por cierto: cinco años después, en 2007, el decreto sería declarado inconstitucional, al no estar justificada la "urgencia" y la "extraordinaria necesidad" que el Gobierno alegó para utilizar ese procedimiento.

 
La huelga general es política. Por supuesto: todas las huelgas generales lo son, porque con ellas se intenta influir en decisiones políticas. Desde la del 20 de junio de 1985 contra el recorte de las pensiones por Felipe González, ninguna de las siete celebradas en España han tenido un objetivo distinto. Pero el carácter político no es privativo de las huelgas generales: también impregna otro tipo de movilizaciones, como las que se prodigaron durante los primeros tiempos del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. La estrategia antiterrorista del Gobierno, la ampliación del aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron escarnecidos una y otra vez en la calle, con el apoyo más o menos explícito del PP. Quienes ahora se rajan las vestiduras no se quejaron entonces de la evidente inspiración política de esas manifestaciones de la derecha.

 
La huelga general perjudica la imagen de España. ¿Más que la creciente cola del paro? ¿Más que los suicidios provocados por los desahucios? ¿Más que el saqueo de las cajas de ahorros por los mismos directivos que las han quebrado? ¿Más que un Gobierno que nunca se sabe por dónde puede salir y que siempre parece superado por los acontecimientos? ¿Más que la ausencia de una alternativa política consistente, porque el principal partido de la oposición es incapaz de ofrecer a la sociedad una propuesta creíble, debido a sus colosales errores del pasado? Aunque perjudicara la imagen de España, la huelga general no sería más que una gota de agua en el océano de nuestro descrédito y, al menos, tiene el valor de las causas que están justificadas.