20 noviembre, 201219 noviembre, 2012

La mezquina moratoria recientemente concedida a las familias en riesgo de desahucio ha puesto de manifiesto, una vez más, la escasa autonomía política del Gobierno. Son tan estrictas y arbitrarias las condiciones para acogerse a esa moratoria que, a la hora de la verdad, los dos años de gracia pueden quedar en simple papel mojado. De hecho, ninguna de las personas que se han quitado hasta ahora la vida, ante la insufrible perspectiva de perder su casa, hubiera podido beneficiarse de la nueva normativa.

 
Precisamente fue la alarma social causada por esos suicidios lo que movió al Gobierno a ofrecer un pacto al PSOE para frenar los desahucios, que aumentan a razón de más de 500 diarios. Sin embargo, Mariano Rajoy ha acabado defraudando las expectativas creadas, incapaz de soportar las fuertes presiones de Bruselas y de la propia banca. Desde ambos frentes se argüía que una moratoria generosa podía incentivar los impagos, como si poner en peligro el techo bajo el que habitan fuera plato de buen gusto para los ciudadanos.

 

En España, los índices de morosidad han sido siempre muy bajos y, aún hoy, con la que está cayendo, atienden puntualmente sus pagos más del 90% de los titulares de créditos hipotecarios. Por nuestra arraigada cultura de la propiedad, perder la vivienda constituye un drama, además de un timbre de desprestigio social, y hay quien prefiere privarse de cualquier otra cosa antes que caer en eso. Sólo en ocasiones extremas, cuando ya no queda alternativa ninguna, nos sometemos al ominoso y cruel proceso de desahucio.

 
Por eso, el miedo a una avalancha de impagos derivada de la moratoria es totalmente infundado, a no ser que la situación económica española vaya todavía a peor. Si el paro continúa creciendo al ritmo de los últimos cuatro años y el Gobierno persiste en políticas que abonan la depresión, entonces sí puede haber un problema gravísimo de morosidad. Y seguramente en ello pensaban Bruselas y la banca cuando apremiaron a Rajoy para que la anunciada moratoria quedara en agua de borrajas.

 
El Gobierno, para justificar su tibieza, ha explicado que ir más allá sería una insensatez, pues hay que preservar a toda costa la estabilidad del sacrosanto sistema financiero. O sea, el mismo pretexto que se viene utilizando desde que estalló la crisis para salvar a la banca con nuestro dinero, sin que a cambio ni siquiera vuelva a fluir el crédito. Lo que no parece entender el Gobierno es que, más que la del sistema financiero, resulta imprescindible preservar la estabilidad social, hoy seriamente comprometida y cuyo colapso –ese sí– tendría insospechadas consecuencias para España.