11 diciembre, 201211 diciembre, 2012

El reciente encarcelamiento de Gerardo Díaz Ferrán por delitos penados con hasta 16 años de prisión constituye un duro golpe para CEOE, de la que fue presidente durante tres años y medio, entre junio de 2007 y diciembre de 2010. Es verdad que la organización nada tiene que ver con los fraudulentos manejos atribuidos a Díaz Ferrán antes y después de la quiebra de Marsans, el grupo turístico del que era copropietario. Pero no es menos cierto que, durante mucho tiempo, la inmensa mayoría de los dirigentes de la patronal no dudaron en darle amparo y cobertura, alegando que Díaz Ferrán era sólo uno de tantos empresarios caídos por culpa de la crisis económica.

 
Pese al lastre que representaba, pasaron meses desde que se conocieron sus andanzas hasta que Díaz Ferrán fue invitado a dejar la presidencia de CEOE, cosa que hizo –por cierto– de ostensible mala gana. Para entonces ya era público y notorio que él y su socio habían pagado con cheques sin fondos a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, habían seguido vendiendo billetes de Air Comet después de cerrarla y habían utilizado indebidamente dinero que en realidad pertenecía a sus proveedores. Ni siquiera la turbia venta de Marsans al liquidador profesional Ángel de Cabo, por la que ahora se juzga a ambos, animó a Díaz Ferrán a abandonar el cargo por voluntad propia e irse a su casa.

 

Esa desvergüenza sólo podía obedecer a su creencia de que la presidencia de CEOE le proporcionaba un confortable abrigo ante la tempestad judicial a la que tendría que enfrentarse si salían a la luz sus presuntos delitos. Y es comprensible que, por simple instinto defensivo, Díaz Ferrán se condujera así, aun a riesgo de arrastrar a la patronal en su caída. Lo que cuesta entender es que sus compañeros de CEOE se lo permitieran, a sabiendas de que el comportamiento de Díaz Ferrán era claramente perjudicial para la imagen de la organización y para los miles y miles de empresarios de toda España a los que representa.

 
La misma impasibilidad demostraron esos dirigentes cuando se supo -a través de Público- que Díaz Ferrán, mediante aportaciones a Fundescam, había contribuido a financiar subrepticiamente la campaña electoral que llevó a Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid, después del escándalo del tamayazo. Nadie pidió explicaciones y mucho menos le afeó su conducta en los órganos de gobierno de CEOE, cuya inhibición fue reveladora de la benevolencia con la que algunos despachan todavía este tipo de asuntos... o del respeto reverencial que el poder les produce.

 
Por ello, resulta sarcástico que Arturo Fernández, vicepresidente de CEOE, líder de los empresarios madrileños y cuñado suyo por más señas, intente marcar distancias ahora con Díaz Ferrán. Como si lo que le está ocurriendo fuese un problema estrictamente privado, como si se tratara de una simple anécdota en el movimiento empresarial, como si CEOE no hubiera dado alas a las fechorías de Díaz Ferrán con su silencio.