Con la tenacidad de un concienzudo aizkolari, Rajoy da muestras cada día de su inquebrantable propósito de derribar el Estado del bienestar a base de hachazos. Desde que Zapatero abrió la veda de los recortes en mayo de 2010, las políticas sociales han sido desposeídas, progresiva e implacablemente, de buena parte de su financiación. Al menos 15.000 millones de euros (dos billones y medio de las antiguas pesetas) han dejado de destinarse a ese fin, con el natural deterioro de algunos servicios básicos. En cambio, el Gobierno (en realidad, los gobiernos, porque el socialista tampoco se quedó corto) ha facilitado a la banca todo el dinero necesario para hacer frente a las consecuencias de sus propios desmanes. Casi diez veces más de lo ahorrado durante los tres últimos años gracias los recortes en sanidad, educación y dependencia nos ha costado ya a los contribuyentes el rescate de las entidades financieras.

 
Por mucho que el PP y su coro mediático nos intenten convencer de lo contrario, el desmantelamiento del Estado del bienestar es una opción ideológica y no un imperativo de la crisis económica. Esa opción ideológica parte del supuesto de que todos los males que aquejan a España tienen su origen en un insoportable exceso de gasto público. Cuando el verdadero problema estriba en que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que se ha producido es una brutal caída de los ingresos. Caída que, junto al aumento de las prestaciones por desempleo, ha dejado las cuentas de la Administración tiritando. Se podría haber hecho frente a la situación mediante un mejor reparto de los sacrificios, en línea con lo que han hecho últimamente países como Francia. Pero aquí se ha aplicado una política de recortes a ultranza, que perjudica sobre todo a las rentas más bajas y cuyos lamentables frutos son de sobra conocidos.

 
Para ocupar los territorios que iba cediendo el Estado, el ala más neoliberal del PP, con la Comunidad de Madrid a la cabeza, ha convocado sin el menor recato a la iniciativa privada. Aunque prefieren llamarlo "externalización", lo cierto es que se trata de un auténtico regalo, por el que quizás algún día sus oferentes sean cumplidamente recompensados y que en nada beneficia al conjunto de los ciudadanos. Los que tanto empeño ponen en el vaciamiento del sector público sostienen que los resultados serán buenos, por la sencilla razón de que la gestión privada es eficaz por naturaleza. Cosa que, de momento, nadie ha demostrado, a pesar de las facilidades que habitualmente se conceden para contribuir a su éxito. Baste recordar al hospital de Alzira, tomado por algunos incautos como modelo, cuya cesión inicial a una UTE fue un fiasco en toda regla y acabó costando muchos millones de euros a los valencianos.

 
Por otra parte, resulta chocante que sean algunos políticos quienes pretendan acabar con lo público, aludiendo a ineficiencias que son precisamente ellos los responsables de subsanar, pues para eso han recibido un mandato democrático. Si no se ven capaces de hacerlo, su obligación es reconocerlo así y facilitar que les sustituyan otros con más cualidades. A lo que no tienen derecho es a tirar por la borda alegremente lo que varias generaciones de españoles han construido durante décadas con su esfuerzo.