Aquí no se fía

Una bofetada al PSOE y al PP por los desahucios

A los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, se les debería caer la cara de vergüenza porque hayan tenido que venir de fuera a corregir nuestra legislación en materia de desahucios. Una legislación que, desde el inicio de la crisis, ha sido utilizada por la banca para apropiarse de las viviendas de medio millón de familias que no podían hacer frente a sus deudas hipotecarias.

 
La sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio a conocer ayer establece que la normativa española es incompatible con la vigente directiva sobre protección de los consumidores. Entre otras cosas, porque no permite a los jueces suspender un procedimiento de ejecución forzosa, ni siquiera en el supuesto de que advierta posibles cláusulas abusivas en el contrato.

 
Esa circunstancia ha sido reiteradamente denunciada por los afectados e incluso por la propia judicatura, sobre todo a raíz del brutal aumento de los desahucios que ha tenido lugar en España. Sin embargo, tanto el PSOE como el PP hicieron oídos sordos a todas las demandas durante años, temerosos quizás de adoptar decisiones que pudieran incomodar a la banca.

 
Sólo la presión popular, canalizada a través de varios movimientos ciudadanos, ha logrado que las dos grandes formaciones políticas se avengan a abordar el asunto en el Parlamento. Pero sin comprometerse a tomar en consideración ninguna de sus principales reivindicaciones –entre ellas, la dación en pago-, lo que invita a temerse lo peor sobre el alcance final de los cambios.

 
De ahí el alborozo con que ha sido recibido el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha demostrado tener menos complejos que los políticos del PSOE y del PP a la hora de afrontar el problema. Por más que se defiendan ahora alegando -como dijo ayer el portavoz del grupo popular en el Congreso, Alfonso Alonso- que la sentencia les ha "pillado trabajando".

 
Ésta tiene consecuencias inmediatas, no sólo en España, sino en todos los Estados miembro, y los jueces pueden acogerse a ella para paralizar los desahucios. Lo irritante es que miles y miles de familias hayan sufrido ya un calvario que, con algo más de valentía, los políticos podrían haber evitado.

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