La fiesta que se pegó la banca durante los años del boom inmobiliario nos está costando a los españoles sangre, sudor y lágrimas. Y lo peor de todo es que todavía no se sabe el importe definitivo de la factura que vamos a tener que pagar. De momento, aquella juerga nos ha salido a razón de 850 euros por barba, contando sólo el dinero que ya nunca se recuperará y que la Comisión Europea ha cifrado en unos 40.000 millones. Pero el rescate del sector financiero ha exigido que el Estado ponga a su disposición cinco veces más, 220.000 millones, que –al menos en parte– corren el riesgo de perderse.

Una porción nada desdeñable del coste de la reestructuración se ha dedicado cubrir a los compradores de las entidades intervenidas frente a posibles quebrantos ocultos. El mecanismo creado para ello se llama Esquema de Protección de Activos (EPA) y ha requerido hasta ahora 28.000 millones de euros. Pero hay que tener en cuenta que en manos del FROB siguen aún las entidades más grandes (Bankia, Catalunya Bank, NovaCaixaGalicia), cuyos futuros dueños también querrán garantías fehacientes de que no se verán obligados a apechugar en solitario con los fallidos imprevistos.

A fin de cuentas, la EPA es un auténtico chollo para los compradores, que están disfrutando la posibilidad de crecer mediante la absorción de las entidades más castigadas por la crisis –en su inmensa mayoría, antiguas cajas de ahorros– y prácticamente a gastos pagados. Por este ventajoso procedimiento, el Sabadell se ha quedado con la CAM; el BBVA, con Unim; CaixaBank, con el Banco de Valencia; Liberbank, con Caja Castilla La Mancha, y Kutxabank, con Cajasur. Si la operación sale bien, mejor para ellos y, si no, los contribuyentes tendremos que rascarnos el bolsillo una vez más.

Otra amenaza es que la Sareb –el banco malo– finalmente no pueda recuperar los 48.000 millones de euros que lleva invertidos en activos tóxicos de la banca. Tiene quince años para hacerlo, pero el futuro del mercado inmobiliario es tan incierto que nadie está en condiciones de asegurar, a día de hoy, que para el Estado vaya a ser un buen negocio. Una prueba de las dudas que la Sareb suscita es el trabajo que ha costado captar socios dispuestos a jugarse su dinero y la irreductible negativa del BBVA a entrar en el capital, pese a las fuertes presiones del Gobierno.

Queda, en fin, otra incógnita: si las entidades serán capaces de hacer frente a toda la deuda que han puesto en circulación con el aval del Tesoro Público, y cuyo saldo vivo ronda actualmente los 65.000 millones de euros. Es poco probable que esa cantidad se pierda, salvo que ocurra una hecatombe todavía mayor de la que ahora sufrimos. Pero con una economía como la española, donde cada día hay menos gente con trabajo y los que trabajan cobran menos cada vez, puede suceder cualquier cosa y, por lo tanto, el peligro de que algunos bancos no cumplan sus obligaciones existe.

Por todo ello, los 40.000 millones de euros que hemos enterrado ya para salvar el sistema financiero son sólo una parte de lo que esta maldita broma es posible que nos cueste al final, a nada que se tuerzan las cosas. Y, mientras tanto, los bancos siguen sin permitir que fluya el crédito y  –lo que resulta más irritante si cabe– continúan haciendo gala de su arrogancia habitual con quienes hemos evitado que variois de ellos se vayan al garete para siempre.

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