Aquí no se fía

Una ventaja menos para los empresarios

El Supremo acaba de lanzar un torpedo contra la línea de flotación de la reforma laboral de febrero de 2012, que tan catastróficos efectos está teniendo sobre el empleo. A petición de los sindicatos, el tribunal ha anulado la decisión de la empresa Atención y Servicios SL (Atese) de dejar en suspenso el convenio, al haber transcurrido un año desde su vencimiento. Según la sentencia, las condiciones pactadas con los trabajadores siguen en vigor aunque no haya acuerdo para renovarlas, contrariamente a lo dispuesto en la reforma laboral. El Supremo resucita así en la práctica la llamada ultraactividad de los convenios, que las organizaciones patronales llevaban tiempo pidiendo que se suprimiera.

Al cargarse la ultraactividad, el Gobierno de Mariano Rajoy sirvió en bandeja a los empresarios la posibilidad de agotar el máximo de doce meses fijado en febrero de 2012 para ponerse de acuerdo con los sindicatos. Desde entonces, si transcurre ese plazo sin que se firme su renovación, los convenios decaen y los trabajadores quedan sujetos a los de ámbito superior, que normalmente son menos favorables para ellos. Lo cual constituye una auténtica invitación a los empresarios para instalarse en una actitud de bloqueo y explica, en buena medida, el empobrecimiento de la negociación colectiva reflejado en las estadísticas oficiales, sobre todo a lo largo de los tres últimos años.

Esas estadísticas señalan que entre enero y noviembre se firmaron convenios que afectan a 4.418.131 trabajadores, mientras que en el mismo periodo de 2013 fueron 7.230.751. De ellos, menos de una décima parte están cubiertos por convenios de empresa; en concreto, 319.186, frente a los 518.564 del año pasado. Hay que tener en cuenta que, según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 2014, el número de ocupados es de 17.504.000. Por lo tanto, la proporción de trabajadores amparados por nuevos convenios de algún tipo es minoritaria: uno de cada una cuatro, y cae bruscamente a uno de cada 54 en el caso de los convenios de empresa.

La sentencia del Supremo sólo beneficia, de momento, a los trabajadores de Atese, pero sienta un precedente, por lo que debe servir de estímulo a quienes deseen combatir en los tribunales la eliminación de la ultraactividad. Un mecanismo éste que constituía una garantía contra el obstruccionismo de los empresarios en la negociación colectiva y que el Gobierno, siempre sensible a las demandas de la patronal, decidió cargarse de un plumazo. El Supremo ha vuelto a poner las cosas en sitio, mientras que la realidad demuestra que el argumento de que la flexibilidad laboral ayudaría a la creación de empleo era sólo un pretexto, porque el empleo está más repartido, pero continúa sin crecer.
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