Aquí no se fía

Todos pagaremos los platos rotos de Bankia

Parece ser que los ministros de Hacienda y de Economía andan a la gresca desde que la justicia declaró que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPV de Bankia no reflejaban su imagen real. El enfrentamiento estriba, por lo visto, en que Cristóbal Montoro quiere que la entidad asuma directamente el coste de las indemnizaciones que puedan pedirse al amparo de aquella declaración, mientras que Luis De Guindos pretende que una parte la asuma el Estado.

En realidad, se trata de una controversia artificial, porque si algo está claro en este caso, como en todos los relacionados con la crisis financiera, es que quienes vamos a pagar el pato tarde o temprano, de una manera o de otra, somos los contribuyentes. De la misma forma que acabaremos apechugando con los quebrantos causados por el abuso de las tarjetas opacas, de las que ya han sido declarados responsables subsidiarios Bankia y su matriz BFA, esta última cien por cien pública.

Según cálculos bastante optimistas de Economía, las demandas por las supuestas irregularidades que rodearon la salida a Bolsa de Bankia se situarán alrededor de los 600 millones de euros, poco menos de la tercera parte de la cantidad total colocada entre minoristas. Pero no hay certeza ninguna de que no pueda ser más, ni de que no vayan a solicitar también indemnizaciones algunos suscriptores de los 1.239 millones del tramo institucional, pues a fin de cuentas aquello tiene todas las trazas de un engaño del que no se libró nadie.

Sea cual sea el montante final, hacer que todo el coste recaiga sobre Bankia infligiría un duro castigo a sus cuentas y complicaría la colocación en el mercado de nuevos paquetes accionariales, como el que se puso a la venta en marzo de 2014. De ahí que Guindos insista en endosarle parte de la factura al Estado, que lógicamente es la opción preferida por José Ignacio Gorigolzarri, pues le permitiría presentar mejores resultados de su gestión al frente de Bankia.

Una porción no menor de las indemnizaciones va a recaer sobre el erario público en cualquier caso, toda vez que el Estado tiene un 63% de la entidad a través de BFA. Pero es que el resto también, sea porque Guindos se sale con la suya o porque la privatización tiene que proseguir en peores condiciones por culpa de ese lastre. Quienes seguro que no van a pagar son los culpables del estropicio, que siempre tendrán la posibilidad de acogerse al socorrido recurso de la insolvencia.

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