El nuevo diseño de la enseñanza superior, contra el que están llamados a la huelga el próximo martes los estudiantes y profesores de toda España, es una tomadura de pelo y un atraco. Una tomadura de pelo a la universidad, que se verá obligada a poner patas arriba sus planes de estudios apenas cinco años después de la revolución que supuso la implantación de los grados. Y un atraco a los futuros alumnos, que por culpa de este empeño del ministro Wert deberán pagar más si quieren obtener un título competitivo en el mercado de trabajo.

La implantación de los grados en sustitución de las tradicionales licenciaturas, derivada del llamado Plan Bolonia, obligó a comprimir en cuatro cursos los estudios que antes se desarrollaban en cinco. Como consecuencia de ello y en términos generales, las materias se abordan ahora de una forma más superficial, suponiendo que hayan sobrevivido a la poda que en su momento se hizo. En tales circunstancias no hay motivo ninguno para pensar que los nuevos titulados salgan con una mejor preparación, sino más bien todo lo contrario.

Por si fuera el menoscabo no fuera suficiente, la reforma da otra vuelta de tuerca y reduce los grados a tres cursos, con lo que los niveles de formación se volverán a resentir inevitablemente. Para compensar este déficit, las universidades ofertarán másteres de dos años, que los jóvenes harán siempre y cuando puedan permitírselo, porque son bastante más caros que los grados. Si actualmente, por término medio, una carrera cuesta en España del orden de 4.440 euros, con el 3+2 superará los 8.000 si no cambian los precios de las matrículas.

Wert, con el desparpajo que le caracteriza, sostiene que los nuevos grados supondrán en realidad un alivio para las familias, pues sale más barato estudiar tres cursos que cuatro. Lo que no dice, aunque resulta obvio, es que quienes no tengan la posibilidad de hacer luego un máster estarán en inferioridad de condiciones a la hora de encontrar empleo. Sobre todo si las enseñanzas recibidas en las aulas son puramente generalistas y la especialización que tanto valoran la inmensa mayoría de las empresas se deja para el posgrado.

Eso significa que en el futuro habrá universitarios de segunda y universitarios de primera, no en función de su rendimiento o de su valía, sino en función de su capacidad económica. Por supuesto que siempre ha habido y habrá quien pueda proporcionar a sus hijos la formación que otros no tienen medios suficientes para darles. Pero el Estado está, precisamente, para procurar que todo el mundo goce de las mismas oportunidades, no para institucionalizar la desigualdad.

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