Los funcionarios han perdido un 13% de poder adquisitivo desde que estalló la crisis, casi el equivalente al salario de dos meses. Es como si, en estos años, se hubieran quedado sin las pagas de verano y Navidad. Otras fuentes sostienen que el hachazo ha sido incluso mayor: hasta el 20%.

El primer golpe se lo dio Zapatero en mayo de 2010, cuando aceptó aplicar las políticas que le dictaban desde fuera. Aquellas políticas no hicieron más que empeorar las cosas, como luego reconocieron sin recato algunos de sus promotores. Pero sirvieron para que los funcionarios vieran cómo se esfumaba un 5% de sus salarios de la noche a la mañana.

Rajoy siguió luego la estrategia de ahorrar en lo que tenía más a mano; en lo más fácil y rápido. Quitó a los funcionarios la extra de Navidad de 2012 (si bien es cierto que tiempo después se la devolvió) y les mantuvo congelados los salarios durante varios años. En 2016, para reforzar su discurso de la recuperación, el Gobierno aprobó una subida del 1%, con tan mala fortuna que la inflación cerró en el 3% y, por tanto, el poder adquisitivo volvió a caer.

Ahora, Montoro se ha comprometido a reparar, al menos en parte, el quebranto infligido. Salvo cambios de última hora, los Presupuestos  del Estado para 2018 recogerán una mejora salarial del 1,5%, que continuará en los siguientes ejercicios hasta acumular un máximo del 7,95% en 2020. Si los precios no se movieran en ese periodo (que no es lo previsto), los funcionarios recobrarían así, en el mejor de los casos, tres quintas partes de la capacidad de compra que perdieron. Bastante menos de lo que piden los sindicatos.

Estoy de acuerdo con que los trabajadores (todos los trabajadores) recuperen cuanto antes el terreno perdido durante la crisis. Y siempre me ha parecido tremendamente injusto que las primeras víctimas de los recortes fueran los funcionarios, so pretexto de que tienen el empleo asegurado. Sobre todo porque lo que genéricamente llamamos funcionarios incluye a personas que en realidad no lo son y que están al servicio de la Administración pública en condiciones tan precarias como las que imperan en otras partes.

A esas personas se les aplican las mismas subidas y bajadas de salarios que a quienes tienen un plaza de por vida, que –dicho sea de paso– han ganado a través de la correspondiente oposición. Ya sé que algunos la consiguieron de aquella manera y que hay funcionarios cuyo desempeño laboral es manifiestamente mejorable. Pero eso también ocurre en el sector privado y los empresarios no siempre lo quieren o lo pueden evitar.

Unos empresarios, por cierto, que se están resistiendo con uñas y dientes a mejorar los salarios, pues su miopía les impide ver que la precariedad laboral perjudica a la marcha de la economía y de sus negocios. Desconozco si la mayoría de ellos están en disposición de restaurar en un plazo razonable el 10% de poder adquisitivo perdido por los trabajadores durante la crisis. Pero deberían entender que una competitividad basada en sueldos bajos tiene las alas muy cortas.

De momento, parece que no lo entienden. En el  primer trimestre de este año, por ejemplo, el salario/hora creció en España un 0%; es decir, que no creció. Sin embargo, en la eurozona lo hizo un 1,6% y en el conjunto de la Unión Europea, un 2,1%. Y eso cuando, según el Gobierno, la recuperación va ya viento en popa. ¿Cambiarán las cosas conforme avance la negociación colectiva? Habrá que verlo.

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