El Gobierno de Rajoy lleva casi dos años amparándose en la gestión de Zapatero para justificar todos sus desmanes. Y los barones autonómicos de PP, incluso algún tiempo más. Con ese pretexto se han pasado por el forro hasta el último de los compromisos que contrajeron con el electorado. Han privado de recursos elementales a la sanidad y a la enseñanza públicas. Han convertido en papel mojado la ley de dependencia, que tan poco les gustaba. Han socavado el poder adquisitivo de los pensionistas, pese a su promesa de no hacerlo. Han recortado la prestación que perciben los parados, como si fuera un pernicioso incentivo para no buscar trabajo... Y siempre, siempre, endosando la culpa a la herencia recibida de los socialistas, que en materia económica evidentemente no fue buena.

Sin embargo, ha bastado que las cosas parezcan ir un poco mejor para que quede de manifiesto la enorme magnitud de su impostura. El cante lo ha dado Ignacio González, aunque ya habían anunciado pequeños pasos en el mismo sentido algunos correligionarios suyos. Con el aplauso entusiasta de los adalides del liberalismo, el presidente de la Comunidad de Madrid ha incluido en los presupuestos para 2014 una rebaja múltiple de impuestos. Quien durante tantos años fue escudero de Esperanza Aguirre ha renunciado así a recaudar 357 millones de euros, con la misma naturalidad que si la administración regional nadara en la abundancia.

González se ha apresurado a asegurar que se trata de una decisión puramente económica, que no se hubiera podido tomar sin los sacrificios realizados antes por los madrileños. Pero no dice la verdad: sus motivaciones son ideológicas; las mismas motivaciones ideológicas que se esconden detrás del empeño del PP en demoler el Estado del bienestar a golpe de piqueta. Bajo el eslogan de que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, González ha demostrado un absoluto desinterés por la lucha contra la desigualdad que debe presidir la gestión de las cuentas públicas, al menos en un Estado social y derecho como se define el nuestro. Porque más dinero en el bolsillo de los ciudadanos equivale –no nos engañemos– a menos servicios públicos para quienes no lo tienen.

Parece que a Rajoy le ha sentado a cuerno quemado la iniciativa de la Comunidad de Madrid. A Montoro, desde luego, no le ha gustado nada. Y es natural, porque deja en evidencia toda la estrategia del PP desde que llegó al Gobierno de la nación, aupado sobre una montaña de  mentiras. Les va a resultar difícil, si no imposible, mantener por más tiempo el discurso de que la austeridad a ultranza es imprescindible para garantizar la viabilidad financiera del Estado. Nada de eso hay: sólo quieren aprovechar la coyuntura para poner más recursos en manos del sector privado, para reducir a la mínima expresión el sector público que tanto denuestan aunque viven de él, para hacer que prevalezca una ideología con la que ni siquiera tienen el valor de presentarse a cara descubierta en unas elecciones.

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