Lo contaba Público.es hace sólo un par de días con todo lujo de detalles: durante los veintitantos meses que lleva en vigor la reforma laboral, 45.000 empresas han puesto en marcha algún tipo de expediente de regulación de empleo (ERE), tantas como en los cuatro primeros años de la crisis juntos.

Mientras que entre 2008 y 2011 fueron 1.343.000 los trabajadores afectados por ese tipo de procedimientos, sólo desde febrero de 2012 –fecha de entrada en vigor de la reforma– hasta noviembre de 2013 –último mes del que existen datos oficiales– la cifra ascendió nada menos que a casi 800.000.

Es verdad –como preveía el Gobierno– que han subido los ERE de suspensión temporal de empleo y de reducción de jornada; pero también lo han hecho los de extinción definitiva de contrato, pues han sido despedidos 146.000 trabajadores, que era lo que supuestamente se trataba de evitar.

A pesar de esta auténtica escabechina, algunos organismos internacionales –y, en particular, el Fondo Monetario Internacional (FMI)– han reclamado al Gobierno una vuelta de tuerca a la reforma laboral, que –en su opinión y contra toda evidencia– serviría para reducir la insoportable tasa de para que soporta España (26%).

Otra cosa ha pedido reiteradamente el FMI a Rajoy: que impulse nuevas rebajas de los salarios, como si la que se ha producido en los últimos años no hubiese demostrado con creces sus efectos catastróficos sobre la demanda interna, sin cuyo estímulo será imposible emprender el camino de la recuperación.

De todas formas, las recomendaciones de estos cabeza de huevo del FMI –que fueron incapaces de avisar de la brutal crisis que se nos venía encima– hace ya tiempo que empezaron a cansar, entre otras cosas por hacen bueno el popular dicho de "consejos vendo que para mí no tengo".

Como también reveló Público en su momento, los grandes paladines de la moderación salarial no se la aplican a sí mismos ni de lejos y disfrutan de unas retribuciones de vértigo, que se actualizan todos los años de acuerdo con las previsiones de inflación y que, por si fuera poco, están libres de impuestos.

La directora gerente, Christine Lagarde –esa especie de señorita Rotenmeyer de la economía mundial–, cobra más de 350.000 euros al año limpios de polvo y paja, a los que hay que añadir sus dietas y las de su cónyuge, una compensación vitalicia y un fondo de pensiones, todo ello con cargo al FMI.

Pero no sólo la jefa máxima está generosamente pagada: el sueldo más bajo, el de los chóferes, asciende a 30.000 euros de media, casi el doble que los conductores del Párque Móvil del Estado español, con el agravante de que en el caso del FMI son cifras netas, gracias a la exención fiscal de que disfrutan todos sus empleados.

Ese dinero, además, procede del bolsillo de los contribuyentes de los países que, como el nuestro, nutren con sus aportaciones las arcas de la institución; sí, los mismos a los que los gerifaltes del fondo piden que se aprieten más y más el cinturón mientras ellos, a su costa, pueden vivir a cuerpo de rey.
.
.
Puedes seguirme en Twitter: @vicente_clavero