Desde que BFA-Bankia anunció unos beneficios superiores a los 800 millones de euros en 2013, se han disparado las especulaciones sobre su eventual privatización. Según el presidente del grupo, José Ignacio Goirigolzarri, el Estado seguirá teniendo una participación en él, a través del FROB, al menos hasta 2016. Pero, mientras tanto, cabe dentro de lo posible que se proceda a la venta de algún paquete de acciones para ir recuperando el dinero invertido en su rescate.

El reflotamiento de Bankia ha costado ya a los contribuyentes españoles la friolera de 22.500 millones de euros, de los que unos 18.000 millones fueron prestados por la Unión Europea. Eso significa que, si el Estado quiere resarcirse de lo gastado, debe vender por no menos de 22.500 millones el 68% del grupo que a día de hoy está en su poder. O, lo que es lo mismo, a un precio de 2,85 euros por acción; más del doble del que los títulos tienen actualmente en Bolsa.

Algunos medios han anticipado que el Gobierno estaría sopesando la enajenación de un paquete del 18%, con el fin de hacer caja sin perder la mayoría del capital de Bankia. Si así fuera, con la cotización que el grupo tiene en estos momentos, el Estado se reembolsaría del orden de 2.800 millones, poco más de 12% de lo invertido. Los compradores, en cambio, harían un buen negocio, pues el potencial alcista del valor, tras su saneamiento, parece indudable.

De todas formas, se venda a trozos sucesivamente o de una sola vez, la privatización de Bankia plantea algunos dilemas políticos y morales. Uno de ellos es si España debe seguir sin banca pública, visto el inmoderado papel que el sector privado desempeñó en la formación de la burbuja inmobiliaria y su falta de solidaridad para sacar al país de la crisis. Una falta de solidaridad que se traduce, entre otras cosas, en la pertinaz sequía de crédito.

Otro dilema importante es si el Estado, en el caso de que finalmente decida desprenderse de Bankia, debe dar algún tipo de preferencia a los pequeños inversores que en 2011 cayeron en la trampa de la salida a Bolsa. Entonces fallaron todos los mecanismos de control, desde la CNMV hasta el Banco de España, pasando por el Gobierno de la nación. Y, aunque sólo sea por eso, el Estado está en deuda con ellos.
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