Los contribuyentes ya tenemos otro motivo de agradecimiento hacia esos tres grandes gestores que fueron José María Aznar, Esperanza Aguirre y Francisco Álvarez Cascos. El Estado va a quedarse próximamente con las autopistas radiales de Madrid, creadas bajo su inolvidable mandato y que desde el primer día se han revelado como un auténtico fracaso. Fiel al espíritu liberal del Gobierno de entonces y del que ahora tenemos, se ha puesto en marcha un proceso para salvar a las concesionarias mediante la socialización de sus muchas pérdidas. Casi 6.000 millones de euros deben esas autopistas a la banca, a sus proveedores y a los antiguos propietarios de los terrenos expropiados para construirlas.

Las radiales fue la fórmula supuestamente mágica que Álvarez Cascos encontró, siendo ministro de Fomento, para dar satisfacción al deseo de la presidenta de la Comunidad de Madrid de crear la M-50. Esta carretera de circunvalación sería costeada por los concesionarios de las radiales con una parte de sus ingresos por peajes, de modo que no fuera necesario sacar ni un euro de las arcas del Estado. Eran los años del boom económico y ni el país ni sus empresas –sobre todo, la banca y las constructoras– estaban dispuestos a aceptar que podía superarles ningún reto. Aznar, pletórico de poder tras la mayoría absoluta obtenida en el 2000, no dudó en dar el visto bueno al plan de Álvarez Cascos.

Pronto se demostró, sin embargo, que se trataba de un plan lleno de agujeros: los costes –como siempre– se dispararon y el tráfico se quedó muy por debajo de lo esperado, antes incluso del estallido de la crisis. Era natural, porque las radiales corrían prácticamente paralelas a las autovías gratuitas y, además, no evitaban del todo los atascos. Dicho de otra manera: para muchos de sus potenciales clientes, utilizarlas era una forma estúpida de tirar el dinero y hay a quien eso no le gusta ni siquiera en tiempos de bonanza. Los últimos datos conocidos muestran cómo los ingresos por peajes han sido un 30% inferiores a lo previsto y, con la que está cayendo, lógicamente siguen cuesta abajo.

Hoy, las concesionarias deben 3.400 millones en concepto de créditos bancarios, 500 por las obras y entre 1.200 y 1.800 por las expropiaciones. Como, además, no existe la menor esperanza de revertir la situación a corto plazo, todas ellas están en suspensión de pagos y con grave riesgo de ir a la liquidación. Una salida ésta que –según dicen– sería muy perjudicial para la imagen de España y retraería la inversión extranjera en infraestructuras; o sea, los argumentos habituales para justificar un rescate. Recordemos, si no, el de la banca, que se emprendió con el pretexto de evitar males mayores y que nos lleva costando a los españoles no menos de cien mil millones de euros, de imposible recuperación.

El rescate de las radiales se hará mediante la incorporación de los activos a una sociedad íntegramente pública. A cambio, las concesionarias deberán olvidarse de los 1.800 millones que aseguran haber desembolsado y los bancos procederán a una quita del 50% de la deuda. Pero, ojo, porque esto tiene truco: los dueños de las radiales son constructoras, que ingresaron fuertes sumas de dinero al hacerlas, y los créditos morosos están provisionados por las entidades financieras, que los daban por perdidos. Los únicos a los que se les viene encima un problema nuevo con la nacionalización de estas autopistas somos los españoles, que vamos a ver cómo engorda nuestra deuda nacional de la noche a la mañana por el carísimo capricho de Aznar, Aguirre y Álvarez Cascos.
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