Aquí no se fía

Que restauren los servicios públicos antes de bajar impuestos

El prolongado enfrentamiento que mantiene el presidente de la Comunidad de Madrid con el ministro de Hacienda por sus discrepancias en materia de financiación autonómica vivió ayer un nuevo episodio. Ignacio González anunció una rebaja de su tramo del IRPF, con la que pretende contrarrestar el perjuicio que –según él– supondrá la reforma fiscal impulsada por Cristóbal Montoro, cuya entrada en vigor está prevista para 2015.

Aunque habrá que ver los detalles de esa rebaja, el gobierno regional adelantó que sus principales beneficiarios serán los contribuyentes con rentas más bajas y, sobre todo, aquellos que ingresan menos de 12.500 euros al año. Lo que sí hay es una estimación del impacto de la medida sobre las arcas públicas, que rondará los 245 millones, cifra equivalente al 0,8% del conjunto de los ingresos previstos en los presupuestos de la Comunidad para el ejercicio en curso.

No es la primera vez que Ignacio González decide recortar los impuestos durante esta legislatura: a finales de 2013 ya redujo el tramo autonómico del IRPF, el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados. Todo ello, junto con la eliminación anterior del que grava el patrimonio y la bonificación en un 99% del que recae sobre las sucesiones y donaciones, ha convertido Madrid en una de las zonas con menor presión fiscal de toda Europa.

Sin embargo, esta Comunidad es probablemente también la que más ha sufrido el rigor de la política de recortes emprendida con especial ahínco por el PP, so pretexto de disminuir el déficit público y luchar así contra la crisis económica. Una política –dicho sea de paso– cuyo alcance cuestionan hoy incluso algunos de los organismos que mayor interés pusieron en predicarla, sin atender las razonadas advertencias sobre su previsible agravamiento de la desigualdad y de la pobreza.

Ignacio González y su predecesora, Esperanza Aguirre, metieron la tijera sin compasión en los servicios que dependen del gobierno regional, especialmente en la sanidad y en la educación. De nada sirvieron las quejas, no sólo de los partidos de la oposición, sino también de los propios ciudadanos y de los profesionales que trabajan en ellos, que sostienen con razón que las prestaciones sociales son ahora en Madrid las peores en mucho tiempo.

Pese a ello, Ignacio González no ha querido restaurar esos servicios con el dinero que por lo visto debe sobrarle, sino que ha preferido rebajar de nuevo los impuestos en una media de 38 euros al año por cada madrileño. Lo que demuestra –si alguna duda cabía– que los recortes eran una opción ideológica y no venían exigidos por las circunstancias, como quisieron hacernos creer en su momento.

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