Aquí no se fía

¿Qué culpa tienen los prejubilados?

Con las nuevas limitaciones que el Gobierno acaba de imponer a la jubilación anticipada, acabarán pagando justos por pecadores. La edad mínima para acogerse a ella de forma voluntaria subirá paulatinamente de los 63 años actuales a los 65 en 2027. Si la jubilación anticipada tiene su origen en un despido, se pasará de 61 a 63 años durante el mismo periodo. En ambos casos, será necesario haber cotizado más tiempo: 35 y 33 años, respectivamente, en vez de los 30 que se exigen ahora.

El argumento ofrecido por el Gobierno para justificar estas decisiones es que la edad real de jubilación (63,9 años) está en España muy por debajo de edad legal (65 y un mes), debido a las notables facilidades con que cuentan las empresas para deshacerse de sus trabajadores más veteranos. Sin embargo, hay países dentro de la Unión Europea en los que nos miramos constantemente y donde la edad real de jubilación es todavía menor, como la poderosa Alemania, con una media de 63,4 años.

Allí, además, las pensiones son sustancialmente más altas y el gasto total por ese concepto ronda el 13% del PIB, dos puntos más que en España. La diferencia estriba en que Alemania cuenta con una base mayor de cotizantes, pues su tasa de paro apenas sobrepasa el 5%. En nuestro caso, con una cuarta parte de la población activa sin trabajo, la sostenibilidad del sistema está en peligro. Entre otras cosas por los efectos depresivos de las políticas de recortes y la ausencia de estímulos que reactiven la economía.

El Gobierno ha endurecido también las condiciones para que los ajustes laborales se hagan a costa de los trabajadores más próximos a la edad de jubilación. A partir de ahora, cuando la proporción de mayores de 50 años sea en los ERE superior a la que representan sobre el conjunto de la plantilla, las empresas deberán asumir el coste del desempleo. Lo mismo ocurrirá si, aunque no exista ese desfase, se obtienen beneficios durante dos años consecutivos de los cuatro siguientes al despido.

Hace unos meses, el Gobierno ya limitó el uso abusivo que hacían algunas empresas saneadas de las ventajas ofrecidas por la legislación española para recortar personal, mediante prejubilaciones, con cargo al bolsillo de todos los contribuyentes. El problema es que, en otras donde los ERE están completamente justificados, ese procedimiento permite atenuar su efecto traumático y alivia la situación de trabajadores que, por su edad, tienen muy difícil salir del pozo sin fondo del paro.

Unos trabajadores, por cierto, a los que el Gobierno ha hecho la puñeta al privarles del subsidio de desempleo cuando otros miembros de su unidad familiar aporten ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, que en 2013 asciende a 641 euros. Y que no tienen la culpa de los abusos que hayan podido cometer los empresarios.

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