Rodrigo Rato no es de esas personas que están a las duras y a las maduras. Disfrutó a fondo de su condición de ministro de Economía cuando el viento soplaba de popa. Pero abandonó la dirección del Fondo Monetario Internacional nada más ver las orejas a la crisis. Se dejó querer cuando le ofrecieron la presidencia de Caja Madrid, donde ejerció un poder omnímodo. Pero se dedica a echar balones fuera desde que la justicia le pide cuentas por la catastrófica salida a Bolsa de Bankia.

Su teoría sobre aquel lamentable episodio es que él no merece reproche penal, porque actuó con el beneplácito de los reguladores. Es decir, del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyos máximos dirigentes de la época han salido limpios de polvo y paja del proceso que se sigue en la Audiencia Nacional. Si ellos no tienen ninguna culpa de cómo se hicieron las cosas –viene a decir Rato-, menos tengo yo, que me limité a seguir fielmente sus indicaciones.

Lo que pasa es que la ley, a este respecto, deja poco margen a la duda. Los responsables de que las cuentas de una sociedad mercantil reflejen su situación real son los administradores. Y en el caso de Bankia todo apunta a que se tergiversaron para ofrecer una imagen más atractiva y garantizar así el éxito de su privatización. Las consecuencias ya las conocen ustedes: miles de pequeños ahorradores se llevaron un buen susto, el Estado tuvo que intervenir y al final los contribuyentes pagamos la fiesta.

Pero que la ley juegue en su contra no quiere decir que a Rato le falte razón cuando señala a los reguladores. El Gobierno socialista de entonces, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores hicieron cuanto estuvo en sus manos para despejar la pista de aterrizaje de Bankia en Bolsa. Se consideraba una operación de Estado, en un momento crítico para el sistema financiero, y debieron de pensar que si algo no se hacía del todo bien lo más sensato era mirar para otro lado.

Incluso los grandes bancos arrimaron el hombro para que la colocación saliera adelante, lo que contribuyó a transmitir una sensación de solvencia. Sólo el BBVA se negó a entrar en el juego a pesar de las fuertes presiones recibidas y se hizo acreedor de numerosas críticas por ello. A su presidente, Francisco González, le llamaron entonces de todo, pero con esa actitud evitó que le sacaran luego los colores. Lo triste es que nadie haya pedido cuentas aún a los que sí participaron en la farsa.

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