Casi cien millones de euros enterrados bajo una montaña de irregularidades. En eso ha quedado el Campus de la Justicia que ideó Esperanza Aguirre para Madrid. Sólo un edificio llegó a construirse de aquel desmedido proyecto: el que iba a albergar el Instituto de Medicina Legal. El donuts, como se le conoce popularmente por su forma de flotador, lleva años varado en medio de la nada a las afueras de la ciudad, cerca de la T4 y de la impresionante parcela de Valdebebas donde se ejercitan los pupilos de Zidane.

Aguirre ha echado siempre la culpa del fiasco al estallido de la crisis, que tampoco ella vio venir, como si fuera una más de las muchas ranas que habitaban en sus charcos. La Comunidad, por ella presidida, se quedó sin recursos para seguir adelante con las obras y se desentendió de todo. Bueno, de todo no; al puñado de directivos a los que había colocado allí les indemnizo con la descarada generosidad de quien está acostumbrado a tirar con pólvora del rey. Veintidós eran, para una exigua tropa de sólo tres admnistrativos.

Lo malo, con todo, no fue el error de cálculo de un proyecto que incluso en tiempos de bonanza hubiera estado muy por encima de las posibilidades de los ciudadanos. Un fallo así lo puede tener cualquiera, como saben de sobra tantos alcaldes y con más razón aún los contribuyentes, cuyos bolsillos sufren de forma invariable sus carísimas consecuencias. Lo peor es que, mientras duró la fiesta, allí –dicho sea en sentido figurado– nadie dio una a derechas.

Discrecionalidad en la adjudicación de contratos, fundamentos desiguales en la valoración de ofertas, omisión de informes preceptivos, conflictos de intereses... Todo eso y más encontró la Cámara de Cuentas cuando puso su lupa sobre el Campus de la Justicia. Desde el punto de vista administrativo y mercantil, allí reinaba la ley de la selva. No quedó norma sin incumplir, principio sin vulnerar, buena práctica que no fuera objeto de un menoscabo ominoso. Es de suponer que en beneficio de alguien.

Ahora, el asunto ha sido puesto en manos de la Fiscalía por Cristina Cifuentes, sucesora del sucesor de Esperanza Aguirre. Entre máster y máster –que, como se ha visto, no le ocupan mucho tiempo– la todavía presidenta de la Comunidad ha tenido un hueco para denunciar a la que durante años fue el capo di tutti capi del PP de Madrid. Como puso antes en la picota a dos viejos cuates suyos, Ignacio González y Francisco Granados, que a buen seguro no perdonarán a Cifuentes que se haya entregado con tanta energía a la siempre arriesgada tarea de la delación.

Por eso, lo que ocurre últimamente alrededor de ella, los turbios asuntos en los que es protagonista activa o pasiva, tienen el inconfundible aroma del ajuste de cuentas. Está y le están sacando la piel a tiras, sin que a nadie parezca importarle las consecuencias. Y menos que a nadie a Rajoy, que lo observa con la misma flema que si la cosa no fuera con él. Quizás porque, en el fondo, lo que más le gustaría es que se mataran entre sí y le dejasen en paz.

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