Garamendi, el capo de la CEOE, ha acallado con un solo gesto el trompeteo apocalíptico contra el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos. Seguro que las derechas continúan dando la barrila durante toda la legislatura y profetizando todo tipo de desgracias, porque es legendario su mal perder. Pero de momento no podrán utilizar a los empresarios como ariete contra una de las grandes promesas incluidas en el acuerdo de coalición: la justa y necesaria subida del salario mínimo interprofesional.

Por supuesto que Garamendi habría preferido que no pasara de los 900 euros en que ya estaba. Pero él es un empresario, no un político, y ha optado pragmáticamente por el mal menor. En vez de los mil euros que quería Unidas Podemos, bajo cuya órbita se encuentran las competencias del Trabajo, ha logrado que el aumento sea sólo hasta los 950, y ya se verá más adelante si el compromiso del Gobierno de que el salario mínimo llegue al 60% del salario medio español es posible o no.

Los mil euros tenían un fuerte carácter simbólico para la gente de Iglesias, sin cuyo empuje probablemente se habría avanzado menos. Pero también lo tenían para la patronal, que convirtió esa cifra en una línea roja que, al menos con su consentimiento, este año no se iba a traspasar. De todas formas, los empresarios saben que tarde o temprano el paso se dará; primero, porque hay salarios que son una auténtica vergüenza y, en segundo lugar, porque ellos mismos han aceptado ya los mil euros como salario mínimo de convenio.

Según los cálculos que más han circulado, la subida de 900 a 950 euros afectará directamente a unos dos millones de trabajadores, la mayoría jóvenes. Eso significa que se va a producir una transferencia de renta de los empresarios a los asalariados de en torno a 1.200 millones anuales, lo que no supone ninguna hecatombe teniendo en cuenta que, sólo en el tercer trimestre de 2019 (último dato facilitado por el Instituto Nacional de Estadística), los excedentes empresariales sumaron 136.337 millones de euros.

Tampoco parece probable que la subida del salario mínimo vaya a provocar una fuerte caída del empleo, como han proclamado las derechas con esa forma suya tan peculiar de hacer patria. Lo mismo dijeron cuando el año pasado, ya con Sánchez en el poder, aumentó nada menos que un 22%, hasta los 900 euros (Rajoy lo dejó en 735,90). Sin embargo, durante sus cinco primeros meses de vigencia, en los que se supone que el impacto podía haber sido mayor, el paro disminuyó en 122.806 personas y se crearon 417.948 puestos de trabajo.

Para encontrar la explicación a ese fenómeno no hace falta ser economista por Harvard. En niveles tan bajos de salarios, cualquier mejora acaba derivándose al consumo (una vez deducidos los impuestos), con lo que la mayor parte de ella revierte principalmente en los empresarios a través de su facturación. Dicho grosso modo, lo que los empresarios sueltan con una mano lo recuperan con la otra, lo cual no es desdeñable dado el debilitamiento que sufre de un tiempo a esta parte el comercio mundial.

En cualquier caso, que Garamendi haya entendido todo esto no garantiza, ni de lejos, que vaya a ser un aliado del nuevo Gobierno. El salario mínimo ha sido apenas una simple escaramuza, comparado con la batalla que está por venir: la que habrá en torno a la derogación (total o parcial, que eso está por ver) de la reforma laboral. Rajoy alteró sustancialmente con ella la relación entre empresarios y sindicatos, en perjuicio de estos últimos. Y ahí va a ser muy difícil dar marcha atrás de una forma tan incruenta como ahora.

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