Si nos creemos las estimaciones hechas esta misma semana por el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Fernando Restoy, "al menos" la mitad de los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada de Bankia, CatalunyaBanc y Novagalicia Banco recuperarán pronto su dinero. Pero eso quiere decir que la otra mitad tiene muchas papeletas para perder -siquiera sea en parte- los ahorros colocados en los productos de alto riesgo que emitieron esas tres entidades, hoy bajo la tutela del Estado, después de que entre todos las hayamos salvado de una segura quiebra.

Restoy, en su comparecencia ante la subcomisión correspondiente del Congreso de los Diputados, aventuró también que el proceso de arbitraje -establecido por el Gobierno pese a las duras críticas de algunas asociaciones de consumidores- estará liquidado a finales de 2013 o, a lo sumo, durante el primer trimestre del próximo año. Lo que significa que la angustia de las personas atrapadas sin comerlo ni beberlo en lo que tiene todas las trazas de haber sido una de las mayores estafas de la historia económica de España -y entre las que hay, por cierto, decenas de miles de jubilados- puede durar hasta marzo.

Los motivos para el pesimismo son todavía mayores a nada que se eche un vistazo al ritmo que el arbitraje lleva en Bankia, la entidad que más participaciones preferentes y deuda subordinada puso en circulación: 6.900 millones de euros, que fueron suscritos -la mayoría de las veces a ciegas- por 206.000 ahorradores en números redondos. De ellos, 182.000 se han acogido al proceso y, según datos oficiales, a 30 de agosto sólo 11.600 habían cobrado, tras superar con éxito los filtros de las propias sucursales, de la auditora KPMG y de la Junta Nacional Arbitral, que tiene la última palabra; osea, menos del 6,5%.

A pesar de que es público y notorio que hubo un engaño masivo o -en el mejor de los casos- una intolerable falta de información, una de las principales dificultades para concluir con rapidez el arbitraje es acreditar fehacientemente que los ahorradores no sabían lo que se jugaban cuando metieron su dinero en los productos híbridos que les ofrecieron. Un rigor que resulta cuanto menos paradójico en un país donde llevan años intentando hacernos creer que los dirigentes políticos ignoran cómo se financian sus partidos y que alguna infanta de España desconocía los irregulares negocios que hacía su marido para tratarla a cuerpo de rey.

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