En todos los órdenes, en todos los momentos, en todas las situaciones. La historia del progreso de la humanidad es la historia de la lucha de los débiles contra la opresión de los fuertes. Por eso la ley hay que conculcarla cuando los poderosos que la han legislado abusan y reprimen lo avanzado.

No es probable, pero si con las vueltas que da la vida a Rajoy lo desahuciaran de su vivienda por no poder pagarla una vez salido de la Moncloa y lo pusieran en la calle con el colchón, su mujer y sus hijos, ¿qué haría?, ¿le parecería bien la ley y la aceptaría gustoso y comprensivo o se uniría a otros ciudadanos que también protestasen por lo mismo y conminaría a los responsables para que la cambiasen y mejorasen?, ¿cómo lo harían para que les hicieran caso?

El artículo 47 de la Constitución Española que alude al derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada no es una norma imperativa de obligado cumplimiento, sino que marca una tendencia, una intención, a defender por cualquier Gobierno. Ningún Gobierno o Estado del mundo puede garantizar el cumplimiento íntegro de ese derecho. Pero una cosa es la imposibilidad de esa consecución y otra que no tenga la obligación concreta e ineludible de permitir que a quienes ya tienen o tenían una vivienda los despojen de ella como consecuencia de leyes draconianas promovidas a favor de las clases fuertes. Manifestarse dura y activamente entra de lleno en el supuesto de lucha contra esa ley brutal. Frente a ello no caben disculpas ni trucos.

El Tribunal Supremo ha sentenciado unánime y reiteradamente que acciones de apremio como por ejemplo El cobrador del frac y similares constituyen ataque civil a la intimidad de la persona, pero en ningún caso suponen acción delictiva alguna. Resulta improcedente, por tanto, la identificación y detención policial en el momento. Pero el Tribunal Supremo se refiere en todas sus sentencias a acciones individuales de acoso a un deudor por parte de una empresa contratada al efecto. Cuando es una reclamación masiva y colectiva de los débiles humillados tampoco sería perseguible en vía civil o administrativa. Las manifestaciones y protestas son el único camino del que disponen esos ciudadanos desamparados por las leyes y la democracia. Atosigar a los responsables es la única posibilidad en tiempos de penuria y descrédito democrático como los actuales.

Si en 2012 hubo 3.419 manifestaciones y en este año hasta el 15 de febrero han tenido lugar 319, todas con objetivos concretos, con gritos desfasados, contra personas individualizadas, con actitudes tronantes, ¿por qué esta de los desahuciados de sus pisos indigna y preocupa tanto a los políticos responsables y se niegan a cambiar la ley y arbitrar soluciones? ¿Acaso no será porque pertenecen a la hez de la Historia? Dejar a la gente sin sus casas no les dignifica. Sí, los débiles siempre deben tener razón. En todo momento, en toda circunstancia, en todos los órdenes. ¿Qué harían Rajoy y los diputados del PP si la vida les fuera adversa y los desahuciaran de sus viviendas por no poder pagar la hipoteca?