La justicia, al igual que la policía, es una organización que las clases poderosas articulan para someter a los más débiles. Acudiendo con artificios a la trampa sociológica de inducir a creer que es igual para todos. De ahí el conocido dicho de Hecha la ley, hecha la trampa. Aunque bien podría volverse del revés y rezar Hecha la trampa, hecha la ley. Porque tanto la trampa como la ley se fraguan en los Parlamentos por el llamado Poder legislativo, que no es sino reflejo de esas clases poderosas. Si, por ejemplo, un Parlamento legisla que no hay dación en pago para las hipotecas, poco pueden hacer después los jueces. Éstos tienen que guiarse obligada y puntualmente por unas leyes y códigos que el Parlamento formula. Su margen de interpretación es corto en el Derecho español y europeo, al contrario que en el anglosajón. Por eso lo que vemos en las películas, y que condiciona nuestras opiniones, no es aplicable a la justicia real española. Los Parlamentos son los nuevos monarcas absolutos de los siglos XX y XXI. Los jueces son meras correas de transmisión; acusarles de prevaricadores, salvo los casos no generales que pueda haber como en cualquier profesión, no es correcto. Equivocadamente echamos la culpa al mensajero.

Porque, además, el poder ha arbitrado métodos fortísimos de inspección y sanción para controlarlos. Y por supuesto medios para designar en los altos cargos a los más fieles coincidentes con sus ideas. En el fondo, la justicia, como la enseñanza, como la economía, y como todo, es cuestión ideológica. Si un juez ve delito en un aborto no prevarica, sino que es conforme con sus ideas y con la norma legal que le obliga. O en un desahucio. O en una mala gestión bancaria. O en todo. Si tres jueces no ven anomalía en la actuación de una Infanta de España solo quiere decir que la maraña legal permite tal interpretación. La justicia, como todo sentimiento subjetivo, es imposible. Todo el que gana un pleito dirá que existe, el que lo pierde dirá que no. Y el que no participa opina según sus teorías o creencias.

Ocurre que el ansia de justicia es el sueño oculto y a la vez manifiesto de la humanidad. Pero no es posible cumplirlo. Incluso si llegaran al poder quienes lo sufren, caerían en el mismo incumplimiento. No hay más que comprobarlo en los regímenes autoritarios de cualquier signo. Lo corrupto es siempre el poder. Por ello, lo único posible es atemperar los desmanes de los poderosos. No es lo mismo, aun siendo malo, una legislación retrógrada y conservadora de privilegios que una legislación progresista. En ésta, entre otras ventajas y dentro de sus enormes imperfecciones, la justicia sí es un poco más igual para todos. Lo cual no es bastante para calmar la desafección y desencanto de los ciudadanos, pero, por ejemplo, ahora mismo el Partido Popular, con su viscoso Gallardón al frente, está a punto de reducir a ceniza la poca independencia de la que disponían los jueces. Y conste que la del PSOE también fue siniestra. Es imposible que la justicia sea perfecta. Pero evitemos que sea absolutamente imperfecta. Renunciemos al juez que todos llevamos dentro. El asesino no es el juez, sino el político y los poderosos que lo sostienen. Indultan, legislan a su gusto, cambian lo que no les conviene, incumplen en todos los órdenes, civil, penal, contencioso, social. La ley es el vómito de los fuertes.

Corolario:
1. La justicia hoy en España está en estado comatoso. Eso no significa que todos los jueces sean malos profesionales ni que el servicio público de la justicia esté agotado.

2. El sistema judicial español está muriendo por excesivo garantismo. No puede haber en juego tantos recursos, tantas instancias, tantas acusaciones (públicas, privadas, populares...). Hay que reformar urgentemente el sistema procesal para evitar los males derivados de dicho garantismo, que llevan a la dilación brutal de los asuntos. Y esta proposición no es nada ajena a lo que ocurre en países democráticos como Inglaterra, Francia o Alemania.

3. Dejándose de palabrerías, hay que evitar con leyes ad hoc que la política influya en la justicia. Tanto los políticos personalmente como las altas instancias del Estado.

4. Hay que procurar que los jueces solo deban respeto y juramento a la Constitución, y por lo tanto excluir de la judicatura a aquellas personas que tienen otros juramentos o votos de obediencia. En concreto, miembros del Opus Dei y Asociaciones y sectas similares, sean de la tendencia que sean.

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Gota ESCANDALOSA: Clamoroso, grotesco, espantoso y cínico ridículo en el programa de ayer de Jordi Évole, Salvados, del ex ministro de Justicia e Interior, actual senador y alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch: ¡No se acordaba de los indultos concedidos durante su mandato a Jesús Gil y a un guardia civil condenado por torturas, ni de las razones por las que se les indultó!