Empieza a ser más preocupante lo legal que lo ilegal. Puede parecer asunto menor, pero la fiscalía está investigando al alcalde y tres ediles del PP en el ayuntamiento de Benigánim, un pueblo de la provincia de Valencia de 6.000 habitantes, que gastaron 9.000 euros en llamadas del móvil oficial, estaban suscritos a un canal telefónico de televisión de sexo, y a otro de juegos, música y vídeos a razón de 4,8 euros por llamada. Lo grave, si se confirma, no es la desviación de cometidos oficiales, sino el hecho de que todos los ediles dispongan de un móvil de última generación asignados por el ayuntamiento y con 100 euros mensuales cada uno de gasto en llamadas. Esto ocurre en los más de 8.000 ayuntamientos de España. Si calculamos el coste de los teléfonos entregados a más de 80.000 concejales a razón de 400 euros por aparato, dada la rebaja que se supone harán las compañías telefónicas, salen 32 millones de euros más ocho millones en llamadas oficiales o particulares para decirle a tu mujer que no vas a cenar. Es decir, 40 millones tirando por lo bajo. Si calculamos los teléfonos móviles, todos buenísimos, de que también disponen diputados nacionales, senadores, diputados de las 17 autonomías, amén de tabletas, diputados de las Diputaciones provinciales y demás organismos oficiales con seguridad sobrepasaremos los 100 millones de euros. ¿Por qué deben tener teléfono gratuito estos señores? Todo legal. Ya se sabe que los diputados del Congreso, aparte planes de pensiones y jubilaciones máximas con dos legislaturas, con complementos incluidos cobran tanto como el Presidente del Gobierno. Todo legal. Lo mismo que la historia de los viajes o las tarjetas de crédito. La legalidad exculpa de toda recriminación. El cabreo ciudadano no cuenta. También sabemos que los miembros del Consejo Consultivo de Madrid, Gallardón el último incorporado, cobran ocho mil euros mensuales por asistir a cuatro reuniones como mucho. Y lo mismo con parecido nombre en las 17 autonomías. Todo legal. Del Tribunal de Cuentas ya se habló mucho de la designación de sus miembros y trabajadores. Todo legal. Y así en todo el circuito institucional, miles de kilómetros de plazas de parking o estacionamientos reservados. Ya todo es un desmadre y una orgía legal. No se me quita de la cabeza que haya cientos de miles de españoles que no pueden encender la calefacción o la estufa ni que el 53 % de los parados ya no reciban ninguna prestación, mientras Felipe González o Acebes o Aznar o Elena Salgado trincan como asesores de compañías eléctricas o de gas, o que Endesa haya repartido 15.000 millones de euros en dividendos, los más cuantiosos de la historia de España, mientras la luz sube el 18 %. Claro que se comprende menos cómo es posible que muchos de quienes pasan frío o no reciben prestación, en la cima de las paradojas votan al Gobierno que tolera todo esto. Todo, como es lógico, legal. Hemos llegado a una situación en que bajo el signo de la legalidad se puede amparar la mayor inmoralidad. Y sí, todo es casta, excepto quienes sufren tal legalidad e inmoralidad. Catalunya es casta, Monago es casta, el Congreso es casta, la UE es casta, los no extraditados a Argentina del franquismo son casta. Lo legal es más dañino que lo ilegal. Todo es un desmadre porque todo es injusto, inmoral y arbitrario.