Ayer hablé de la indefensión en la que se encuentran los ciudadanos cuando recurren a la justicia, si la administración, como en el caso del Yak - 42, decide atacar de frente con su explosivo cóctel de televisión, prensa y jueces afines. Ahora le ha tocado el turno a la asignatura de la educación para la ciudadanía, en la que como recordamos, se revelaban contra lo que llamaban "la intención de impartir doctrina en las aulas", precisamente, los que pretendían que la religión fuera asignatura obligatoria. Una de las cosas que sorprendían de la protesta era que no se especificaban los temas que molestaban de una asignatura que pretende luchar contra la injusticia de la desigualdad por cuestión de género, la xenofobia, el racismo, el machismo, la homofobia... "asuntos y cuestiones" que se deberían enseñar en la aulas y, también, en la catequesis de toda religión al servicio del amor, la paz y la convivencia. Pero sorprende más todavía que un sector de la justicia actúe de la misma manera. Si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cree que la imposición de la asignatura incurre en inconstitucionalidad, que lo diga y proceda, pero lo que no puede hacer es sumarse a la turba evangelizante, sin especificar en la sentencia en que se vulnera la ley al incluir esta asignatura entre los estudios obligatorios de la infancia en una sociedad que se despierta casi todos los días con un crimen machista. No es que se les vea el plumero a sus señorías, es que se pasean como pavos reales por la impunidad corporativa que les ampara (léase Consejo del Poder Judicial). Vamos que, contra todo pronóstico, se ha adaptado antes a la democracia el ejército que algunos sectores de la justicia que siguen viviendo en califatos independientes.