Han sido hercúleos los esfuerzos de los familiares de los 62 muertos para que el juicio del Yak-42 salga adelante. A pesar de la resistencia a juzgar los hechos, el archivo y sobreseimiento de la causa por parte del juez Grande-Marlaska, los familiares no se han rendido. Este juez atribuyó el accidente "al cansancio y a la falta de preparación de la tripulación del aparato". Restó importancia al hecho de que se pagó mucho dinero para que los fallecidos viajaran con las mínimas garantías de seguridad, pero ese dinero se esfumó por el camino y se terminó contratando un vuelo de saldo. Queriendo exculpar, lo que hizo fue señalar como culpables a los responsables de la contratación. De la identificación de cadáveres, ya hablaremos otro día.

¿A dónde fue la pasta? ¿A quién se encubre? Ante hechos tan despreciables, sólo cabe la acción enérgica de la Justicia, pero descorazona ver cómo se trata de evitar con todo tipo de argucias de leguleyo que se sepa la verdad. Han mentido altos cargos cuando han dicho en sede judicial que las cosas se hicieron bien y que desconocían las quejas de los militares por las pésimas condiciones en las que viajaban. Otros generales han aportado documentación afirmando que las quejas eran bien conocidas.

Los familiares de las víctimas han denunciado las amenazas, la prepotencia y el desprecio con el que han sido tratados siempre por los responsables del Ministerio de Defensa que presidía Federico Trillo. Para humillarles, decían que todo era un montaje para sacar dinero. Ahora es al juez al que le toca sacar dinero: aquel cuyo robo provocó el accidente.
Estas no son sus víctimas. No sirven como ariete de agitación política para desprestigiar al Gobierno. Son escoria y como tal se les trata.