Asuntos & cuestiones

Disparate de ley

Una sentencia pretende enviar a la cárcel a dos periodistas por comunicar una información veraz, precisamente en España, donde todos los días se publican informaciones falsas a sabiendas y con total impunidad. Los españoles hemos sufrido durante años portadas en las que se acusaba a la Policía, a la Guardia Civil, al Ejército y al Gobierno de estar detrás del mayor atentado de nuestra historia. El propio juez instructor del 11-M y los fiscales se habrían encargado de destruir y ocultar pruebas para salvar a los verdaderos autores del atentado, según estas informaciones coreadas por líderes como Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que se apresuraron a pedir el archivo de la causa que habría supuesto dejar en libertad a terroristas que luego fueron condenados a miles de años de cárcel.

Ahora se hace una excepción a la impunidad para condenar a dos periodistas por publicar una lista verdadera de afiliaciones falsas al PP, denuncia que proviene de un miembro de ese partido, en los sucesos previos al famoso tamayazo que hizo a Esperanza Aguirre presidenta de la Comunidad de Madrid gracias a una trama corrupta perfectamente orquestada que la Justicia se niega a investigar. La propia Aguirre ha sido la única que ha celebrado la condena de estos periodistas mintiendo, otra vez, para justificar su opinión, al afirmar que no se condena por informar sino por revelar secretos como direcciones y teléfonos de los afiliados, lo cual es falso: sólo se publicaron los nombres. Una vez más, la Justicia se propone como herramienta política al margen de su cometido como poder del Estado, mientras que el Consejo General del Poder Judicial mira para otro lado.

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