Peligrosa la senda que escoge Rosa Díez cuando, de cara a formar grupo parlamentario, afirma que a su grupo y a Amaiur no se les puede aplicar el mismo baremo porque el suyo “es un partido perseguido por ETA” mientras que Amaiur “está tutelado por la banda”.
Habría que recordarle que el suyo no es el único partido perseguido por ETA, todos lo estaban, no corren tiempos para capitalizar el victimismo, ni a las víctimas, que fueron utilizadas demasiadas veces como arma arrojadiza contra los rivales de forma vergonzosa.
Sorprende la resistencia a suprimir a ETA de la acción parlamentaria, precisamente, por parte de aquellos que se sienten más amenazados, dificultando la normalización del País Vasco tan reclamada por gran parte de la clase política y la totalidad de la ciudadanía. La paradoja raya el esperpento cuando se plantea la ilegalización de Amaiur, en un afán nostálgico de encontrar un enemigo allí donde se debería buscar la reconciliación.
En cuanto a la ofensa que le supone que se le aplique el mismo baremo que a Amaiur, no creo que sea oportuno introducir el criterio del voto ponderado en función de la legitimidad política porque esto nos metería en el complejo laberinto de la subjetividad y no todos los que ostentan cargos de responsabilidad tienen como prioridad la defensa de los valores democráticos elementales. Sin ir más lejos, en Castilla-La Mancha se cierran centros de asistencia a mujeres maltratadas. Imagínese doña Rosa si la calidad política fuera un criterio para estar sentado ahí, a dónde habría que mandar a algunos.
Siguiendo el juicio por cohecho de Francisco Camps, Ricardo Costa y compañía, uno acaba cayendo en la desesperación cuando, a pesar de lo que se escucha en la sala, ve cómo personas significadas del partido que nos va a gobernar sostienen todas las coartadas y excusas imaginables para que la corrupción nunca deje de ser una fuente de ingresos alternativa para los que administran los dineros públicos. Mariano Rajoy, que prometió estar siempre “detrás, delante o al lado” de Camps, ha hecho mutis, como tiene por costumbre, previendo un efecto tóxico.
Sin embargo, Mercedes de la Merced, en la radio, sigue agarrándose a la doctrina de Los Soprano de distinguir si el presunto es de “los nuestros” o no y, a pesar de ostentar un cargo delicado en la cosa ética como ser consejera de Bankia, no ve cosa reprobable en la conducta de sus compañeros y vuelve a la tesis de la conspiración política, con el argumento de que nadie resistiría una exhibición pública de sus conversaciones telefónicas.
Sorprende que pase por alto la identidad de las personas que conversan. No se está revelando la sexualidad de nadie, ni descubriendo una cita que dinamita la fidelidad de una pareja. Las declaraciones de amistad, fidelidad y amor eternos se hacen entre el que reparte y el que recibe dinero público: “Nuestra pasta”.
Mal, muy mal vamos si el partido entrante continúa amparando estas conductas donde se fomenta el latrocinio pretendiendo, al mismo tiempo, generar la confianza de “los mercados”. La del mercado negro ya la tienen, fijo.
La propuesta de refundación del capitalismo que sonó como un rumor lejano en los primeros compases de la crisis, cuando aún no se preveía que sus consecuencias fueran tan graves, no la ha repetido el eco. Era evidente que la idea escondía el cinismo Lampedusiano de que “todo cambiara para que todo siguiera igual”, pero apuntaba a que este sistema que llaman “de mercado”, campando a sus anchas, sin ningún tipo de regulación, podría acabar devorando a sus hijos. Ante la perspectiva de cinco millones de parados y con un futuro incierto en el que un proyecto de vida parece alejarse como la ola que precede al tsunami, la sociedad se vuelve sumisa.
Las agencias de calificación trabajan para los inversores orientándoles hacia los campos de mayor confianza, condenando a la ruina a unos países, mientras absuelven a otros. Los gobiernos trabajan para contentar a estas agencias tratando de evitar males mayores y así son los mercados los que por una vía paralela acaban gobernando, imponiendo su ley. Esos mercados cuya voracidad se sabe infinita y cuya única razón de existir es el beneficio, a cualquier precio, incluso, como hemos visto, especulando con los alimentos esenciales para condenar al hambre a millones de personas.
No se escuchan las contrapartidas que van a exigir a estos mercados, ahora que imponen políticas de austeridad, los que tienen la obligación de procurar el bienestar de los ciudadanos: ¡Prohíban las maniobras que provocan el quebranto de muchos en beneficio de pocos! ¡Salgan de la caverna y protejan a su pueblo de los depredadores!
El “centro” español no se centra. Ante cualquier atisbo de normalización salta en bloque en defensa de unos valores que, a fuerza de defenderlos, van a acabar siendo eternos, tal y como los definía José Antonio Primo de Rivera. Ahora toca “el Valle de los Caídos”.
Se estrena Rajoy en Europa y en compañía de Zapatero defenderá los intereses de Merkel y Sarkozy, entendiendo la sumisión como estrategia para ganar el afecto de esta parejita que, superadas sus diferencias atávicas, han decidido ejercer de jefes y poner orden en la tropa del Sur tradicionalmente dicharachera y descaradamente corrupta.
Y ahora que salimos a Europa con la muchachada que promete “el cambio”, cabría preguntarles cómo verían que el monumento más gordo de Alemania estuviera dedicado a Hitler y le sirviera de mausoleo. Estaría bien que se echaran las manos a la cabeza, como hacemos quienes no sentimos simpatía alguna por el fascismo español, sus artífices y sus símbolos. Por eso nos sorprende que sean los allegados del dictador los que tengan la última palabra en el destino del siniestro monumento, cuando se están negando derechos fundamentales a las familias de muchos asesinados durante la guerra y posterior dictadura de Franco, cuyos cuerpos siguen en las cunetas, a mayor vergüenza y distinción de nuestros vecinos del norte.
Y, además, tenemos cinco millones de parados que no deben servir de excusa ni pantalla para abordar estos temas. No los utilicen, como hacen habitualmente, sin el menor respeto, con las víctimas del terrorismo.
Mal acaba lo que mal empieza, reza el refrán. En esta era de recortes donde se exige a los ciudadanos que asuman lo que llaman medidas impopulares, sorprende por su desvergüenza el veto que ha ejercido el Partido Popular en la Comunitat Valenciana para impedir que salga adelante una ley que también contempla recortes, en este caso a los expresidentes y altos cargos de la Administración, para que dejen de percibir privilegios y asignaciones económicas al abandonar su puesto, cuando hayan sido condenados por delitos de corrupción.
Nadie se debería oponer a esta medida mientras se están desatendiendo servicios como la educación, la sanidad o la Ley de Dependencia porque dicen que no hay dinero para mantener el Estado del bienestar tal y como lo concebíamos hasta hace unos meses.
Con este veto indican que no sólo seguirán sin perseguir los casos de corrupción que se dan entre sus miembros, sino que están dispuestos a premiarles con incentivos económicos cuando la Justicia les expulse del cargo por delincuentes.
Para justificar lo injustificable recurren a ese lavado de expediente que para ellos supone ganar en las urnas y afirman que esos privilegios son: “Un reconocimiento del pueblo hacia quienes el mismo pueblo ha elegido para gobernar”. En efecto, para gobernar, no para recortar también la cartera de los ciudadanos en beneficio de los amigos.
Utilicen con los corruptos parte de la crueldad que ejercen contra los indefensos, sólo una pequeña parte, por respeto elemental hacia las víctimas del latrocinio.
En tiempos de crisis se exigen reformas laborales, como si los derechos de los trabajadores, que dan algo de estabilidad a los que pretenden vivir de su salario y les permiten hacerse un mínimo proyecto de vida, fuesen la causa de todos los males.
Zaratustra sigue sin hablar, pero ha convocado a los líderes sindicales para anunciarles la urgente necesidad de abordar esas reformas que se exigen desde todos los centros de poder, y cuya necesidad se ha convertido en dogma de fe. Antes de realizar cualquier ajuste, antes de implantar cualquier recorte, se ha de llegar a un pacto de “reformas profundas” que nos lleve a un mercado ¿flexible?, no: elástico. Lo que se pretende, como en el resto de los ámbitos, es que este mercado, el laboral, también sea libre: el sueño, la panacea de los liberales. Un mercado laboral sin normas donde los derechos sean abolidos; los trabajadores sean tratados como mercancía; un paraíso donde las personas adquieran la condición de “cosas”; la utopía de un mundo amoral, como el propio dinero.
En nada ayuda este sueño tanto tiempo añorado a solucionar la crisis, pero es el momento de imponerlo, ahora que los estados han dejado de tener como prioridad el bienestar de los ciudadanos y no hay más patria que eso que llaman “los mercados”, que siempre se llamó “el capital”, y de cuya crueldad e infinita avaricia, cuando se le deja actuar libremente, sin respuesta, ya nos advirtieron nuestros mayores, hoy malditos, demostrando que aquella, su razón, escondía una verdad. Por eso los persiguieron y demonizaron.
Hay noticias que por el escaso impacto que tienen en lo inmediato pasan desapercibidas. Sin embargo, es preciso frenar a tiempo actitudes que minan la esencia de la convivencia porque, una vez instauradas, enfrentan a los ciudadanos de forma innecesaria aunque no sé si deliberada.
El otro día, el Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) negó un espacio público para una conferencia programada por la llamada “Escuela de ciudadanos” porque el ponente era Carlos Solchaga, el exministro del PSOE. En ese espacio, dentro del mismo ciclo, ha intervenido algún miembro del Partido Popular sin objeción alguna por parte de la autoridad competente. Descartamos, por tanto, la militancia a un partido como causa de la negación.
A uno le gustaría que en un ejercicio de educación elemental, la autoridad competente recibiera al que fuera miembro del Gobierno de España con muestras de la hospitalidad característica del pueblo al que representa. La razón alegada no tiene desperdicio. Afirma un concejal que en ese curso los ponentes vierten “descalificaciones, acusaciones y juicios de valor absolutamente subjetivos hacia el Partido Popular, que hoy gobierna con mayoría en este municipio”. Entendemos que Solchaga es un agitador insidioso al que hay que negar la palabra.
Tendrían que ser, precisamente, los votantes del PP los más indignados por tan penosa representación, y alguien de ese partido debería tomar cartas en el asunto para evitar que broten por doquier estos enemigos de la libertad que dificultan su ya de por sí penoso y extenuante viaje “al centro”.
El hundimiento del PSOE se puede interpretar de dos maneras. Bien porque muchos de sus votantes se han visto traicionados por las reformas que inició el Gobierno, considerándolas propias de un partido de derechas (lo que explicaría el crecimiento de Izquierda Unida), o porque se quedaron cortos con los recortes.
A pesar de que en su día calificaron esas medidas de antisociales y Dolores de Cospedal llamó a su formación, en lo que parece una broma de mal gusto, “el partido de los trabajadores”, el mensaje que emana de las urnas va en la dirección de los recortes drásticos, según lo interpretan los vencedores de las elecciones y sus fuerzas vivas coadyuvantes.
La demagogia, la falta de transparencia y el nulo respeto a la palabra dada se han convertido en norma. De ejemplo de “honestidad” califica Jordi Pujol las medidas impopulares anunciadas en Catalunya por Artur Mas dos días después de las elecciones. No comparto en absoluto ese concepto de “honestidad” y para explicarme cito a Duran i Lleida: “No seré mucho más concreto, no porque no tenga ideas al respecto, sino porque si las explico perderé las
elecciones”. En cualquier otro ámbito, el señor Pujol calificaría a un interlocutor que le oculta información para venderle algo que no desea de estafador. En política parece que todo vale. Han hurtado a los ciudadanos, deliberadamente, la posibilidad de elegir aquello que más les conviene y disfrazan de estrategia lo que no es más que una traición al sistema democrático que, con sus palabras y acciones, usurpan, pero no representan.
Allá por el mil seiscientos y pico, Pierre de Fermat escribió: “He encontrado una demostración absolutamente maravillosa, pero el margen de esta hoja es demasiado estrecho para incluirla…”. Se refería a la solución de una ecuación que había formulado y con la que han estado obsesionados los principales matemáticos del mundo durante siglos. Parecía lo suficientemente sencilla como para que la resolviera un niño, pero no fue hasta finales del siglo XX cuando un señor llamado Andrew Wiles, después de siete años de trabajo, utilizando aplicaciones de matemáticas modernas, resolvió el dichoso teorema en presencia de ilustres científicos llenando decenas de pizarras con extrañas ecuaciones.
Como Wiles utilizó en su demostración conocimientos de los que no disponía Fermat en el siglo XVII, se ha especulado mucho sobre cuál sería aquella sencilla solución. Muchos matemáticos son escépticos y creen que la demostración de Fermat era errónea o, simplemente, no existía.
Con el PP ocurre lo mismo. Han repetido hasta la saciedad que sabían lo que había que hacer para salir de la crisis, poseían la fórmula secreta, y ahora que toca enseñarla resulta que se ha esfumado, han estado mintiendo durante todo este tiempo. La negativa a explicar su programa en una situación tan grave como la que estamos viviendo en la que se anuncian recortes, supresión de derechos y se apela al patriotismo, denota el mayor desprecio imaginable hacia la ciudadanía, y con ese desprecio tan de su clase que en la práctica significa un cheque en blanco, llegan al poder.
A un día de las elecciones, algunas cosas se van concretando. Dolores de Cospedal, de la que Rajoy el moderado tiene la mejor de las opiniones, nos cuenta que las decisiones que tomarán si gobiernan sacarán a la gente a la calle. Ejerce de nuevo ese cinismo tan característico en ella, como cuando se llamaba lideresa del partido de los trabajadores; cuando se quejaba de lo que cobran los políticos, antes de publicarse que era la que más cobraba, más que Zapatero; o cuando acusaba al Gobierno de practicar métodos nazis por utilizar detectives privados para perseguir a sus compañeros de partido, descubriéndose, más tarde, que había sido su propio partido el que los había contratado. Los que utilizaban tal método dejaron de ser nazis, por lo visto. También quiso llevar a los tribunales europeos el tema de las escuchas telefónicas en el caso Gürtel por ilegales, sin hacer el menor comentario sobre el contenido de dichas conversaciones, encubriendo, como el resto de la cúpula de su partido, esas prácticas corruptas cuya legitimación nos pasará una factura imprevisible.
Ahora ejerce de pitonisa y vaticina que la progresía, en su afán desestabilizador, se opondrá por sistema a las medidas que adopte el nuevo Gobierno. Esas protestas, por tanto, no tendrían fundamento al estar planificadas de antemano.
Mientras, la CEOE está exigiendo compromiso para que sus afiliados puedan incrementar sus privilegios a costa de la abolición de derechos que han costado decenios de lucha. Faltan dos días para que todo vuelva a funcionar como un reloj perfecto.
