Este mes se cumplen cinco años del inicio de la campaña internacional "Boicot, Desinversiones y Sanciones" (BDS). Durante este lustro activistas propalestinos y pro derechos humanos de numerosos países occidentales, incluido España, han impulsado el boicot de los productos israelíes que se venden en sus países como una forma de presión para obligar a Israel a cumplir la legislación internacional. La campaña adquiere más fuerza cuando exige el boicot de las empresas israelíes e internacionales que operan en los terriotorios ocupados, y la verdad es que cada vez hay más empresas que lo hacen puesto que las ventajas económicas y fiscales son notables.

La petición de los activistas propalestinos españoles gira en torno a cuatro frentes. El primero insta al boicot instucional español, es decir del Estado, y esto incluye la congelación del comercio armamentista, tanto de venta como de compra de armas. En el segundo frente se pide el boicot de las empresas que trabajan en los territorios ocupados, como Agrexco, que comercializa frutas y verduras que llegan directamente de Israel dos veces por semana por barco al puerto de Valencia. Otra compañia, Agua Eden Springs. comercializa agua proveniente de manantiales situados en el Golán ocupado a Siria. También se impulsa el boicot a H&M, que incluso ha abierto tiendas en el sector ocupado de Jerusalén.

En tercer lugar la campaña exige un boicot cultural y deportivo de los artistas y clubes que "representan la cara amable de Israel", incluyendo el Festival de Eurovisión o la participación de los equipos israelíes en las competiciones europeas, tanto de fútbol como de baloncesto. Por último, se pide un boicot académico de las instituciones universitarias israelíes.

Algunos grupos de derechos humanos israelíes apoyan el boicot internacional como medida de presión para terminar la ocupación. Pero estos días precisamente el parlamento israelí está discutiendo un proyecto de ley que permitirá imponer duras sanciones económicas a los israelíes que apoyen el boicot. El proyecto de ley también da a las empresas boicoteadas la posibilidad de demandar judicialmente a quienes promuevan el boicot con el fin de exigirles compensaciones.