Ya les gustaría al PSOE o al PP tener una parroquia semejante. Por cantidad y por fidelidad. Nada menos que 1.100.000 españoles están afiliados a Comisiones Obreras y pagan una cuota ordinaria de diez euros mensuales. Con mucha menos gente y financiación se han organizado revoluciones. Sirva el dato para situar este asunto en sus justos términos: no estamos hablando de una peña de amigos ni de los socios de un club de fútbol.

Se trata de la organización con mayor masa de militantes que existe en España; son las comisiones obreras que surgieron en los años cincuenta del siglo pasado, impulsadas por el Partido Comunista de España, movimientos obreros cristianos y otros colectivos antifranquistas, y que a partir de 1964 funcionaron coordinadamente como la más eficaz y verdadera oposición interna a la dictadura. Porque en esto ocurre como en lo de mayo del 68: si todos los personajes españoles que mantienen haber estado en París en aquella fecha dijesen la verdad, España se habría quedado desierta.

Pues eso: si todos los que presumen de un pasado antifranquista clandestino hubieran actuado con tantísimo valor, cuesta creer lo que tardó en agonizar el régimen. No es el caso de CCOO. Ese movimiento sí que tiene derecho a colgarse un saco de medallas por su contribución activa y honesta a las libertades.

Merece la pena recordarlo porque algunos de los dirigentes actuales del más poderoso sindicato pretenden engañar a su militancia. En las últimas semanas, este periódico ha puesto negro sobre blanco ciertos datos que no han podido ser desmentidos, y que afectan a lo más sagrado cuando se trata de una organización dedicada a defender los derechos de los trabajadores: la honestidad y la transparencia.

Los hechos

Documentos oficiales que constan en los registros públicos demuestran que la máxima responsable de Banca de CCOO, María Jesús Paredes, y su pareja, el también dirigente sindical Francisco Baquero, han acumulado en pocos años un patrimonio inmobiliario valorado a la baja en más de dos millones de euros. Además, ambos han compaginado sus cargos sindicales con actividades empresariales.

Y, en tercer lugar, el administrador único de los negocios de Paredes y Baquero ha creado un grupo empresarial cuyo principal cliente es el propio sindicato. Dicho administrador, Santiago Gil, fue entre los años 2000 y 2003 gerente de FOREN, la fundación de CCOO que se encarga de organizar los cursos de formación. Desde hace cuatro años, Gil se dedica desde su empresa privada a gestionar precisamente cursos de formación de Comisiones Obreras, y, además de administrar los otros negocios de Paredes y Baquero, aún le queda tiempo para llevar la contabilidad de varias federaciones estatales del sindicato.

Se trata de personas de absoluta confianza del máximo líder de CCOO, José María Fidalgo. Y se trata de FOREM, que maneja más de 50 millones de euros al año que el Estado facilita para cursos de formación continua. Este dinero procede del 0,7% de la nómina de todos los trabajadores (no sólo los afiliados) que la Fundación Tripartita para la Formación Continua, en la que están representados Gobierno, sindicatos y empresarios, reparte luego entre estos últimos para que pongan en marcha los citados cursos.

Parece de sentido común que el señor Fidalgo debe ofrecer explicaciones en primer lugar a la militancia de su sindicato y a continuación al resto de los ciudadanos. Porque ya el hecho de que la gestión de fondos o la contabilidad sindical se externalicen y se pongan en manos de empresas privadas es suficientemente llamativo. Pero que esas empresas estén ligadas a determinados miembros de la dirección del sindicato resulta estéticamente feo y éticamente impresentable.

El señor Fidalgo debe dar explicaciones a los militantes y a los ciudadanos porque la historia, la imagen y la trayectoria intachable de CCOO lo merecen, y también porque entre todos pagamos los fondos que maneja. En lugar de levantar las alfombras, ver lo que hay que barrer y defender así la buena imagen de su gestión, Fidalgo ha preferido elegir esa vía que tanto gusta a los alcaldes corruptos y a las folclóricas indignadas: todo esto es una campaña organizada desde La Moncloa para dañar a la organización. Tamaño dislate está ya desmentido por los datos y por La Moncloa.

Da la impresión de que José María Fidalgo mira y lee con las gafas de hacer política, en lugar de las lentillas del responsable de un sindicato. Cuando se encienden las luces más pronto que tarde se ve lo que alumbran, y todo indica que, por mucho que Fidalgo se empeñe en apagarlas, las luces se han encendido.