Suele decirse que una justicia lenta no es justicia, pero hay poderes e instituciones cuya actuación es aún más lenta que la maquinaria judicial, hasta el punto de convertir su función en puro papel mojado. Se lleva la palma el Tribunal de Cuentas, especialmente en uno de sus principales cometidos: la fiscalización de los partidos políticos. Su último informe corresponde a la contabilidad del año 2006, de modo que se produce ahora una situación que puede calificarse en el mejor de los casos de surrealista. Acaba de ser condenado y expulsado de la carrera judicial el magistrado que en 2009 destapó la trama Gürtel, en la que se aprecian indicios de financiación irregular en varias campañas electorales del Partido Popular. Sin embargo, el órgano encargado de revisar las facturas de los partidos aún no ha informado sobre los ejercicios anteriores a la intervención del juez Garzón. El Supremo ha sido mucho más ágil en la protección del derecho de defensa de los principales imputados de la Gürtel que el Tribunal de Cuentas en la revisión de la contabilidad de la que se beneficiaban. La última elección de consejeros del Tribunal se consensuó en 2001, con mayoría absoluta del PP, y no ha habido forma de renovarlo con el PP en la oposición. Rajoy planteará pasado mañana a Rubalcaba una oferta para la nueva composición (ahora sí, “urgente”) de varias instituciones, entre ellas un Tribunal de Cuentas que no ha mostrado ninguna prisa en examinar las facturas de la Gürtel.
Sobran los motivos para reprochar al Gobierno sucesivos engaños a la ciudadanía pese a llevar sólo mes y medio en el poder (subidas de impuestos, ayudas públicas a la banca…). Pero hay que reconocer que Rajoy está cumpliendo escrupulosamente con la UE, con Merkel y con los mercados. “No aceptaré órdenes de Bruselas”, dijo el presidente. Y no las acepta: se adelanta a ellas o las sobrepasa. El ministro de Economía, Luis de Guindos, sopló anteayer al comisario europeo Olli Rehn que la reforma laboral iba a ser “extremadamente agresiva”. Y lo es. No “contra el paro”, como pretendió matizar en pocas horas el propio Ministerio, sino contra los derechos de los trabajadores. Sin el menor intento de consensuar nada con los agentes sociales, el Gobierno abarata el despido improcedente y facilita el despido objetivo, al establecer como causas no ya “la previsión de pérdidas” en una empresa sino “la caída de ingresos o ventas” durante tres trimestres consecutivos. Hachazo también a la fuerza de los sindicatos al reducir el alcance de los convenios colectivos y al dar prioridad a los de empresa sobre los sectoriales, territoriales o estatales. En resumen, se pretende vender una reforma laboral de fomento del empleo indefinido alargando los periodos de prueba para jóvenes o subvencionando el primer puesto de trabajo creado por un emprendedor. Ninguna reforma laboral ha creado empleo, pero cabía esperar que al menos no se facilitara con tanto desparpajo su destrucción.
Tras sólo un mes en el Gobierno, el PP ha perdido casi dos puntos del respaldo electoral que obtuvo el 20-N. Se diría que los únicos que no guardan cola para abrazar a Rajoy son sus votantes. No es algo frecuente; lo habitual es que los primeros sondeos del CIS después de unas elecciones generales otorguen mayor ventaja a quien acaba de ocupar el poder, aunque sólo sea por aquello de no mirar los dientes al caballo ganador. Claro que las circunstancias son excepcionales, porque tampoco es habitual prometer durante años una rebaja de impuestos y subir el IRPF al cuarto de hora de habitar la Moncloa. Aun así, el PP sigue sacando una ventaja de 14,7 puntos a su inmediato seguidor, un Partido Socialista que a su vez pierde nueve décimas de apoyo electoral. Hasta el sábado, cabía pensar que el desgaste del PP a causa de sus propias contradicciones o de los tijeretazos al gasto público no podía traducirse en recuperación del PSOE por la incertidumbre en su liderazgo. Desde ahora, ese es el reto principal que espera a Alfredo Pérez Rubalcaba, flamante secretario general, y a una dirección del partido de su absoluta confianza. El congreso de Sevilla, por 22 votos de ventaja sobre la opción Chacón, confió en que Rubalcaba es el más indicado para conducir el PSOE en una travesía cuya prioridad consiste en el rescate de cuatro millones de votos. Ya no está el pararrayos de Zapatero. Rajoy gestiona la crisis. Los ciudadanos esperan soluciones… y también alternativas.
No se conoce el caso de un ministro de Educación o de Justicia que no haya querido poner su nombre a una ley. José Ignacio Wert y Alberto Ruiz-Gallardón parecen tener prisa en conseguirlo, aunque la paternidad de algunos de sus proyectos tiene otros apellidos: la Iglesia católica y el sector más conservador del PP. Wert quiere eliminar Educación para la Ciudadanía porque “adoctrina” y trata “temas controvertidos”. Esta asignatura fue boicoteada por la Iglesia a pesar de haber sido consensuada, limada y “cepillada” con los representantes de colegios católicos. El Tribunal Supremo estableció a principios de 2009 que los pocos padres que protestaban no tenían derecho a objetar de una materia “que es obligatoria por ley y que no adoctrina”. Es fácil comprobarlo en cualquier manual de cualquier colegio, pero sus inquisidores siempre citan como ejemplo un texto no homologado que ninguna escuela de España utiliza. Wert creará una nueva Educación Cívica y Constitucional, aunque se desconoce qué “controversia” observa el ministro en la actual enseñanza de la Constitución. Por su parte, Gallardón presumió ayer de que su reforma del aborto será “lo más progresista que haya hecho nunca”, cosa meritoria cuando pretende recuperar la ley de “supuestos” de 1985 y eliminar el actual derecho de la mujer a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas. Quizás algunos ministros confunden progreso con regreso y ciudadanía con feligresía.
Lo que Mariano Rajoy va diciendo a sus colegas europeos ya ha quedado registrado con imagen y sonido. “Este viernes hemos hecho la Ley de Estabilidad; el viernes que viene, la reforma financiera. Luego, la laboral; la [reforma] laboral me va a costar una huelga”. Así se explicaba ayer el presidente español ante el primer ministro finlandés poco antes de estrenarse en el Consejo Europeo. Al holandés le dijo Rajoy lo que en su investidura había proclamado solemnemente que nunca haría: escudarse en “la herencia recibida” para justificar sus decisiones. “Ahora viene lo más duro, pero es que nos dejan una herencia muy complicada…”. Las palabras grabadas no desvelan ninguna estrategia secreta, aunque sorprende la gestualidad que las acompaña, abundante en sonrisas de autosatisfacción. Rajoy parece tener descontada la convocatoria de una huelga general. La última, la del 29 de septiembre de 2010, le pareció al PP una “puesta en escena un poco pactada” entre los sindicatos y el Gobierno de Zapatero. Esta vez no. Se diría que la reforma laboral en marcha va a ser tan dura que Rajoy ve
inevitable una huelga “como dios manda”. Y presume de ello en la UE para que nadie piense que no está dispuesto a asumir las consecuencias de la doctrina de la austeridad. Ante el Consejo Europeo no hubo mención alguna a la posibilidad de relajar los plazos de cumplimiento del déficit, un objetivo que sí merecería sonrisas y felicitaciones.
Los versos escuchados como cierre de la marcha multitudinaria celebrada ayer en Madrid lo dicen casi todo: “la toga sucia y el culpable limpio”. Corren malos tiempos, años, meses, días y horas para la Justicia, escribía primero y recitaba después el poeta Luis García Montero bajo la atenta indignación de miles de ciudadanos. Reclamaban “verdad, justicia y reparación” sobre los crímenes del franquismo y protestaban ante la sucesión de procesos abiertos por el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón, el magistrado que intentó poner en marcha una investigación sobre la represión de la dictadura y ha acabado sentado en el banquillo acusado de prevaricación. No es inculpado por la Fiscalía, cuyo representante sostiene que no ha visto disparate judicial semejante “en 36 años de experiencia”, sino por un grupo ultraderechista cuyo escrito de acusación fue revisado para atender las sugerencias del propio instructor del sumario. Aquí no se trata, como algunos pretenden torticeramente, de una disputa dialéctica entre críticos del “mal instructor Garzón” y adoradores del “héroe que detuvo a Pinochet”. Se trata de la Justicia. Para sostener que un juez ha prevaricado, hay que demostrar que tomó decisiones injustas a sabiendas, intencionadamente. Y, hasta el momento, nadie lo ha podido demostrar. De lo que sí hay acumulación de pruebas es de la resistencia del poder político y del judicial a reparar la memoria de las víctimas de la dictadura. Los culpables siguen “limpios”.
Si se respetara escrupulosamente la normativa sobre incompatibilidades, un buen número de altos cargos del nuevo Gobierno tendrían que abstenerse a la hora de tomar decisiones en materias bajo su responsabilidad. Porque no se trata sólo del primer nivel del Ejecutivo, ministros que han accedido a sus carteras procedentes de los lobbies más influyentes en esas mismas áreas cuya dirección política asumen. Los segundos escalones de la Administración están a su vez plagados de nombres relacionados con las empresas, industrias o consultoras que se juegan suculentos contratos y pingües beneficios según qué medidas vayan apareciendo en el BOE. No es un fenómeno novedoso, y suele justificarse con el lógico argumento de que al Gobierno deben llegar “los mejores”. Haber ocupado altos puestos en la esfera privada sería una garantía de capacidad y experiencia en la administración del interés general.
Sin embargo, tal ecuación tropieza con la evidencia de que apenas se conocen casos de altos cargos que se hayan abstenido al tomar decisiones que podrían estar condicionadas por sus más recientes intereses particulares. El problema no reside tanto en la legislación vigente como en la aplicación estricta de la misma y en la transparencia gubernamental. Si no se dan esos dos requisitos básicos, es más que legítima la sospecha de que ciertos tecnócratas pasan temporalmente a la política no por vocación de servicio público sino para cumplir intereses privados.
Quienes temían que Rajoy nombrase a Federico Trillo ministro de Justicia aludían al riesgo de una marcha atrás en materias sociales y una excesiva cesión a posiciones ultraconservadoras y religiosas. Cayó bien el nombramiento de Alberto Ruiz-Gallardón, cuya imagen siempre ha ocupado el cartel más abierto y moderado del PP. Ayer puso fin a esa leyenda, alentada en parte por su permanente contraposición a Esperanza Aguirre. Con su mejor talante y su flemática sonrisa, el ministro de Justicia anunció una verdadera “contrarreforma”. Pretende (y el PP dispone de mayoría absoluta para hacerlo) regresar a la legislación sobre aborto de hace 27 años, la que establecía el sistema de “supuestos” de riesgos para la madre a la hora de permitir la interrupción del embarazo. No se conforma Gallardón con exigir a las jóvenes de 16 y 17 años el consentimiento paterno para abortar, cuestión que sí había avanzado el PP. Quiere ir mucho más lejos y revisar a fondo la ley de plazos de 2010, que por cierto no ha disparado el número de abortos como el PP vaticinaba. Gallardón busca también reabrir un debate que en la calle está superado para así colar de rondón otras reformas que favorecen descaradamente el control conservador y corporativo del poder judicial y los intereses de los más poderosos, al instaurar el copago en segunda instancia. Dice que busca “el consenso” para una batería de leyes que suponen una regresión tras otra. (Seguro que tendrá el consenso de Trillo).
Con tres años de retraso y un coste incalculable para los bolsillos de los ciudadanos europeos, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy han firmado a cuatro manos un documento de seis páginas en el que ponen el foco en el impulso del crecimiento económico y en la lucha contra el desempleo. Es la primera vez que lo hacen desde el estallido de la crisis económica y financiera que ha dejado en la UE (hasta el momento) a 24 millones de personas en el paro, más de cinco millones en España. Hasta ahora, el dúo conocido como Merkozy no contemplaba en sus propuestas los conceptos de crecimiento o creación de empleo. Austeridad, rigor, reducción del gasto, cumplimiento del objetivo de déficit, rebaja del endeudamiento… Todos los elementos básicos de la receta implantada por los mercados y exigida por el núcleo duro de la Unión Monetaria al resto de países miembros han ido formando una especie de bucle en el que la premisa de austeridad para reducir el déficit lleva directamente a la caída de ingresos, que a su vez conduce a la recesión y, por tanto, al incumplimiento del objetivo de déficit. La nueva propuesta que Alemania y Francia presentan para su aprobación en el Consejo Europeo del próximo 30 de enero no asume el fracaso de ese camino ni cambia la medicina de la austeridad por la del estímulo. Es tímida y huele a intereses electoralistas del citado tándem, pero al menos supone una pequeña luz en este túnel oscuro por el que deambula Europa desde hace años.
Uno de esos quiebros macabros del destino ha hecho coincidir, en el día de hoy, dos acontecimientos singulares: el entierro de Manuel Fraga y el primero de los tres juicios abiertos por el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón. Nada tienen que ver la extinción física de uno de los últimos protagonistas políticos del franquismo y el primer acto de un calvario judicial que muy probablemente pondrá fin a la carrera de uno de los magistrados más reconocidos de la democracia. No se juzga (aún) su intento de abrir una investigación de los crímenes del franquismo (ya podría sonar a carcajada de la historia tal coincidencia), sino de la presunta prevaricación cometida por el juez al ordenar escuchas telefónicas en prisión a los principales acusados de la trama Gürtel. Fraga recibirá hoy sepultura en Galicia homenajeado como hombre clave de la Transición democrática, al tiempo que el otrora “guerrero insobornable” de la judicatura contra el terrorismo, la corrupción y el crimen de Estado se sentará en el banquillo por haber dado curso legal a la petición fiscal de pinchar conversaciones entre presos y abogados para buscar el destino de millones de euros distraídos durante años de las arcas públicas por la mayor trama de corrupción política de las últimas décadas. Los caminos de la historia marcan curvas y cruces totalmente casuales a los que el transcurso del tiempo da su sentido exacto. La justicia no puede obedecer al azar. Si no es igual para todos ya no es justicia.
