Los mercados se acostaron el viernes dejando de nuevo disparadas las primas de riesgo de la zona euro. La española subió a 385 puntos, nivel que confirma lo patético de aquellas proclamas del PP en las que ridiculizaba al Gobierno anterior como causante de todos los males y pronosticaba una mejoría instantánea del diferencial de la deuda en cuanto Rajoy pisara la Moncloa. Sería igualmente absurdo aplicar ahora al equipo del PP la medicina de la que abusaba en la oposición, porque lo cierto es que de esta no se sale con varitas mágicas nacionales, sino con una rectificación profunda del enfoque europeo contra la crisis. El problema es que esa rectificación no existe, sino todo lo contrario. El nuevo Gobierno asume que el país está en recesión y su receta consiste en podar hasta la última rama del gasto público, reducir salarios y subir impuestos, una pócima cuyos efectos sólo pueden agravar la recesión y multiplicar el paro. Arranca la semana con la vista puesta en esa peligrosa prima cuyo control dependerá de las ganas de Merkel
y del BCE de controlar su ascenso. Aquí no puede haber cien días de confianza porque, como dice la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, la situación “es excepcional”. Si la excepcionalidad justifica que un Gobierno entierre sus promesas, también debería exigir que su máximo responsable, Mariano Rajoy, diera la cara y explicara, al menos, qué piensa proponer a sus colegas europeos para superar juntos esta situación “excepcional”.
Si Rubalcaba ha centrado su propuesta a la Secretaría General del PSOE en las ideas de “cambio y unidad”, Carme
Chacón presentó ayer su alternativa sobre el trípode de “coherencia, respeto y participación”. Las cartas están sobre la mesa y hoy arranca una partida que decidirá el liderazgo interno del PSOE tras el abismo electoral en el que cayó el 20-N.
Lo importante en esta carrera no son las obvias coincidencias entre dos políticos que comparten principios ideológicos y una trayectoria común (aunque con distinto peso decisorio) como miembros de los gobiernos de Zapatero. Son las diferencias entre ambos y la credibilidad de sus mensajes los elementos que pueden condicionar el apoyo que reciban. Chacón pone el acento en la importancia de la coherencia. “Si decimos primarias, hacemos primarias; si decimos izquierda, hacemos izquierda”. Es una forma clara de resumir en un solo concepto el doble problema de credibilidad del PSOE. Hacia “fuera”: el electorado progresista no acepta que los suyos ejecuten recetas propias de la derecha. Hacia “dentro”: los militantes rechazan que se les “venda” democracia interna si luego se abortan las opciones reales de practicarla. Rubalcaba y Chacón pelean el voto de cada delegado en todas las circunscripciones, y serán los militantes (en esta fase) quienes decidan quién representa de verdad el imprescindible “cambio” socialista. Lo de “salvar los muebles” no basta. Hay que reformar la casa para evitar la ruina.
Dentro de la estrategia de distanciamiento que el rey viene practicando a trancas y barrancas respecto a los impresentables negocios de su segundo yerno, ayer aprovechó el discurso de la Pascua Militar para volver a la carga. Juan Carlos citó las reales ordenanzas para recordar la obligación de todo militar de dar “primacía a los principios éticos que responden a una exigencia de la que hará norma de vida”. Lo dijo vestido con uniforme de gala y en el contexto de la ceremonia anual en la que se dirige a las Fuerzas Armadas, pero caben pocas dudas de que su intención es reinstalar el mensaje de que el jefe del Estado no comparte la “norma de vida” practicada por Iñaki Urdangarin, que ni es militar ni parece conocer el significado exacto de los “principios éticos”. El rey hizo algo parecido en su discurso de Nochebuena, con alusiones a la “ética” y a la “justicia igual para todos”. A los pocos días, culpó a los periodistas de buscar tres pies al gato y negó que esas referencias tuvieran carácter “personal”. Por si pretendiera repetir la jugada, conviene recordar que en la Pascua Militar de 2011 no habló para nada de “principios éticos”, y las reales ordenanzas son suficientemente prolijas como para elegir citas alejadas de cualquier interpretación referida al escándalo que afecta a la familia real. Si el rey quiere condenar de una vez el comportamiento de su yerno, debería dejarse de circunloquios. Los ciudadanos (civiles o militares) saben definir perfectamente los “principios éticos”.
Pese a la insistencia del Gobierno en el carácter “excepcional” de la situación económica, Mariano Rajoy parece que no la considera tan excepcional como para comparecer de forma urgente en el Congreso ni ante los periodistas.
La última vez que se dirigió a la ciudadanía fue para leer los nombres de su equipo de Gobierno en vísperas del sorteo de la Lotería, sin admitir preguntas. No tiene previsto hacerlo (en principio) hasta después de la próxima cumbre europea, convocada para el 30 de enero.
Una semana después de enviar a su vicepresidenta y a los tres responsables de las carteras económicas a anunciar el impuestazo, ayer apareció en soledad Sáenz de Santamaría como vicepresidenta y portavoz para explicar que el Consejo de Ministros no había tomado ninguna decisión de relieve, aunque había estudiado sendos informes de Cristóbal Montoro sobre fraude fiscal, reforma del sistema financiero y reducción de empresas y organismos del sector público. Por anunciar algo, se comunica que el objetivo de recaudación en la lucha contra el fraude en 2012 es menor que la conseguida en 2011, o que se limitará el uso del pago en efectivo para frenar la economía sumergida.
El Gobierno estudia medidas casi copiadas de las propuestas por PSOE, IU o ATTAC, por ejemplo, lo cual no es criticable, pero sí el hecho de que no tenga un plan propio y claro para superar la “excepcionalidad” del momento. Lo más grave sería que Rajoy no hable porque no sepa qué decir.
La empresa editora de Público, Mediapubli, ha solicitado judicialmente la declaración de concurso voluntario de acreedores con el doble objetivo de “salvaguardar de la mejor forma posible los intereses de todas las partes afectadas” y de “procurar la viabilidad futura del proyecto”. Cuando un diario llega al punto de utilizar una herramienta extrema para su supervivencia, también la dirección del mismo debe asumir su responsabilidad. De modo que estas líneas no pretenden ningún tipo de justificación ni tienen un ánimo exculpatorio. Si Público estuviera vendiendo el doble de ejemplares de los que vende o hubiera cumplido el objetivo previsto en ingresos publicitarios, no se hallaría en la gravísima tesitura de suspender pagos temporalmente para intentar sobrevivir.
Las causas concretas importan hoy poco a las 160 familias que ven peligrar sus puestos de trabajo directo o a las decenas de colaboradores y acreedores afectados, como ha ocurrido y ocurre en miles de empresas españolas. Al tratarse de un medio de comunicación, es obligatorio también dar una explicación a los lectores, tanto de la edición en papel como de la digital.
Es obvio que la principal causa de la actual situación tiene su origen en la crisis económica y en sus consecuencias en el ámbito de la comunicación. Público nació a finales de septiembre de 2007, y desde ese año hasta 2011 los ingresos publicitarios en la prensa española han caído un 50%. Tal desequilibrio no se compensa con el mayor logro conseguido en estos cuatro años: un aumento constante de la difusión en papel (más de 87.000 ejemplares diarios según el último control de OJD) y de la audiencia (299.000 lectores según el último EGM, dato que sitúa a Público en cuarta posición entre los diarios de pago de distribución nacional). La edición digital, ‘publico.es’, ronda los cinco millones de usuarios únicos según OJD. Se trataba de intentar situar esta cabecera como una de las referencias de la prensa española, y ese objetivo puede considerarse cumplido, más aún si se tiene en cuenta la caída generalizada en la difusión del resto de los diarios de carácter nacional.
La reducción progresiva de todo tipo de costes, incluidas dos reestructuraciones de personal, o las subidas del precio por ejemplar han permitido contener sensiblemente las pérdidas en los últimos ejercicios, aunque no lo suficiente para compensar la crisis de los ingresos publicitarios. La búsqueda de préstamos financieros en los últimos meses, y hasta el mismo día de ayer, ha resultado infructuosa, pese a que el volumen de la deuda acumulada es mucho menor que el que soportan la mayoría de las cabeceras. Los editores de Público han mantenido su compromiso fundacional de no aceptar anuncios de prostitución ni abordar promociones de productos que no estuvieran vinculados a la línea editorial del diario: cine, libros y documentales han compuesto la oferta principal que acompañaba al periódico el fin de semana.
Tampoco ha sufrido alteraciones la línea editorial con la que Público salió a la calle y saltó a Internet. Quería ser un diario sinceramente progresista, defensor de una España plural y moderna y respetuoso con sus distintas culturas, aspiraciones y lenguas, que sirviera como herramienta de conocimiento y como plataforma de debate de ideas a una izquierda también plural que siempre ha reivindicado la importancia de lo público y la defensa del Estado del bienestar y de las capas más débiles de la sociedad.
Este periódico nunca ha estado al servicio de grupos políticos ni gobiernos. Como muestran sus cuentas auditadas, sólo el 7,5% de los ingresos publicitarios han procedido de las administraciones públicas; un 2,7% de los ingresos totales de este diario, es decir, apenas lo que le corresponde por sus cuotas de difusión y audiencia.
Los problemas que atraviesa Público no derivan, por tanto, del cambio político surgido de las últimas citas electorales; al contrario, desde el punto de vista periodístico, el panorama que se abre para una cabecera como ésta gana aún más interés. Sí merecería una reflexión en los ámbitos de la izquierda (y de la sociedad en general) el evidente desequilibrio en el paisaje mediático, que no refleja en absoluto la realidad sociológica de este país.
Más allá de las durísimas circunstancias económicas, Público ha consolidado un proyecto periodístico y editorial cuyo futuro (en papel, en las tabletas y en las redes sociales) se juega en los próximos días y semanas. La materia prima de este oficio sigue siendo el periodismo, en cuyo ejercicio honesto cometemos errores todos los días. Merece la pena seguir intentando acertar. Lo merecen todos los trabajadores que han construido Público.
Han bastado diez días desde su investidura como presidente del Gobierno para que Mariano Rajoy se tragara uno de los sables fundamentales del ideario del PP: “subir impuestos es un disparate estratosférico”. Eso era antes. Ahora, bajo el tragicómico eufemismo de un “recargo complementario y temporal de solidaridad”, el nuevo Gobierno considera imprescindible subir de inmediato el IRPF a todos los contribuyentes con la justificación de que el déficit público (sobre todo el autonómico) va a ser mayor del previsto. Con las medidas tomadas el viernes, Rajoy ha demostrado que puede incumplir perfectamente una de las pocas promesas claras que hizo durante años desde la oposición, porque lo prioritario para él es atender los “compromisos de España con Europa”. ¿Y cuáles son esos compromisos? El propio Rajoy exigió (con razón) de forma contundente a Zapatero en el Congreso que hiciera pública la carta que el pasado 4 de agosto le remitieron el entonces presidente del BCE y el gobernador del Banco de España con exigencias de una serie de medidas concretas a cambio de ayuda en la crisis de la deuda soberana. ¿A qué espera Rajoy para hacer pública esa carta incluida en el “impecable” traspaso de poderes? Los ciudadanos, como él mismo dijo, tienen todo el derecho a conocerla, no porque esas exigencias justifiquen recortes que hasta ahora se han demostrado inútiles e injustos para salir de la crisis, sino por una simple cuestión de transparencia.
1.- Hacer desde el Gobierno exactamente lo contrario de lo que se defiende estando en la oposición es un fraude a los electores, pero además ahonda en el desprestigio general de la política. Hasta el mismo debate de investidura, Mariano Rajoy aseguró que no subiría los impuestos, en coherencia con la máxima liberal de que “el dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos, no en manos del Estado”. Una de sus primeras medidas es subir el IRPF de forma “temporal y progresiva”. Incrementar los tramos más altos del impuesto sobre la renta no sería una mala idea si la economía no estuviera ya en recesión, como el propio Gobierno admite, o si la medida fuera acompañada de otras que graven las rentas del capital de manera efectiva, que reduzcan el agujero negro del fraude fiscal o las mil formas que usan las grandes fortunas de esquivar a Hacienda. Subir el IRPF sin más no sólo contradice por completo las promesas del PP, sino que además toma el camino fácil e injusto de castigar a los asalariados y a las clases medias, manteniendo como “intocables” a quienes menos han sufrido la crisis.
2.- Cebarse con las capas más débiles es lo que suponen otras medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, como la congelación del salario mínimo, la paralización de la Ley de Dependencia o la supresión de las ayudas para que los jóvenes alquilen una vivienda. De nuevo (como ocurrió en la última etapa del Gobierno socialista) los sacrificios afectan precisamente a quienes más dificultades atraviesan. Menos mal que se mantiene la prórroga semestral de las ayudas de 400 euros a parados que hayan agotado la prestación. Cortarla condenaría a la miseria absoluta a otros 125.000 ciudadanos.
3.- La congelación de los sueldos de los funcionarios significa en realidad otra reducción de los mismos, puesto que sube el IPC y también los impuestos. Además se les amplía por decreto la jornada laboral y se congela la tasa de reposición en las plazas de empleados públicos, todo lo cual equivale no sólo a exprimir más a los funcionarios sino que repercutirá directamente en un aumento del desempleo y en un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos. Adelgazar el Estado sí es coherente con los programas neoliberales, aunque basen las medidas en la falsedad de que el peso del sector público en España es muy superior al del resto de Europa. En realidad, el número de funcionarios, de médicos o de profesores en relación con el volumen de la población a la que sirven está por debajo de la media europea. Como lo está el gasto público por habitante.
4.- En este paquete de medidas no se advierte una política fiscal coherente, por injusta que fuera. Elevar el gravamen para el IRPF no parece consecuente con la pretensión de incentivar el consumo, algo básico para intentar recuperar la economía y el empleo. El propio PP puso el grito en el cielo y Esperanza Aguirre hasta recolectó firmas contra la subida del IVA (una medida que obviamente queda en la recámara para más adelante, puesto que los números no salen respecto al objetivo de reducción del déficit). Tampoco resulta coherente recuperar la desgravación para la compra de vivienda a la vez que se sube el Impuesto de Bienes Inmuebles. Fomentar que alguien adquiera una casa para luego freirlo a impuestos por vivir en ella es como invitar a alguien a comer y obligarle a pagar la cuenta.
5.- La base, justificación o excusa para un tijeretazo calificado como “inevitable” es la estimación de una desviación de dos puntos en el déficit público de 2011. Pasaría del 6% al 8%, diferencia que el Gobierno del PP achaca a la “herencia” recibida de los socialistas, al tiempo que reconoce que el grueso de tal desviación estaría en las comunidades autónomas. Como todo el mundo sabe, desde mayo es el PP quien gobierna en once autonomías. Rajoy calculó en el debate de investidura que cada punto de desviación del déficit supondría “10.000 millones más de ajuste”. A los 16.500 millones anunciados habría por tanto que sumar otros 20.000 para alcanzar el objetivo de déficit comprometido con la UE, con el BCE, con los mercados…
6.- Los recortes de derechos aprobados hoy son graves, pero aún lo es más el anuncio de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría: “es el inicio del inicio” de nuevos “ajustes”. Parece obvio que las medidas más “sangrientas” se guardan para después de las elecciones andaluzas, ya sea para incluirlas en los nuevos Presupuestos o por vía de decretazos amparados en la mayoría absoluta. Si tan claros están los cálculos sobre el déficit, ¿no es otro fraude aplazar las peores noticias con el fin de completar el casi total color azul del mapa de España?
Y 7. Aprobar medidas económicas de tal trascendencia (a las que habría que añadir otras como la reducción de subvenciones a la I+D+I o de los presupuestos de RTVE o RENFE, por no citar la decisión sobre la ubicación del cementerio de residuos nucleares en Cuenca o la eliminación del cánon digital) exigía la comparecencia del propio presidente Mariano Rajoy. Ha preferido escenificar el calado del asunto rodeando a la vicepresidenta de tres ministros. Pero si no consideraba hoy necesario dar la cara, mejor no imaginar para qué medidas reserva Rajoy su comparecencia directa.
Mariano Rajoy tomó ayer posesión como nuevo presidente y hoy lo hacen los nueve hombres y cuatro mujeres que forman su primer Gobierno tras la victoria contundente del PP en las elecciones generales. Ha llegado su hora. Ya tiene la llave de la Moncloa y los códigos secretos. En el lenguaje del espectáculo, “pista al artista”. Que empiece la función. Los carteles distribuidos antes del estreno apenas dibujaban el argumento de la obra (mucha austeridad, durísimos recortes del gasto público, reforma laboral, enésimo saneamiento del sistema financiero…), y hasta la misma tarde de ayer se desconocía el reparto principal. Comparte el estrellato con Rajoy su más estrecha colaboradora, Soraya Sáenz de Santamaría, en la vicepresidencia (única). En un papel secundario pero con mando en política económica aparecen Luis de Guindos (ex Lehman Brothers) al frente de Economía, Cristóbal Montoro en Hacienda y J. M. García Margallo en Exteriores con voz en Europa. Rajoy se reserva la presidencia de la comisión delegada para asuntos económicos. A partir del primer Consejo de Ministros de mañana se irá desvelando en dos fases (antes y después de las elecciones andaluzas) cada escena de una obra dramática cuyos guionistas sí eran ya conocidos por el gran público: Merkel y el BCE, los mismos autores de una función mantenida en cartelera desde mayo de 2010 hasta el 20 de noviembre, cuando el anterior reparto fue sacado a tomatazos del escenario.
Tantas veces se ha descrito a sí mismo como un político “previsible”, que rayaría el cinismo criticar ahora a Mariano Rajoy por no sorprender en su investidura. Repitió el mantra del compromiso con el objetivo de déficit marcado por Bruselas y el BCE, y sobre ese eje descansan las medidas más “urgentes” de su programa de gobierno, quizás sólo condicionadas por la fecha de las elecciones andaluzas, que podría retrasar algunas de las decisiones más indigestas. Rajoy anunció un ajuste en el gasto público de 16.500 millones de euros, cifra que podría aumentar si se supera la previsión de déficit para 2011. ¿Dónde meterá la tijera? En todas las partidas, excepto en pensiones, cuyo compromiso de actualización a 1 de enero también confirmó. Dio prioridad a la reforma laboral y al saneamiento del sistema financiero, sin despejar tampoco las dudas sobre la política fiscal, la negociación colectiva o los minijobs. Por fin ha descubierto Rajoy que el carácter de esta crisis es global y la solución a la misma también. Soltó la liebre de eliminar festivos entre semana para entretenimiento colectivo o como un guiño hacia Merkel, pese a que en España se trabaja más horas que en Alemania. Lanzó el compromiso de “estimular el crecimiento y crear empleo”, pero confió ese objetivo a recetas tan conocidas como fracasadas: reducir la inversión pública y facilitar el despido produce exactamente los efectos contrarios. “Al pan, pan, y al vino, vino”, proclamó Rajoy. (Y al paro, quizás, más paro).
Es cierto que la CEOE ha experimentado un cambio galáctico en su cartel y en sus formas con la sustitución de Gerardo Díaz Ferrán por Juan Rosell. Lo del primero era de juzgado de guardia (literalmente); lo del segundo es otra cosa. No mancha la credibilidad de la patronal por negocios personales altamente sospechosos.
Rosell dedica todas las horas del día a proponer, sugerir y alentar todo tipo de medidas preocupantes para los trabajadores. Siempre con la venerable excusa de luchar contra el paro y ayudar a los sufridos empresarios a crear empleo. Después de poner sobre la mesa una versión castiza de los minijobs, acaba de plantear a las claras que a su juicio sobran nada menos que 900.000 puestos en las administraciones públicas.
Aparte de que sorprenda la fórmula de reducir el paro a base de despedir gente, el asunto va muy en serio, porque sintoniza con el eje del discurso que interesa al poder financiero: el sector público es excesivo, ineficaz, derrochador… un lastre que hay que recortar en beneficio de esa forma supuestamente razonable, eficaz y austera de hacer negocios que caracteriza al sector privado.
Todos los estudios basados en datos oficiales de Eurostat analizados por la Organización Internacional del Trabajo o la OCDE indican que el número de funcionarios, el peso del sector público, el coste salarial del mismo y el gasto público por habitante en España están por debajo de la media de la UE-15. Pero no importa. La patronal va a lo suyo. Y cuela.
